El Gobierno de Ecuador ha puesto todas sus esperanzas en la consulta popular y referendo constitucional programado para el 21 de abril como una solución duradera a los problemas de seguridad en el país. Esto ocurre en medio del fin próximo del estado de excepción, que fue decretado el 8 de enero de 2024 y llegará a su conclusión el próximo 8 de abril.

Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del Gobierno, enfatizó que la consulta es vista como la única forma de abordar de manera permanente y continua la situación de inseguridad en Ecuador. Aseguró que muchas de las preguntas planteadas en la consulta están directamente relacionadas con la delincuencia organizada, lo que refleja el propósito general de establecer mecanismos sostenibles para combatir este problema.

Aunque el Gobierno ha reconocido un aumento en la violencia en las últimas semanas, atribuye estos actos a intentos de "desestabilización". Señalan que, si bien los índices de violencia habían disminuido, recientemente se ha observado un repunte coincidente con el inicio de la campaña.

A pesar de la confianza en la consulta, el Gobierno aún no ha detallado cuáles serán las estrategias específicas una vez que concluya el estado de excepción. Sin embargo, están explorando otras medidas jurídicas para mantener la lucha contra la delincuencia.