La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), empresa estatal de telecomunicaciones en Ecuador, ha solicitado a la Corte Constitucional que declare error inexcusable en las sentencias que permitieron que más de 3.000 funcionarios públicos pasen a formar parte del contrato colectivo de la empresa. Esta solicitud surge después de que en 2022 un juez de Rocafuerte, Manabí, otorgara una acción de protección a favor del sindicato de CNT, permitiendo la incorporación de estos trabajadores al contrato colectivo.

Inicialmente, en marzo de 2022, el juez Luis Iván Tuquerres falló a favor del sindicato, una decisión que fue ratificada en junio del mismo año por otra corte en Manabí. Esta acción permitió que empleados que estaban bajo el régimen de la Ley de Empresas Públicas fueran incluidos en el contrato colectivo, el cual tradicionalmente solo cubre a los obreros.

El 1 de julio de 2024, CNT presentó ante la Corte Constitucional la solicitud de declaración de error inexcusable contra los jueces que permitieron esta incorporación. Según CNT, la inclusión de estos funcionarios en el contrato colectivo ha alterado significativamente su estructura laboral. En mayo de 2022, antes del fallo, CNT contaba con 1.835 trabajadores bajo contrato colectivo y 4.719 fuera de él. Para finales de 2022, la cifra de trabajadores bajo el contrato colectivo ascendió a 5.659, dejando solo a 1.400 bajo la Ley de Empresas Públicas.

La Corte Constitucional está revisando el caso desde marzo de 2023, argumentando que la medida tomada por los jueces de instancia pudo haber desnaturalizado la acción de protección. El abogado constitucionalista Aldrin Gómez explicó que, si la Corte determina que los jueces actuaron inapropiadamente, podría emitir una nueva sentencia rechazando la acción de protección, lo cual dejaría sin beneficios a los trabajadores recientemente incorporados al contrato colectivo.

CNT ha manifestado su preocupación por los costos asociados a estos cambios contractuales, indicando que no posee los recursos necesarios para pagar los beneficios adicionales que estos nuevos contratos implican. La empresa argumenta que sus gastos en sueldos ascienden a aproximadamente USD 92,2 millones al año, sin incluir horas extras ni beneficios contractuales adicionales.

La decisión de la Corte Constitucional será determinante para el futuro laboral de miles de empleados de CNT y para la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.