Ante retrasos en la instalación de generadores eléctricos adquiridos en la primera ronda de licitaciones, el Gobierno implementó cambios en los nuevos contratos para salvaguardar los recursos públicos. Según la ministra de Energía (e), Inés Manzano, los acuerdos iniciales contenían condiciones "leoninas" para el Estado, permitiendo pagos del 70% sin que los equipos estuvieran en el país.

En la primera ronda, se adjudicaron 341 MW por USD 352,1 millones, pero solo 100 MW están operativos mediante una barcaza. Los restantes 241 MW, contratados con las empresas Progen y Austral, presentan retrasos significativos.

Los nuevos contratos reducen los anticipos al 40%, incrementan las multas por incumplimientos al 5%, y exigen mayores garantías y requisitos para los pagos. Además, se establecen plazos más cortos para notificar casos de fuerza mayor.

Estos ajustes buscan asegurar la provisión de energía ante la crisis que ha obligado a aplicar cortes programados en el país.