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Las ocho personas detenidas la madrugada del jueves, durante el operativo Danubio que se ejecutó en Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Azuay, son procesadas por el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias en entidades públicas.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la madrugada del viernes, en Guayaquil. En la diligencia judicial, el fiscal Bolívar Burbano, a cargo de la investigación que inició en septiembre de 2021, expuso que los sospechosos buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

Según las indagaciones, el grupo delincuencial pretendía ubicar a una persona en el en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones en el Senae.

Para el efecto, se habrían ofertado alrededor de $ 3 millones a una servidora pública vinculada a la dirección de la Aduana. La intención era que la funcionaria deje su puesto para que otra persona lo asumiera. La Fiscalía sostiene que el monto comprometido iba a ser financiado por exportadores, que más adelante exigirían favores.

De la investigación se desprende que el grupo delincuencial también habría participado para entregar puestos de trabajo en otras instituciones públicas, para lo cual se valía de supuestos nexos con personajes reconocidos e influyentes en el campo político y social, apunta la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal Burbano presentó como elementos de convicción un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, que cuentan con autorizaciones judiciales. Además, se entregaron informes forenses de extracción de información de cámaras de seguridad y de números telefónicos, también transcripciones de conversaciones mantenidas entre los involucrados, entre otros.

Con estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se disponga la prisión preventiva para los ocho detenidos. Sin embargo, el Juez de Garantías Penales dictó medidas alternativas de prohibición de salida del país, así como presentaciones periódicas ente la autoridad competente, debido a que las defensas de los procesados justificaron, con documentación, arraigos laborales, familiares y sociales.

Por este caso, una de las viviendas allanadas fue la de Juan José Pons, exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, de donde los agentes fiscales tomaron una computadora y un teléfono. Pons no fue parte del grupo de personas detenidas.

Fuente: El Universo.