El presidente Guillermo Lasso ha decretado un estado de excepción que durará 60 días en respuesta al incremento de la actividad criminal a nivel nacional, particularmente tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este estado de excepción contempla varias medidas, entre las que se incluyen:

- Movilización de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional para apoyar a la Policía en tareas de seguridad.

- Autorización a la Policía y Fuerzas Armadas para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público y seguridad ciudadana.

- Limitación del derecho a la libertad de reunión, permitiendo a la fuerza pública impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que representen amenazas al orden público.

- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, permitiendo inspecciones y requisas en busca de armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización.

- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia.

- Facultad a la Policía para realizar requisiciones necesarias.

- Obligación a los gobiernos locales de apoyar y coordinar acciones para garantizar la seguridad ciudadana.

El decreto también menciona una serie de hechos violentos atribuidos a grupos de delincuencia organizada, incluyendo el atentado contra el alcalde de Durán y los asesinatos del alcalde de Manta y un candidato a asambleísta de Esmeraldas. A pesar de la situación, el presidente Lasso y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, han confirmado que las elecciones extraordinarias se llevarán a cabo como estaba previsto el 20 de agosto. Adicionalmente, se ha declarado duelo nacional por tres días en memoria de Fernando Villavicencio.