El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos y firmó una orden ejecutiva titulada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”. Este decreto redefine la interpretación de la Enmienda 14, afectando a millones de migrantes que buscan la ciudadanía por nacimiento.

Según la nueva normativa, no serán elegibles los hijos de personas que se hallen en el país sin estatus migratorio legal o con visas temporales, salvo que alguno de los progenitores sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Críticos señalan que la medida viola principios constitucionales establecidos desde 1868 y podría desencadenar batallas legales masivas en cortes federales.

Además, organizaciones proinmigrantes advierten que miles de familias quedarían en un limbo jurídico, sin protección ni acceso a beneficios sociales. La administración Trump afirma que su objetivo es “mantener la seguridad nacional”, argumentando que el derecho automático por nacimiento facilita el ingreso de personas sin vínculos reales con el país.

La orden ejecutiva entrará en vigor treinta días después de su publicación, otorgando ese plazo a agencias federales para emitir directrices. Mientras tanto, miles de familias latinoamericanas y de otras regiones observan con preocupación el futuro de sus hijos nacidos en suelo estadounidense.