El mapa de femicidios de Ecuador toma otro matiz. Este reporte, realizado por la Alianza Feminista para el registro de femicidios que une a organizaciones de la sociedad civil, recopiló 122 muertes violentas contra mujeres por razones de género, de enero a abril del 2023.

Es una cifra elevada que ahora está teñida por el impacto de los sistemas criminales. El análisis no solo incluyó femicidios en contextos más íntimos o familiares y los transfemicidios, sino también la incidencia de la violencia social.

Del total registrado, 64 femicidios ocurrieron en contextos criminales. Son víctimas de la pugna entre bandas delictivas, de sicariatos y venganzas por casos de narcodelincuencia.

“Todas las muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas como femicidios”, dice Geraldina Guerra, activista y representante de Fundación Aldea, que es parte de la Alianza Feminista.

Hay un aumento de femicidios en Ecuador. Ese es, quizá, el único dato que concuerda entre la información levantada desde distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

El resto de estadísticas puede resultar diferente, por el enfoque que se da a los casos. Por ejemplo, la herramienta digital de la Función Judicial reporta 44 femicidios entre enero y mayo del 2023. Y segmenta otros 175 casos como muertes violentas; 159 de ellos han sido tipificados como asesinatos.

“Las muertes violentas contra mujeres son asesinatos, homicidios, violación con muerte, robo con muerte, sicariato, secuestro con muerte”, explica el portal.  

Para los grupos feministas esta separación no coincide del todo con el Protocolo Nacional para Investigar Femicidios. Además aseguran que diluye el real impacto y el alarmante incremento de este delito por razones de género.

“Hay muchos casos que les ponen sicariato, que es otro delito -dice Guerra-. Pero los que perpetran los sicariatos son contratados por parejas o exparejas. No hay una voluntad real del sistema de justicia de nombrar lo que se tiene que nombrar”.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos maneja otra fuente de datos sobre femicidios. El reporte de mayo del 2023 contabilizó 42 casos, el doble de todo el 2022 en apenas cuatro meses y medio.

Esta entidad suma en otro segmento 155 casos de muertes violentas. Son asesinatos, homicidios y sicariatos contra mujeres y niñas.

Pero la división por edades llama la atención. El 62% de las víctimas de femicidio tenía entre 15 y 34 años de edad, según el reporte de este ministerio. Luego siguen las mujeres de 35 a 44 años, con el 23%.

Al perfil se suma la etnia. Las mujeres mestizas concentran el 85%, mientras que en un 12% las víctimas eran afroecuatorianas, indígenas, montubias y mulatas.

Según el análisis de la Alianza Feminista, las mujeres que viven en sectores populares  y rurales de provincias como Guayas son las más vulnerables. Son zonas asediadas por la violencia criminal.

La investigación Femicidios en Ecuador, publicada en 2022, analiza los nuevos contextos para entender estos delitos. La delincuencia organizada es uno de los elementos que se incorporó.

“En territorios controlados por la delincuencia organizada, las mujeres están en relaciones afectivas o de otra índole con hombres armados porque son sus cónyuges, hijas o familiares (…), o porque están controladas y sometidas a las pandillas”, cita el estudio.

Según los investigadores, en estos contextos los cuerpos de las mujeres son “utilizados como botines de guerra, como objetos de disputa entre bandas criminales armadas”.  

Las organizaciones de la sociedad civil contabilizan 122 muertes violentas contra mujeres por razones de género, de enero a abril del 2023. La violencia de las bandas delictivas acorrala a las mujeres. Cortesía: Movimiento de Mujeres de El Oro.

Blanca murió de regreso a su casa, en el cantón Pasaje (El Oro). Ocurrió en el 2015 y fue la única víctima de un siniestro de tránsito; otras tres personas que iban en el vehículo, entre ellas su pareja, sobrevivieron.

El caso ha sido visibilizado por el Movimiento de Mujeres de El Oro. La investigación detectó la presunta falsificación de su firma y el cobro de un seguro por parte de pareja. Pese a que las pruebas configuran un femicidio, el caso sigue estancado.

El proceso ha tenido más de 60 suspensiones. Se dilató tanto que el padre de Blanca murió sin tener una resolución.

Para la abogada Yolanda Vera, defensora de estos casos, la lenta justicia solo ahonda el dolor de las familias. “Y la situación es aún más grave en las zonas rurales, donde los femicidios están invisibilizados por la falta de autoridades para hacer las denuncias”.