La directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Patricia V., junto con otros seis implicados, ha sido llamada a juicio por su presunta participación en una red de corrupción. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó más de doscientos veinte elementos de convicción relacionados con la comisión del delito de asociación ilícita.

La investigación ha evidenciado la participación de un servidor de Fiscalía, funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi y personas particulares en una red de corrupción dedicada a realizar tráfico de influencias en procesos judiciales y en la contratación de personal para la función judicial de Cotopaxi, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a terceros.

Entre los involucrados se encuentran Patricia V., directora a la fecha de los hechos; Liliana M. y Washington S., exfuncionarios judiciales de la provincia; Fanny C., amiga de la directora y supuesta intermediaria; el abogado y primo de Patricia V., Cristian V.; Klever Y., exfuncionario de la Fiscalía de Cotopaxi, y Marcelo G., funcionario judicial del área de talento humano.

El 14 de noviembre de 2023, cinco de los encausados fueron detenidos durante el operativo "Lex", en el que se realizaron treinta y un allanamientos en propiedades de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Entre los lugares intervenidos se encuentran la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi, donde se hallaron evidencias como dinero en efectivo, celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico y armas de fuego.

El caso tomó impulso cuando, el 15 de noviembre de 2023, el fiscal del caso formuló cargos contra cinco personas por presunto tráfico de influencias. Con nuevos elementos, la Fiscalía reformuló los cargos por asociación ilícita para tráfico de influencias el 23 de febrero de 2024. Desde el 4 de marzo de 2024, Marcelo G., Liliana M., y Cristian V. están vinculados al caso.

La investigación de este expediente comenzó el 22 de febrero de 2023, tras una denuncia presentada en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado. El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y conlleva una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.