Culturales y sociales

Un sistema de compensaciones es una alternativa que puede considerar el Gobierno, ante el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para la revisión del precio de los combustibles. Así lo consideran expertos.

La Conaie, entre sus 10 peticiones, instó al Gobierno a que reduzca y ya no incremente el precio de los combustibles. Además, que se ejecute un proceso de focalización de los subsidios.

El pasado 13 de junio, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, señaló que no se descarta una revisión. Pero enfatizó que esto es competencia de las carteras de Energía y Finanzas.

Oswaldo Landázuri, analista económico, opinó que el Gobierno “no debe abrir la puerta para revisar los precios de combustibles“. Esto debido a la inestable situación fiscal. Ahora, esta se ha visto beneficiada, en parte, por los ingresos excedentes de la venta de petróleo y por la mayor recaudación tributaria, con los impuestos de la Ley para el Desarrollo Económico, dijo.

Jorge Calderón, analista económico, concuerda también en que lo ideal no es hacer una revisión de estos precios porque implican una carga para el Estado. Según datos del Banco Central (BCE), el Gobierno destinó USD 826 millones a subsidios a los combustibles importados, entre enero y abril de este año. Esta cifra es 146% más que lo destinado en iguales meses de 2021.

“Pensar en más subsidios hipoteca la posibilidad de destinar esos recursos a otros temas prioritarios en el futuro”, aseguró.

No obstante, los expertos consideran que el Gobierno puede proponer un sistema de compensaciones sociales.

Dentro del programa de focalización del precio de combustibles que se discutió hasta el año pasado, el Gobierno planteó una serie de compensaciones para algunos sectores. Al final, las reuniones para este propósito no tuvieron ninguna conclusión, tras la congelación de los precios.

Ahora con la variación del valor de los combustibles, Landázuri afirmó que es necesario considerar el sistema para que se aplique únicamente cuando los precios se incrementan y se retira, cuando estos bajan. “Se establece un fondo, que sea transparente y esté atado a esas variables (precio) que son objetivas”, dijo.

Por su parte, Calderón señaló que este programa de compensaciones debe tener tres características. Primero, estar dirigido para las personas que verdaderamente lo necesitan.

Segundo, tener carácter temporal hasta aliviar la necesidades de los beneficiarios. “No es posible que se alargue por 10 o 15 años, porque eso significa que el subsidio no sirvió para mejorar la calidad de vida de esas personas”, dijo el experto.

Y, finalmente, tener un financiamiento definido y permanente. Para Calderón, los recursos para este propósito deben estar garantizados a largo plazo.

El pasado 13 de junio, Salvador Quishpe, jefe de bancada de Pachakutik, señaló que una reducción en los precios de combustibles también repecutiría en la disminución de los costos de víveres y pasajes.

No obstante, Calderón destacó que los incrementos del precio del combustible, así como el de los alimentos, se ha dado por factores externos. En los últimos meses, por la influencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El combustible que actualmente se rige por las fluctuaciones del mercado es la súper. El experto señaló que la demanda de esta gasolina es baja y que no es usada para transporte de carga o de pasajeros, por lo cual no influye en la elevación de costos de los productos.

También Calderón aclaró que el precio de la extra y ecopaís, que están congelados desde octubre de 2021, “ya el mercado lo asimiló.

Juan Pablo Jaramillo, asesor de Estratego Consulting, opinó que el Gobierno también debe pensar en nuevos proyectos de subvención, acorde a la coyuntura. Por ejemplo, susidios para la úrea, fertilizantes y otros insumos que se han encarecido y restan competitividad al sector agrícola. De esta forma, se pueden sotener los precios de algunos productos, opinó.

El presidente Guillermo Lasso dijo la tarde de este miércoles 15 de junio en el marco del tercer día de movilizaciones que su Gobierno tiene abiertas las puertas al diálogo, pero que no cederán ante “grupos violentos que pretenden imponer sus reglas”.

“Seguimos trabajando por el Ecuador. Tenemos las puertas abiertas al diálogo, pero no cederemos ante grupos violentos que pretenden imponer sus reglas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Las agendas de protesta de los diferentes grupos sociales son legítimas, pero no pueden darse en base a engaños y búsqueda de violencia. Ahora necesitamos trabajar juntos por el Ecuador”.

Las movilizaciones iniciaron en el país el lunes 13 de junio y continúan hasta este miércoles. La convocatoria la realizó la Conaie a través de su presidente, Leonidas Iza.

Él expuso que las protestas son para que el Gobierno dé una repuesta a 10 propuestas que hicieron durante diálogos que mantuvieron con el Gobierno previamente. Entre estas están la reducción del precio de los combustibles, frenar el extractivismo minero y petrolero, más presupuesto para educación y salud, moratoria de deudas, entre otros.

En este sentido dijo que la manifestaciones no son para buscar un diálogo, porque ya han dialogado y el Gobierno, enfatizó, los ignoró.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este miércoles sobre el balance de incidentes por las movilizaciones. El funcionario considera que las manifestaciones están decayendo y que el número de participantes disminuyó. En consecuencia, anunció, se retiran las vallas que cercan el Palacio de Carondelet.

Este mismo día un grupo de comuneros de Cotopaxi llegó a Quito en caravana. Llegó hasta la Villaflora, sur de la capital, y luego regresaron hasta Cutuglahua, en el norte del cantó Mejía. Sus representantes dijeron que esperan órdenes de sus bases para movilizarse al Centro Histórico o al parque El Arbolito.

Fuente: El Comercio.

La policía de Colombia detuvo a una veintena de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que participaron en las sangrientas protestas de 2021 contra el saliente gobierno de Iván Duque, a escasos días del balotaje presidencial, informó este miércoles la fiscalía.

“En operaciones simultáneas en las ciudades de Cali [suroeste] y Bucaramanga [norte], entre los días martes y miércoles, se llevaron a cabo dos operaciones en contra de las autodenominadas estructuras de [la] Primera Línea”, informó el organismo en un mensaje a medios.

Nueve de los “presuntos integrantes” del movimiento de protesta fueron capturados en Cali y 11 en Bucaramanga bajo cargos de homicidio, secuestro, concierto para delinquir y tortura, entre otros delitos.

Reconocidas por usar cascos y escudos artesanales en los choques contra el escuadrón antidisturbios de la policía, las “primeras líneas” fueron protagonistas del estallido social contra Duque entre abril y junio del año pasado.

Al menos 46 personas murieron, 44 civiles y dos uniformados, durante las movilizaciones, de acuerdo con un informe de la oficina de la ONU en Colombia. Varias organizaciones denunciaron una brutal represión policial.

Los jóvenes que encabezaron las protestas denunciaron una cacería de brujas cuando se silenciaron las calles. Fueron por lo menos 1.900 detenciones, de acuerdo con un balance de la fiscalía en diciembre.

Durante las protestas en Colombia, hubo un profundo choque entre manifestantes y policías.

Según testimonios recabados por la AFP, algunos de los detenidos en 2021 en fueron sacados de sus casas en la madrugada por policías que los subieron a carros particulares.

“La mayoría” de los capturados en los últimos días “son chicos y chicas menores de 30 años”, señaló el edil Diego Cancino, quien ha denunciado en el Concejo de Bogotá los excesos de la fuerza pública.

Los operativos policiales se llevaron a cabo a cuatro días de la segunda vuelta electoral entre el izquierdista y opositor Gustavo Petro y el millonario independiente Rodolfo Hernández (77 años), empatados en la intención de voto.

Petro, un senador y exguerrillero de 62, respaldó los reclamos de los jóvenes contra Duque por su proyecto fallido de elevar los impuestos a la clase media.

Uno de sus políticos más cercanos, el senador Gustavo Bolívar, les llegó a regalar cascos y protectores oculares.

En vísperas de los comicios, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, dijo tener información sobre “perfiles apócrifos” y “anónimos” en redes sociales que están invitando a cometer “actos violentos y desconocer los resultados electorales”.

Fuente: El Universo.

El Ejecutivo no tiene sobre la mesa una posible declaratoria de estado de excepción debido a las manifestaciones. La mañana de este miércoles, 15 de junio del 2022, el consejero político de la Presidencia, Diego Ordóñez, negó esa posibilidad.

Desde la tarde del 14 de junio se ha evidenciado una escalada en las protestas que fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esto después de la aprehensión du su dirigente, Leonidas Iza.

En Quito, por ejemplo, el acceso desde el sur se ha mantenido bloqueado por los manifestantes. Videos que circulan en redes sociales muestran personas que llegan en camiones y se ubican en la avenida Maldonado.

El martes 14 de junio, en una conversación con EL COMERCIO, el mismo Ordóñez señaló que, tras la detención de Iza, ahora venía una segunda etapa que consistía en poner en orden el espacio público.

El artículo 164 de la Constitución establece que el Presidente de la República puede decretar estado de excepción en todo el país o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

En caso de hacerlo, la Corte Constitucional (CC) es el ente encargado de realizar un control para determinar si se han cumplido con las condiciones establecidas en la Ley.

Por su parte, la Conaie se ha mantenido en su posición de radicalizar las manifestaciones. Exige una solución para 10 puntos en los que se incluye la reducción del precio de los combustibles, una moratoria para el pago de deudas y no más proyectos mineros en pueblos indígenas y cuencas de agua. 

Sobre los combustibles, Ordóñez señaló que no es un tema que esté en consideración. Sin embargo, argumentó que el precio de la gasolina extra y diésel no han subido.

Está previsto que un nuevo pronunciamiento de la Conaie para las 15:00 de este miércoles 15 de junio. La convocatoria resalta que es “desde el territorio” y se realizará por la red social Facebook.

Fuente: El Comercio.