El gobierno de Daniel Noboa incrementó impuestos como el de Salida de Divisas (ISD) y al Valor Agregado (IVA), además de crear nuevos impuestos temporales para bancos, cooperativas y empresas. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para reducir los atrasos con proveedores, gobiernos locales y la seguridad social.

A pesar de recibir un crédito de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2024, de los cuales USD 450 millones se destinaron a pagar préstamos y laudos, la cuenta de pagos atrasados sigue en aumento. Hasta julio de 2024, el Gobierno Central acumula atrasos por USD 1.535 millones, reflejando una grave falta de liquidez para sostener el gasto público.

El Presupuesto General del Estado contemplaba un gasto de USD 13.782 millones entre enero y julio de 2024, pero solo se han pagado USD 12.247 millones. Esta situación se ha agravado desde la administración anterior de Guillermo Lasso, quien dejó una deuda de USD 5.000 millones en atrasos en noviembre de 2023.

La situación de liquidez es tan grave que el gobierno tuvo que recurrir a una operación de emergencia y tomar recursos prestados del banco público CFN para pagar los sueldos de los funcionarios públicos en diciembre de 2023.

El nuevo acuerdo de crédito con el FMI, firmado el 31 de mayo de 2024, incluye un compromiso de reducir los atrasos en el Presupuesto del Estado. Sin embargo, los resultados de estas medidas se empezarían a ver recién a finales de año. 

El mayor atraso del Gobierno corresponde al aporte del 40% a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Entre enero y julio, el Gobierno Central debió transferir USD 1.412 millones al IESS, pero solo ha desembolsado USD 862,3 millones. Esta deuda se suma a una histórica deuda por atenciones de salud que supera los USD 5.000 millones y data de 2001.

Los atrasos también afectan las asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que incluyen alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Entre enero y julio de 2024, los gobiernos locales debían recibir USD 1.687 millones, pero solo recibieron USD 1.314 millones, quedando pendientes USD 373 millones.

Además, los proveedores del Estado también enfrentan crecientes atrasos. El gobierno debió pagar USD 849 millones por bienes y servicios de consumo entre enero y junio, pero solo ha pagado USD 577 millones, acumulando atrasos por USD 272 millones.

En este contexto, el representante de un grupo de 100 pequeños y medianos proveedores del Estado, Marco Leguísamo, señala que los atrasos en gastos de obra pública suman USD 6,7 millones entre enero y julio de 2024.

La falta de liquidez del gobierno para pagar a sus proveedores y al IESS crea un problema grave en la cadena de pagos, afectando el ritmo de la economía y provocando que empresas privadas dejen de pagar sueldos o deudas bancarias.