Deportes

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Latacunga impulsa la campaña "Latacunga Siembra Vida" como parte de la reforestación de la ciudad. La misma se ejecutará en conjunto de varios sectores y colectivos del cantón.

Link: https://youtu.be/pkQyN9GCL5g

La solicitud fue presentada este 14 de julio de 2022 y deberá ser analizada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Si es admitida a trámite podría terminar en una censura contra la exfuncionaria, con lo que no podría volver a ejercer cargos públicos por dos años.

Los asambleístas acusan a Garzón de haber incumplido con sus funciones en tres causales:

·         Falta de medicinas en la red de hospitales públicos.

·         Compra de medicinas caducadas o que incumplen estándares de calidad.

·         Supuesto negociado con empresas públicas de universidades para la compra de fármacos.

Según Vanegas, desde octubre de 2021 la exministra Garzón recibió informes por parte de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en los que se advirtió que varios hospitales públicos adquirieron medicamentos que no son aptos para el consumo humano.

Refirió que los proveedores no cumplieron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; y, en algunos casos, el tiempo de caducidad fue inferior a los 24 meses que establece la norma.

El asambleísta mencionó que el Ministerio de Salud coordinó con el Servicio de Compras Públicas las reformas al Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para aprovisionar al Sistema de Salud de medicinas, insumos médicos y otros, mediante contratos de régimen especial con empresas públicas de universidades.

A su juicio, eso permitió que los proveedores no justifiquen las buenas prácticas de manufactura exigidas por Arcsa, y que se ponga en riesgo la salud de los ecuatorianos al adquirir medicamentos e insumos que no cuentan con la calidad necesaria para el consumo humano y eficacia terapéutica.

Añadió que esta información también será presentada ante la Fiscalía General del Estado para que realice la investigación correspondiente. “Se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, los responsables no solo deben ser censurados, sino ir a la cárcel” dijo a medios de la Asamblea.

El pedido de interpelación contra Garzón es el primero que se presenta contra un exministro del Gobierno de Guillermo Lasso, a quien el bloque correísta intentó destituir en junio pasado durante las protestas del movimiento indígena.

En la Comisión de Fiscalización, desde el miércoles pasado, empezó la sustanciación de un pedido de juicio político impulsado por Unes en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, por la evaluación y remoción de los jueces de la Corte Nacional en 2019, que fue declarada como inconstitucional.

Fuente: El Comercio.

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó una responsabilidad civil por $ 2′312.398 para el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil, que laboraron entre 2019 y 2020, por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.  

La adjudicación del proceso ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de la glosa. La resolución confirmatoria señala que no se seleccionó al proveedor más beneficioso para la institución.

El contrato se suscribió por $ 26′950.000, lo que representó una diferencia de $ 2′312.398 más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso, un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales.

Aunque su solicitud se formuló dentro de los parámetros del proceso de contratación, el Registro Civil negó el pedido del proveedor y lo calificó como adjudicatario fallido.

La decisión se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad.

Auditoría concluyó que, si el Registro Civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se habría suscrito a menor costo, optimizando los recursos públicos. La resolución de la responsabilidad civil se desprende del examen especial efectuado a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos y la provisión de equipamiento, suscripciones, licencias de software, insumos y servicios conexos, realizada por el Registro Civil, entre 2018 y 2020.

De conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría, los auditados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o, en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Fuente: El Universo.

La Contraloría General del Estado ha identificado 18 inconsistencias reiterativas en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos, desde 2019.

Esta radiografía a los contratos está plasmada en 253 informes que apuntan a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El contralor, Carlos Riofrío, presentó las cifras en detalle ante la Asamblea. Son 140 unidades bajo análisis, desde coordinaciones zonales hasta hospitales; un total de USD 651,4 millones examinados y 87 informes con indicios de responsabilidad penal.  

Son 18 irregularidades, desde la etapa precontractual hasta el manejo de bodega. La falta de estudios para determinar el consumo real de las unidades, emergencias no justificadas, medicinas y dispositivos caducados, y el cambio de procesos de contratación por la firma de convenios de pago son algunas de las anomalías.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), esta radiografía no es nueva. Por eso más allá de las cifras insiste en la aplicación de correctivos.

Entre algunas propuestas, la Comisión plantea una doble depuración: del personal vinculado a los procesos de compra en las entidades de salud pública y de las empresas proveedoras. Rodas dice que, en los últimos 15 años, se ha tejido una red de corrupción, con funcionarios que dan información previa de los concursos.

Sobre los proveedores, la CNA ha presentado listados a la Vicepresidencia y a la Fiscalía, de empresas señaladas por negociar con sobreprecio que no han sido sancionadas y que siguen participando en los procesos, pero utilizando otro registro.

Están vendiendo a los mismos que delinquieron en años anteriores, pero que en el papel aparecen con otro nombre”.

A esto Rodas suma que algunos participantes son propietarios de cuatro o cinco empresas proveedoras, lo que les garantiza adjudicarse los contratos.

Para Paulo Gárate, los datos de la Contraloría solo confirman que la corrupción sigue minando el presupuesto de salud. Los más perjudicados son los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, representados por la Alianza Nacional por la Salud (ANS).  

Gárate preside esta organización y explica que el problema de fondo es la falta de planificación.

Al no tener un diagnóstico claro de las necesidades de los pacientes, las unidades terminan comprando medicamentos que no son del todo prioritarios.  

En cuanto a mecanismos, la Alianza está de acuerdo con las compras corporativas para ciertos fármacos. Pero también propone la descentralización, con transparencia y calidad, para adquisiciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada unidad, por ejemplo, los hospitales de especialidad que atienden males catastróficos.

El presidente de la ANS, además, ve en el catálogo electrónico de medicamentos la oportunidad de democratizar las compras. Eso siempre y cuando esta tienda virtual, en construcción por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), permita la participación de diversos proveedores. 

Algunas de estas propuestas coinciden con las recomendaciones que da la Contraloría luego de sus análisis. Desde 2019 el organismo ha emitido 678, entre ellas contar con estudios que justifiquen la compra, definir el consumo real, verificar la capacidad de almacenamiento para evitar la caducidad y una planificación oportuna para mantener un ‘stock’ mínimo que evite el desabastecimiento.

El abuso de los convenios de pago es una irregularidad frecuente. Este mecanismo de compra directa, sin un proceso de contratación, es de aplicación excepcional. Sin embargo, algunas unidades lo emplean de manera continua.

Los pagos sin documentación de sustento son otro mal recurrente. En algunos casos tampoco se aplican medios de verificación para la contratación y la recepción de los medicamentos e insumos.

Otra falla aparece en los estudios de mercado, que definen el presupuesto referencial. En estos no se toma en cuenta los precios individuales de procesos anteriores para generar mejores condiciones económicas. Tampoco se realizan bajo información del consumo real.

Como parte de las auditorías, la Contraloría ha emitido glosas y órdenes de reintegro por USD 139 millones y sanciones administrativas por más de USD 8 millones.

La ANS  también reclama la aplicación de sanciones de tipo penal para los funcionarios que incumplen las acciones de protección a favor de pacientes para la compra de medicinas.

Esta organización suma siete demandas favorables que no se han ejecutado hasta el momento.

Para evitar que se evadan las sugerencias, la Contraloría ha diseñado un aplicativo que monitoreará la ejecución de las recomendaciones. Esa herramienta funcionará desde el próximo 21 de julio. El organismo además ha enviado 120 informes a la Fiscalía.

Fuente: El Comercio.