Culturales y sociales

La crisis por la que atraviesa el sector público de salud también impacta en las clínicas y hospitales privados. Uno de los principales problemas es que los establecimientos que han prestado servicios al Estado acarrean deudas enormes y de larga data.

Así lo asegura la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), que agrupa a 66 clínicas y hospitales privados del país.

Su directora ejecutiva, Ana Delgado, dijo en una entrevista con Primicias, que el nombramiento de José Ruales como ministro de Salud es visto con buenos ojos por las clínicas privadas, “por su experiencia en salud pública y porque conoce de cerca la realidad de los prestadores de servicios de salud”.

El comunicado, a través del cual la Vicepresidencia de la República informó sobre esa disposición presidencial, asegura que “hay disponibilidad de recursos” para pagar a los hospitales y clínicas privados y evitar que cientos de pacientes se queden sin atención médica.

¿Cuál es la deuda que mantienen el IESS y el Ministerio de Salud con las clínicas y hospitales privados?

A. Los cálculos que puedo hacer hablan de que la deuda bordea los USD 400 millones. Unos USD 285 millones provienen del IESS y USD 115 millones del Ministerio de Salud.

Aunque el número de atenciones ha bajado en los últimos meses, la deuda sigue creciendo. En enero de 2022, la deuda era de USD 317 millones y en marzo llegó a USD a unos 380 millones.

Esto ocurre porque los pagos de las instituciones no van al mismo ritmo que las atenciones, sobre todo los relacionados con el IESS.

¿Cuánto han pagado las dos entidades?

A. Estamos consolidando la información de los últimos meses. Pero conozco que el IESS ha pagado muy poco. El Ministerio de Salud, en cambio, ha hecho pagos importantes, el último fue el 30 de junio de 2022, cuando desembolsó USD 20 millones.

Eso ayudó a que clínicas que estaban a punto de dejar de recibir pacientes se mantengan como prestadores de servicios del Ministerio de Salud.

Es el caso de una clínica de Quito que atiende a niños recién nacidos que necesitan cuidados intensivos. Es un servicio con muy poca oferta en el país y, por la falta de pagos, estaba a punto de abandonar el acuerdo. Ese pago nos dio un respiro a todos.

¿Han tenido acercamientos con el IESS para saber cuándo les pagará?

A. Sabemos que el Estado le pagó al IESS USD 140 millones y que ese monto será destinado al pago de los prestadores de servicios. Esperamos que sea así para que no existan problemas con las derivaciones.

El 11 de julio, el Gobierno dispuso que el IESS y el Ministerio de Salud paguen sus deudas con los prestadores externos.

Ese mensaje nos da mucha tranquilidad porque un mensaje enviado por el Presidente de la República tiene mucho peso.

En estos días nos reuniremos con el ministro de Salud, José Ruales, para hablar sobre la deuda, las posibles metodologías de pago y para hablar sobre el sistema de salud en general.

¿Qué temas tratarán?

A. Entre los puntos importantes está la necesidad de que el Plan Decenal de Salud se operativice y que se efectivice la asignación de recursos para el sector de la salud y el cambio de modelo de atención para pasar de un modelo curativo a uno preventivo.

A estos puntos se suman el trabajo multisectorial que debe liderar el sector de la salud para combatir los problemas que hay en esta área, como la desnutrición infantil.

Es necesario que el sistema de salud actúe de forma integrada para resolver sus problemas estructurales.

¿Cuántas clínicas han dejado de recibir pacientes del sector público?

A. Tenemos contabilizadas 11 clínicas que dejaron de recibir pacientes del IESS y solo los atienden cuando se trata de emergencias, como lo determina la ley.

Uno de los problemas que se han generado es que estas clínicas ya no quieren firmar convenios con el IESS porque tienen miedo de no recibir sus pagos o de recibirlos de forma tardía.

La falta de pagos complica la atención de calidad a los mismos pacientes.

¿Qué hará la Asociación para que se concreten los pagos?

A. Vamos a reunirnos con el Ministro de Salud para darle a conocer nuestra postura y conocer la suya. Mientras que con el IESS esperamos que se concrete el pago de los USD 140 millones para los prestadores externos.

Paralelamente, queremos tener reuniones periódicas con las autoridades del IESS para buscar una salida al tema de la deuda. Estamos a la espera de que nos confirmen la primera reunión con el presidente del Consejo Directivo para saber el rumbo que tendremos.

¿Cómo toma la Achpe el nombramiento de José Ruales como nuevo ministro?

A. Para nosotros es un nombramiento que produce mucha expectativa y esperanza. José Ruales entiende nuestra situación. Cuando ejerció el cargo de Viceministro de Salud trabajamos directamente con él y ha tratado de que el ministerio cumpla con sus obligaciones.

Es un médico con mucha experiencia que, confiamos, hará un buen trabajo porque ha estado muchos años en el ministerio y en otras entidades del sector como el Municipio de Quito y el IESS. Se trata de un médico que conoce mucho acerca de salud pública por su formación académica. Esas son cartas que lo avalan para ejercer el cargo de Ministro.

Fuente: Primicias. 

La más reciente muerte violenta fue la de un taxista en Arenillas, provincia de El Oro. La Policía capturó a los dos presuntos sicarios. Según Giovanni Ponce, el problema es integral y deben involucrarse otras instituciones.

Giovanni Ponce, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, se refirió a los más de 2.000 asesinatos en el primer semestre de 2022. En el mismo periodo de 2021, se registraron 1.040.

El directivo policial informó que el 54% de estas muertes violentas está relacionado con el microtráfico, y el rango etario del 56% de los casos es de entre 20 y 34 años.

En entrevista con Ecuavisa, Ponce recordó que los asesinatos y la inseguridad en general son un problema integral, que involucra el trabajo de varias instituciones, no solo de la Policía.

“Necesitamos más capacitación y tecnología para hacerle frente a la inseguridad“, reconoció.

De allí que espera que se incremente el apoyo en equipamiento, capacitación, tecnología e intercambio de conocimientos de Estados Unidos, Gran Bretaña, España y otros países, como parte de la cooperación internacional.

El más reciente de los asesinatos ocurrió en Arenillas, provincia de El Oro. Dos sicarios en moto mataron a un taxista.

Tras una intensa persecución, la Policía capturó a los dos implicados. En lo que va de 2022, se registran 148 muertes violentas en esa provincia del sur del país. Allí se disputan territorio Los Choneros y Los Lobos.

Fuente: Primicias.

En un país dolarizado como Ecuador, los ingresos de divisas o liquidez en la economía solo se pueden dar por tres vías: exportaciones, remesas y endeudamiento.

En el caso de las remesas,, los envíos están en franca caída por la recesión mundial. Por su parte, las fuentes de endeudamiento son escasas y caras.

Por eso, actualmente es vital para la economía ecuatoriana que las exportaciones se mantengan dinámicas y en expansión.

Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), sin embargo, explicó que el sector está más cerca del estancamiento que del aumento en sus ventas.

“Las cifras al primer quimestre de 2022, antes del paro, reflejaban que las exportaciones no petroleras y no mineras del país habían crecido a un ritmo superior al 26%. Sin embargo, ya se visualizaba un serio problema en el sector agrícola y agroindustrial. Ahora, estas exportaciones están mucho más cerca del estancamiento que del crecimiento”, puntualizó.

En otras palabras, el buen desempeño durante 2020 y 2021 ya se estaba desacelerando, pero la crisis se profundizó con las paralizaciones violentas.

“Veníamos creciendo en dos dígitos, pero la realidad ahora es que vamos a crecer, en el mejor de los casos, en un solo dígito. No me atrevería a dar una proyección en este momento, pero si logramos sostener los niveles de exportación de 2021 sería un buen escenario”, puntualizó Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor.

A la crisis logística, la inflación mundial y la pérdida de mercados debido a la guerra de Ucrania, se ha sumado una apreciación del dólar (o una depreciación de otras monedas con respecto al dólar). El encarecimiento de la moneda que se usa en Ecuador ha llegado a más del 25% si se compara por ejemplo con las monedas como el peso colombiano.

Además, también se ha registrado una paridad inédita, que no se había dado en los últimos 20 años, entre el dólar y el euro. Todo esto se traduce en productos ecuatorianos más caros en los mercados internacionales.

Alejandro Martínez, representante de Expoflores, aseveró que hay una altísima demanda de productos a escala mundial, pero la oferta es limitada.

“La apreciación del dólar, o la depreciación del resto de monedas frente al dólar, tiene un efecto de limitar la capacidad financiera de las empresas exportadoras ecuatorianas para cubrir esa demanda. Es decir, cada vez tenemos menos margen para comprar insumos caros y participar en la guerra mundial de precios donde todos buscan las opciones más económicas”, afirmó.

En este escenario de crisis, Ribadeneira recalcó que el Gobierno no debe olvidar que cualquier política pública equivocada, cualquier sobrecosto e ineficiencia, puede generar que simplemente las empresas no subsistan.

“Que lo urgente no haga olvidar lo importante. Se debe persistir en la política de acuerdos comerciales. Los aranceles golpean más a los pequeños productores. No podemos ingresar con una pitahaya, por más excelente que sea, si se debe pagar un arancel de hasta 25% en los mercados. Eso no es sostenible”, acotó

Asimismo, de la mano entre el sector público y el privado se debe trabajar en soluciones de competitividad para el agro: mejores sistemas de riego, desarrollo de industria agroquímica nacional, caminos y vías adecuadas en el sector rural, acceso a financiamiento barato, entre otros.

Rosero recordó que otra tarea pendiente es diversificar productos y mercados, con énfasis en el valor agregado. De lo contrario, se desperdicia el potencial agroexportador del Ecuador. (JS)

Actualmente, apenas $4 de cada $10 de exportaciones ecuatorianas están protegidos por acuerdos comerciales.

Se perdieron contratos, clientes y volúmenes de exportación durante los 18 días de paro. Lamentablemente, Ecuador se convirtió en un proveedor no fiable. Esto ha hecho que compradores internacionales busquen alternativas y se produzcan desvíos de comercio a países competidores.

Alejandro Martínez, representante de Expoflores, puntualizó que recuperar los contratos perdidos podría tomar al menos 4 años.

“La estimación real del sector es que, entre lo de Ucrania y el paro, vamos a cerrar con un 6% a 7% en negativo. Además, se debe recuperar rutas aéreas por la falta de exportación y eso también demora meses”, dijo.

Luego del paro de 2019, a sectores como el florícola le tomó prácticamente ocho meses recuperar el nivel de productividad. Actualmente esa productividad no supera el 60%.

Las pérdidas de ventas directas superan los $100 millones en todas las cadenas exportadoras ecuatorianas, con un impacto en más de 800 empresas en más de una docena de actividades.

Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), lamentó que todas las gestiones hechas para ser parte de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena hayan sido infructuosas.

“Las decisiones buenas o malas que se tomen nos van a afectar. Quien sostiene el empleo en la mayor cantidad de áreas rurales en el país es justamente el sector agroexportador. Es muy importante que se nos incluya. Se debe tener mucho cuidado de que por intentar solucionar cuestiones coyunturales se establezcan mecanismos y estructuras que impidan la posibilidad de que Ecuador negocie acuerdos comerciales”, dijo.

En concreto, a los exportadores les preocupa que se determinen medidas populistas para frenar la apertura comercial o incluso mecanismos poco flexibles y alejados de la realidad en temas como controles de precios.

Fuente: La Hora.

Sandro Vallejo, procurador metropolitano, dice que es difícil precisar quiénes ocasionaron los daños materiales en la capital que representan más de $2 millones.

 Si un ciudadano en Quito choca con un poste y lo daña debe hacerse cargo de la reparación y podría pagar hasta $800. Lo mismo pasa con cualquier otro bien de la ciudad.

En el caso de la empresa eléctrica, por ejemplo, se determina que: “todo tipo de daño a un bien es considerado una infracción y los causantes deben responder por los daños ocasionados a la empresa, por dañar su infraestructura, y a la ciudadanía, por la falta del servicio”.

Si es así, ¿quién paga por los más de 2 millones de dólares que representan los árboles cortados, alcantarillas rotas, parques vandalizados y paradas de buses destruidas, tras 18 días del paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera Leonidas Iza?

 Sandro Vallejo, procurador metropolitano, dice que es difícil precisar quiénes ocasionaron los daños materiales en la capital, aunque destaca que se han colocado recursos legales. La Fiscalía General del Estado detalla que hay un total de 91 denuncias en Quito, en el marco del paro nacional. De estas, 79 están en investigación previa y 12 en instrucción fiscal.

P.¿Quién pagará los daños?

 Es importante tener en cuenta el contexto de las infracciones que se han cometido. En ámbitos de movilizaciones, marchas masivas. En algunos casos se tienen constancias gráficas de la destrucción, en otras visuales, pero que no son personas identificadas individualmente. Frente a eso es difícil determinar con precisión a la persona

P.¿Por qué no se detuvo a nadie en Flagrancia?

Son movimientos masivos. Para la propia Policía Nacional resulta complicado enfrentar una marcha de esta naturaleza. Detener al infractor en esos momentos es muy complicado. Lo que esperamos es, por información de las cámaras, ver si se puede tener los nombres. En algunos casos, la Policía, cuando ha determinado posibles infractores después le ha generado la duda de si esa persona fue efectivamente la que cometió la infracción.

¿Se puede dirigir una denuncia contra quienes convocaron las manifestaciones?

Ahí hay que diferenciar todos los delitos que puedan ser contra la seguridad y la institucionalidad, donde puede haber incluso delincuencia organizada. Y otra cosa son los daños específicos. Uno podría presentar una denuncia de este nivel, pero es muy difícil determinar una autoría intelectual sobre un daño específico.

P. El Municipio de Quito no puede impedir el acceso a la ciudad. ¿Pero cómo se evita que se destruya la ciudad?

Se hicieron ciertos controles para evitar que existan mayores afectaciones. Pero, frente a una movilización masiva, las mismas fuerzas del orden tienen limitada su capacidad. Yo diría que, pese a que el volumen de la movilización fue mucho mayor, el nivel de daños fue menor.

¿En qué aspecto fue menor el daño? Los costos de restauración son mayores a los de 2019

Por ejemplo, pudo haber una gran crisis sanitaria, en una ciudad como Quito, tres días sin recolección de basura puede ser una crisis y no pasó eso. El Alcalde, Santiago Guarderas, tuvo mayor coordinación con las fuerzas del orden y eso permitió en alguna medida, que las movilizaciones que fueron al Centro hayan sido menos violentas que en años anteriores.

La Conaie y el Gobierno tienen 90 días para que se vean resultados del diálogo. Si no hay acuerdos ¿cómo se prepara Quito para no seguir pagando estos daños?

Es complicado. Quito es la capital política evidentemente. En lo que corresponde al Municipio, sí tenemos interés de identificar a los responsables para sentar un precedente. Mantener una coordinación adecuada con el Gobierno central para que haya una mayor capacidad de reacción frente a las manifestaciones.

La aceptación ciudadana al alcalde Guarderas es baja. ¿Es poco popular denunciar a líderes o activistas tomando en cuenta el año electoral?

No es la línea del Alcalde actuar en virtud de la popularidad. Al contrario, el hecho de que el Alcalde haya pedido estado de excepción en su momento. De que el Alcalde haya pedido mayor participación de la Fuerza Pública hizo que dentro del Concejo y grupos sociales califiquen al Alcalde como un subalterno del Gobierno Central o enemigo de los movimientos sociales. Tampoco salió a decir que como ciudadanía hay que evitar que vengan, que otros políticos lo hicieron, lo cual era muy irresponsable, lo cual era fomentar la confrontación entre ciudadanos. La decisión fue responsable sin evaluar que, en ambos casos, pudo haber tenido mayor acogida. El anterior alcalde (Jorge Yunda) tuvo mayor popularidad en grupos sociales, generando movilizaciones que ya se evidenció en 2019. (AVV)

DATO: Cerca de 1,3 millones de dólares tuvo que destinar Quito para restablecer los 1.800 puntos de la ciudad donde la infraestructura fue afectada, en 2019. Los daños materiales, en este 2022, superan los $2 millones.

Denuncias presentadas en Quito en el contexto del paro nacional:

·         Daño a bien ajeno

·         Terrorismo

·         Paralización de un servicio público

·         Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente

·         Robo

·         Ataque o resistencia

·         Secuestro

·         Rebelión

·         Falsa incriminación

·         Homicidio

·         Destrucción de bienes del patrimonio cultural

·         Privación ilegal de libertad

·         Sabotaje

·         Lesiones

·         Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio

·         Actos de odio

·         Tenencia y porte de armas

·         Extorsión

·         Desaparición involuntaria.

·         Falsificación y uso de documento falso

·         Intimidación

·         Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados

·         Ataque a la integridad de sistemas informáticos

·         Receptación

·         Tortura

·         Hurto

“No tenemos precisión individualizada de los infractores (paro nacional en Quito)”, Sandro Vallejo, procurador metropolitano.

“Nosotros no hemos presentado, como Municipio, una denuncia contra la organización (Conaie) o sus representantes a la fecha”, Sandro Vallejo, procurador metropolitano.

Fuente: La Hora.