Culturales y sociales

Los asambleístas Jhajaira Urresta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y Peter Calo del bloque Pachakutik-Rebelde, volvieron a presentar la solicitud de juicio político en contra de ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, por supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de junio pasado y el incremento de la inseguridad ciudadana.

La nueva solicitud fue presentada el 9 de agosto a las 18:42 con el apoyo de 48 firmas, y lo hicieron un día después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por inconvenientes técnicos, dejó sin efecto la calificación del pedido de interpelación a Carrillo, efectuada el pasado 5 de agosto.

El juicio en contra de Carrillo, según el expediente que pasará a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional y posteriormente al CAL, busca demostrar la responsabilidad política del Ministerio del Interior  por las acciones, omisiones y por la mala aplicación de los protocolos y estándares internacionales en el uso progresivo de la fuerza durante el paro nacional de junio de 2022, lo cual a causado consecuencias y lesiones a los Derechos Humanos.

Los hechos que serán objeto de análisis dentro de este juicio político, si es calificado por el Consejo de Administración Legislativa, toman como referencia la movilización social que se registró en el país entre el 13 y 30 de junio de 2022, como un ejercicio al derecho a la resistencia y la protesta social, y también las atribuciones del Ministerio del Interior para aplicar políticas públicas para la seguridad ciudadana.

Son cuatro las acusaciones o causales planteadas en el proceso de juicio:

• Incumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 3 letra b y t, del Decreto Ejecutivo No. 381 precautelar en el ámbito de su competencia, los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos ratificados por el país, además, garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos dispuestos por la Constitución y en los convenios vigentes, es decir, aseguramiento del respeto y l vigencia de los derechos humanos.
• Incumplimiento de la Función Establecida en el artículo 3 letra a del Decreto Ejecutivo No. 381, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes y reglamentos relacionados al ámbito de la seguridad ciudadana.
• Inadecuado control de la actuación de la Policía Nacional.
• Incumplimiento a la funciones atribuidas para garantizar la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana, y expedir, dirigir, evaluar la gestión de la Policía Nacional.

El proceso de movilización liderado por las organizaciones indígenas, sociales y de la sociedad civil tuvo diez demandas, y frente a ello, el Gobierno aseguró su apertura al diálogo, pero según los acusadores, paralelamente  se llevó a cabo acciones de represión, dispersión y limitación del ejercicio de los derechos en el espacio público.

Que el Presidente de la República declaró, derogó y dispuso la terminación de los estados de excepción en varias provincias del país, pero que el ministro acusado dispuso tanto el despliegue como acciones ilegales desproporcionadas e innecesarias en contra de la población civil manifestante y otros grupos de atención prioritaria.  Todo ello en menoscabo a los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas en el contexto de protesta social.

En el expediente de juicio se incluye el informe de Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por alrededor de 15 organizaciones sociales de derechos, donde se señala que desde el 13 al 29 de junio, se registraron 6 personas fallecidas, 77 vulneraciones a los Derechos Humanos, 155 detenciones y 335 personas heridas. En el documento se añade el listado de las víctimas.

Que las vulneraciones a los Derechos Humanos incluyeron amenazas de represión, amenazas de criminalización, represión policial y militar contra estudiantes, indígenas, comuneros, activistas, feministas, abogados y defensores de derechos, periodistas, adultos mayores, niñas y niñas; además, detenciones ilegales, asesinato resultado de disparos a órganos vitales de manifestantes.

La acusación se enfoca en que el Ministerio del Interior tiene la tarea de velar por la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral, emprender y ejecutar una serie de política, estrategias y articular acciones,  pero no hay evidencia de que  existan avances en la prevención y combate a la criminalidad y la violencia, la transformación de la Policía Nacional.

Como pruebas en esta parte de juicio se agregan publicaciones realizadas en medios de comunicación donde se puede apreciar el incremento de la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, los interpelantes concluyen que existe una falta de aplicación de políticas públicas adecuadas para la seguridad ciudadana.

Fuente: El Universo.