El prefecto de Los Ríos, Jhonny Terán, ha lanzado una dura crítica al Gobierno Nacional por la falta de una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado en su provincia. En una entrevista con Teleamazonas, Terán expresó su preocupación por la creciente violencia y el impacto que esta tiene en los ciudadanos comunes.

Terán recordó que en enero de 2024 se incautaron 22 toneladas de cocaína en Los Ríos, lo que evidencia la magnitud del problema. Sin embargo, aseguró que la provincia sigue "abandonada a su suerte" y que las medidas actuales no son suficientes para frenar el crimen.

"Queremos que el Gobierno Nacional dé a Los Ríos la misma importancia que le han dado a Manabí, Esmeraldas y El Oro", subrayó Terán. Según el prefecto, las muertes violentas en Los Ríos superaron las 1.000 en 2023 y, en lo que va de 2024, han aumentado un 10%.

Terán señaló que, a diferencia de antes, cuando las bandas criminales se enfrentaban entre sí, ahora las víctimas son principalmente ciudadanos, empresarios y comerciantes que se niegan a ser extorsionados. "Antes se mataban entre bandas, ahora quienes mueren son en su mayoría ciudadanos", lamentó Terán.

Además, el prefecto destacó la falta de uniformados en la provincia. Aunque reconoció el trabajo de los militares, indicó que son pocos y que, aunque se envían refuerzos en situaciones críticas, estos son retirados posteriormente. Esta declaración contradice el reciente estado de excepción que incluye a Los Ríos y que supuestamente debería implicar un aumento permanente de fuerzas de seguridad.

Terán también ofreció una explicación sobre por qué las extorsiones y secuestros han crecido en Los Ríos. "La provincia, al aglutinar la producción de cacao, maíz o banano, es un 'mercado atractivo' para los delincuentes", afirmó. Según Terán, incluso los pequeños finqueros se han convertido en objetivos ideales para los extorsionadores.

Finalmente, Terán hizo un llamado al Gobierno y a las Fuerzas Armadas para que brinden más apoyo y recursos a Los Ríos, con el fin de mejorar la seguridad y proteger a los ciudadanos de la violencia y el crimen organizado.