Nota: En Ecuador, aproximadamente 723.522 personas de 65 años y más se mantienen activas en el mercado laboral, representando el 8,7% del total de la población empleada en el país. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de julio de 2024, la tasa de participación laboral de este grupo etario se ubicó en el 38%, evidenciando que cuatro de cada diez adultos mayores están trabajando o buscando empleo.

La precariedad laboral afecta de manera significativa a este sector de la población, ya que el 81% de los adultos mayores empleados se encuentra en la informalidad. Este tipo de empleo carece de garantías como afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), salarios dignos, vacaciones pagadas y otros beneficios laborales esenciales. De hecho, solo el 3,2% de los adultos mayores que trabajan en el sector informal cuentan con afiliación al IESS.

Las ciudades con mayor concentración de adultos mayores en la informalidad son Quito, con 14.128 personas, y Machala, con 5.109 personas empleadas bajo estas condiciones hasta junio de 2024. Les siguen Ambato y Cuenca, mientras que Guayaquil registra el menor número con 2.177 adultos mayores en empleos informales.

Sectorialmente, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca absorben al 67% de los trabajadores mayores de 65 años, de los cuales el 95% opera en la informalidad. Otros sectores relevantes incluyen servicios, turismo, manufactura y construcción, aunque con porcentajes significativamente menores.

En cuanto a ingresos, los adultos mayores perciben un promedio mensual de USD 256,6, cifra que está por debajo del salario básico unificado de USD 460 y del ingreso laboral promedio nacional de USD 451,4. Este ingreso promedio también representa una disminución de USD 52,3 en comparación con el mes anterior.

La tasa de empleo adecuado para este grupo se sitúa en apenas 12,7%, indicando que solo una pequeña fracción de los adultos mayores cuenta con condiciones laborales justas y remuneraciones acordes al salario básico.

Estos datos reflejan la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones laborales dignas para los adultos mayores y que fortalezcan los sistemas de pensiones y seguridad social, permitiendo que este segmento de la población pueda acceder a una jubilación digna y sostenible.