Culturales y sociales

El 5 de mayo de 2022, fue el sorteo de los jueces que conocerán el caso. Se trata de Silvana Caicedo, ponente y presidenta de la Corte Provincial, Kléber Franco y Juan Camacho.

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Lgjcc), el Tribunal tiene ocho días término para pronunciarse. Ese plazo se cumpliría el 16 de mayo de 2022.

Las apelaciones en materia constitucional tienen varias singularidades. El artículo 24 de la Lgjcc, por ejemplo, dice que la apelación se resolverá únicamente con base en el expediente del caso.

André Benavides, abogado constitucionalista, explica que en la práctica esto significa que no hay una obligatoriedad de que se convoque a una audiencia. Sino que los jueces pueden resolver solo con los documentos que están en el expediente y que se presentaron en la audiencia inicial.

Por ejemplo, en esa diligencia intervinieron cuatro especialistas que hicieron evaluaciones médicas y psiquiátricas al exvicepresidente.

Uno de ellos fue un médico alemán, que cumplía la tarea por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).“Tenía trastorno de ansiedad generalizada, pero fue leve cuando entró a la cárcel, cuatro años más tarde, cuando lo vi, tenía un cuadro psiquiátrico grave”, dijo Michael Brune.

A este testimonio se unieron los médicos del Ministerio de Salud, quienes dijeron que el paciente “tiene múltiples enfermedades y una de ellas es genética, no es curable y se llama espondilitis anquilosante”, un tipo de artritis que le fue detectada hace 19 años.

El representante del SNAI respondió entonces que “no se tiene nada que objetar“. Esa declaración quedó inscrita en el expediente, por lo que en la apelación no se impugnarán esos informes médicos que son la principal base para el habeas corpus.

Aunque, explica Benavides, si lo consideran necesario, los jueces pueden ordenar la práctica de elementos probatorios nuevos y convocar a audiencia.

Esta se deberá realizar dentro de los siguientes ocho días hábiles, es decir, hasta el 16 de mayo. En ese caso, el plazo inicial se interrumpe y empezará a correr desde el día de la audiencia.

La apelación oficial a la liberación de Glas fue presentada el 14 de abril de 2022. Lo firmó María Lorena Merizalde, directora de Asesoría Jurídica del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Sin embargo, en el Sistema Informático de Trámite Judicia (Satje) se registró un escrito presentado por José Luis Arcos, director de Asesoría Legal de la Fiscalía General.

El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, anunció que esa institución también busca participar en la apelación, ya que consideran que el habeas corpus “es ilegal”.

En el documento de apelación, SNAI asegura que la sentencia se basó en meras suposiciones, ya que no se probó ninguna violación a los derechos de Glas.

Agrega que se atentó al debido proceso, al derecho a la defensa, a la institucionalidad estatal, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. Gran parte de la apelación se dirige a la nulidad del proceso.

Dice, por ejemplo, que el juez Diego Moscoso, que estuvo al frente del caso, hizo una interpretación inexacta de la norma y no analizó el caso individual de Glas.

El exvicepresidente tiene un su contra dos sentencias ejecutoriadas de seis años (por asociación ilícita) y ocho años (cohecho) de cárcel. Pero se benefició de un habeas corpus debido a sus condiciones médicas.

También señala que era de conocimiento público que Glas estaba detenido en la Cárcel de Latacunga (Cotopaxi). Por lo que Moscoso, juez de la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), no era competente para analizar el caso.

Pero, sobre las pruebas presentadas por Glas -como los informes médicos-, el mismo SNAI admite en su apelación que no pudo ser contradicha. Y, por ende, tampoco es apelada. Aunque, el mismo documento, explica que “no se demostró que el padecimiento de sus enfermedades constituye un riesgo inminente, pues no se acredita una enfermedad catastrófica o de carácter terminal, más bien se demuestra que se han otorgado las atenciones médicas y psicológica”.

Fuente: Primicias.

Estados Unidos ya tiene en sus manos garantías por USD 14 millones, que es parte de la fianza que el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit pagó para salir de una cárcel en Florida. La Procuraduría de Ecuador va por el dinero ilegal de Pólit.

Para la justicia estadounidense, esto es parte del dinero que pretenden recuperar por los seis cargos delictivos de lavado de dinero que pesan sobre el exalto funcionario.

Estados Unidos ya tiene en sus manos garantías por USD 14 millones, que es parte de la fianza que el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit pagó para salir de una cárcel en Florida. La Procuraduría de Ecuador va por el dinero ilegal de Pólit.

Para la justicia estadounidense, esto es parte del dinero que pretenden recuperar por los seis cargos delictivos de lavado de dinero que pesan sobre el exalto funcionario y aliado del correísmo.

Esto llamó la atención de Ecuador, pues es la primera vez que Pólit entrega dinero en un proceso judicial. De hecho, Estados Unidos ha logrado hacerse de esta gran suma de dinero incluso antes de que se inicie el juicio en contra del excontralor.

En Ecuador, Pólit tiene una sentencia por concusión y adeuda USD 40,4 millones por los actos de corrupción que cometió con la multinacional Odebrecht, pero hasta el momento no ha cancelado ni un solo dólar de esa cuantía. Tampoco ha estado un día en una prisión ecuatoriana.

Esto ocurre pese a que la Fiscalía de Ecuador tiene información que indica que el dinero del que goza Pólit en Estados Unidos es parte de las coimas que recibió durante su gestión en Ecuador.

Por eso, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, no entiende cómo el Estado ecuatoriano no ha acudido a Estados Unidos para reclamar parte de ese dinero. Para él, instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberían estar trabajando para tener una delegación en el juicio de EE.UU.

Lo mismo opina el abogado penalista Mauricio Pacheco, quien señala que es primordial que las tres instituciones sean parte del juicio rápido al que se someterá Pólit. El experto explica que este proceso tiene como característica fundamental que el imputado, en este caso el excontralor, aceptará el cometimiento de los hechos para recibir una condena menor. En esa aceptación, Pólit también indicará los nombres de quiénes colaboraron para el cometimiento de los hechos. “Por eso es importante que el país esté en ese proceso. Así podrá tener más insumos para procesar a otras personas y al mismo Pólit”.

Una de las entidades públicas que ha reaccionado al juicio de Pólit ha sido la Procuraduría General del Estado. Su titular, Íñigo Salvador, ha iniciado conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así lo conoció ayer 5 de mayo de 2022 este Diario. Según información oficial, la Procuraduría ya empezó un proceso para alistar toda la documentación necesaria y solicitar a Estados Unidos que le permita ser parte del juicio como víctima de los actos delictivos de Pólit.

Esta solicitud se planteará debido a que en el mismo expediente estadounidense se indica que el excontralor envió altas sumas de dinero a la Florida desde Ecuador y Panamá, el dinero ilegal de Pólit.

El esquema ilegal que mantuvo Pólit para estas transacciones fue a través de cuentas ‘offshore’ y por medio de empresas domiciliadas en Miami. Además, se apoyó en al menos tres cómplices para llevar el dinero hasta suelo estadounidense. De allí que el procurador Salvador ha señalado que la intención de estar en el juicio es reclamar parte de esos réditos ilegales, que salieron del sistema financiero ecuatoriano.

La Fiscalía, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre una asistencia al juicio. Lo que sí se ha conocido es que parte de la documentación que servirá en el juzgamiento de Pólit en EE.UU. salió de investigaciones y asistencias penales internacionales. El juicio contra el exfuncionario se iniciará a mediados de junio.

Fuente: El Comercio.

Horas después del asesinato del abogado Walter Vallejo, en Guayaquil, atacaron a tiros al agente fiscal Víctor Hugo Alcívar en Santo Domingo de los Tsáchilas que viajaba a bordo de un vehículo junto a una mujer. Él resultó herido mientras que su acompañante murió alcanzada por los disparos.

Medios locales detallan que el hecho ocurrió la noche de ayer en la avenida Quito y Río Yamboya. Los sicarios se movilizaban en un vehículo tipo camioneta y tras el atentado huyeron del lugar.

Posteriormente, los atacantes quemaron el auto en el que se trasladaban para no dejar rastro y fue hallado por la Policía totalmente incinerado en la calle Latacunga.

Alcívar fue trasladado a una casa de salud donde ahora su pronóstico es reservado, pues le propinaron al menos tres disparos.

En redes sociales se difundieron videos y fotos del auto que fue quemado, tras el atentado.

De acuerdo con las primeras versiones, Alcívar habría sido destituido 2013 por presuntamente no acusar a un sujeto señalado de robar piezas de autos en Santo Domingo.

El Ministro del Interior de ese entonces, Javier Córdova, presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura en contra de Alcívar, porque supuestamente estaba actuando en contra de la seguridad ciudadana al dejar en libertad a dicha persona.

Sin embargo, hace dos años Alcívar fue reintegrado por decisión de un Juez.

Fuente: Metro.

Hubo cambios en las cúpulas policiales y militares. Ecuador tiene nuevo comandante de la Policía Nacional, así como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así lo decretó el presidente Guillermo Lasso la noche del jueves 5 de mayo de 2022.

A través de Decreto Ejecutivo 422 el Primer Mandatario resolvió que Fausto Salinas Samaniego será el nuevo comandante general de la Policía Nacional.

Salinas se desempeñaba como Director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Antes fue comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito.

El flamante Comandante de la Policía reemplazará en funciones al general Carlos Cabrera Ron. Salinas será el tercer Comandante de la Policía en lo que va del gobierno de Lasso. Antes estuvieron Tannya Varela y el mencionado Carlos Cabrera.

Adicionalmente, cesó de sus funciones mediante Decreto Ejecutivo 421 a Fabián Fuel Revelo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), en su puesto estará el general de brigada (Grab.) Nelson Bolívar Proaño Rodríguez.

Por otro lado, el comandante general de la Fuerza Terrestre Grab. Luis Enrique Burbano fue reemplazado por Franklin Gustavo Acosta, general de brigada.

La Fuerza Aérea (FAE) también tuvo cambios. Cesó de sus funciones como comandante general de la Fuerza Aérea al brigadier general Geovanny Espinel Puga, en su lugar estará a cargo el brigadier general Marcelo García Urbina.

Finalmente, Guillermo Lasso ratificó al contralmirante Luis Brumel Vázquez Bermúdez como comandante general de la Fuerza Naval.

Fuente: El Comercio.