El Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante y paramilitar de Colombia, ha sido ampliamente señalado por sus devastadores crímenes ambientales en el Bajo Atrato y la selva del Darién. Aprovechando el escenario de la COP16, donde se discutieron temas de biodiversidad, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) denunciaron que el grupo ha contaminado ríos, talado bosques y afectado gravemente el equilibrio ecológico de la región. La respuesta del Clan fue una serie de comunicados desmintiendo las acusaciones y posicionándose como defensores del medio ambiente.

Los expertos consideran que este intento por lavarse la cara responde a una estrategia para ganar relevancia en las mesas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, que mantiene cautela frente a los reclamos de legitimidad política del Clan. Mientras tanto, instituciones y ONG continúan exponiendo los daños ambientales y sociales causados por esta organización, dejando en claro el impacto de sus actividades ilegales en uno de los ecosistemas más ricos de Colombia.