Roberto Romero von Buchwald, quien ha sido impedido de asumir su posición como Superintendente de Bancos por acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha presentado una solicitud a la Corte Constitucional para la destitución de cuatro de sus vocales. Estos consejeros son acusados de ignorar una sentencia constitucional que ratificaba la designación de Romero, realizada durante el mandato de Rafael Noboa, pero obstruida por la designación paralela de Raúl González para el periodo 2022-2027.

El conflicto surgió cuando el CPCCS, en una decisión que Romero califica de maniobra política, nombró a González, desoyendo el proceso de nombramiento de Romero que ya estaba en curso y aprobado por anteriores resoluciones. Según Romero, esta acción del CPCCS no solo ignora la decisión de la corte, sino que además infringe directamente la constitución al alterar los periodos de gestión establecidos para el cargo de Superintendente.

La controversia ha escalado a niveles judiciales y administrativos, llevando a Romero a acusar a los miembros del CPCCS de "usurpación y simulación de funciones públicas", en una denuncia que también ha resultado en el allanamiento de las oficinas del Consejo por parte de la Fiscalía. Este caso pone en relieve las tensiones entre el poder ejecutivo y órganos autónomos, además de suscitar un debate sobre la interpretación y aplicación de las decisiones constitucionales en el país.