Desde la intervención de las fuerzas armadas en la cárcel de Cotopaxi el pasado 14 de enero de 2024, una serie de hallazgos han sacado a la luz profundas anomalías en la gestión del centro penitenciario. Un reciente reportaje televisivo destapó que los cabecillas del grupo terrorista ‘Los Lobos’ tenían la capacidad de asignar "a dedo" la ubicación de los presos dentro del recinto, afectando a un total de 4.300 reclusos, de los cuales 855 son considerados de alta peligrosidad.

Contrario a lo esperado, estos individuos de alta peligrosidad fueron encontrados en áreas de mínima seguridad, donde disponen de espacios más amplios. En estas zonas de supuesta baja seguridad, los militares también descubrieron la presencia de galleras. Además, se reportó que los guías penitenciarios fueron desplazados de las 22 áreas de control, y que los internos habían destruido los equipos de control instalados en la inauguración de la prisión.

El estado de la infraestructura y servicios básicos es alarmante, con un 80% del centro sin electricidad debido a la destrucción intencionada de las instalaciones. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aparentemente había perdido el control total del recinto, como lo afirmó un militar en declaraciones recientes.

En los últimos días, los militares descubrieron un túnel de seis metros de profundidad bajo el baño de una de las oficinas del SNAI. Este túnel, que se cree podría haber sido utilizado como escondite de armas o para una posible fuga, es una muestra más de la complejidad y gravedad de la situación dentro de la cárcel.

Además, se ha informado sobre la destrucción de más de 300 botellas de licor de marcas reconocidas, lo que sugiere la existencia de una red de contrabando y consumo ilegal dentro de las instalaciones.

Este cúmulo de irregularidades ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una reforma en el sistema penitenciario, y cuestiona la eficacia de las medidas de seguridad actuales para manejar adecuadamente la población carcelaria y prevenir la corrupción y el crimen organizado desde dentro de las prisiones.