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Siete días después del fin del paro nacional, las comitivas de tres movimientos indígenas y del gobierno de Guillermo Lasso se reencontrarán este jueves para encaminar una serie de acuerdos llegados en política pública, y está prevista la participación de organismos internacionales que generen mecanismos técnicos para mantener las mesas de diálogo.

La Comisión garante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) convocó a las partes a establecer una mesa técnica para que se discutan los diez puntos, de una agenda promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) en el paro que se extendió por 18 días.

La sede del cónclave será la Conferencia Episcopal en Quito desde las 09:00, y se contempla cumplir tres primeros puntos: una metodología de trabajo; los temas a tratar; y definir una hoja de ruta para avanzar en los siguientes 90 días.

Este plazo se fijó en la denominada ‘acta de paz’, que firmaron los presidentes de los tres movimientos y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el 30 de junio, en la que el régimen se comprometió a tratar la agenda social a cambio de que se levanten las medidas de hecho.

La Casa de Gobierno decidió enviar a un equipo de seis personas, que lo encabezará Chrystiam Cevallos, quien es subsecretario de Articulación Intergubernamental, y los demás, funcionarios en áreas jurídicas, comunicacionales, económicas y políticas.

No obstante, quienes estarán al frente serán Jiménez y autoridades del Ministerio de Energía y Minas, debido a las políticas de reducción de los precios de los combustibles y la focalización de los subsidios que se evaluarán en este proceso.

De acuerdo con los temas que se vayan abordando, se incluirán comitivas de los distintos ministerios de Estado, se informó.

Por su parte, los tres movimientos indígenas y campesinos definían hasta este miércoles quiénes participarán en estos espacios. Aunque se conoció que estarían liderados por los presidentes de la Conaie, Leonidas Iza; Gary Espinoza, de la Fenocin; y, Eustaquio Tuala, de la Feine, al ser este el primer encuentro.

En una entrevista en la cadena alemana Deustche Welle (DW), Iza adelantó que su tarea se enfocará en que el Gobierno dé cumplimiento a los decretos ejecutivos que emitió durante las jornadas de paralizaciones en temas como educación intercultural, control de precios de los productos de primera necesidad y de los insumos para la agricultura, la emergencia sanitaria y la condonación de las deudas de los créditos en la banca pública.

“Buscaremos establecer los mecanismos para pragmatizar lo establecido en los decretos. Hemos pedido una actuación coherente y vamos a mantener la idea de garantizar que se cumplan los diez puntos”, enfatizó el dirigente en la DW.

En un plazo no mayor a 45 días la Corte Constitucional deberá resolver la consulta hecha dentro del proceso penal contra Leonidas Iza

Entre esos diez puntos, el principal era la reducción de los precios de los combustibles. El régimen aceptó reducir en cinco centavos los valores de la gasolina extra, ecopaís y el diésel, que se sumó a otros diez centavos que se disminuyeron en medio del paro.

Articulado a ello, se comprometió a definir mecanismos para focalizar los subsidios a los derivados del petróleo a ciertos sectores.

Estas mesas técnicas contarán con la participación de una Comisión de la Conferencia Episcopal, que ejercerá una labor de ‘garante’ en estos acercamientos; pero también se prevé asistencia internacional, en esencial de la Unión Europea (UE).

En una entrevista en radio Centro de Quito, el 6 de julio, el canciller Juan Carlos Holguín indicó que para estas conversaciones entre el movimiento social y las autoridades gubernamentales la Unión Europea aceptó enviar una comisión compuesta por extranjeros que estaría dirigida por un experto de Finlandia, que propondrán metodologías para el diálogo.

En el ámbito técnico, reveló que se está gestionando apoyo internacional para conocer propuestas que abonen a definir políticas para la focalización de los subsidios a los combustibles.

Así también, se está gestionando “de manera inmediata” urea, para cumplir con la decisión presidencial de implementar un subsidio del 50 % en el precio de este fertilizante para pequeños y medianos productores que rige desde el 1 de julio de 2022. Uno de los países con los que han avanzado las negociaciones es Arabia Saudita, señaló.

Según Holguín, el paro pudo haberse extendido menos de los 18 días si no hubieran intervenido fuerzas políticas externas, pero que, finalmente, fue el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el que había solicitado a la Santa Sede (del Vaticano), a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que intervenga.

Fuente: El Universo.

Una de las consecuencias de las movilizaciones que paralizaron el país por 18 días fue la declaratoria de emergencia en el sector salud.

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, es la cabeza del área en el Gobierno y ese rol toma importancia tras la renuncia de la exministra Ximena Garzón.

En entrevista con Primicias, el segundo mandatario asegura que, esta vez, la emergencia sí dará buenos resultados.

El Gobierno abastecerá a los hospitales con la compra de 600 tipos de medicamentos. Eso representa una inversión de USD 80 millones.

Insiste, además, en que los pacientes del sistema público podrán retirar sus medicamentos en las farmacias privadas en los próximos días, aunque no adelanta de una fecha exacta.

·         ¿Cuál es el estado del sistema de salud tras el primer año de gobierno?

Empezamos un gobierno en pandemia, con un porcentaje bajísimo de pacientes vacunados y donde predominó la vacunación VIP.

Por decreto, el señor presidente (Guillermo Lasso) me encargó la coordinación del sistema salud. Visité 65 hospitales y acuñé la frase: “La salud está enferma”. Lo que pasaba era que no había medicamentos, no había insumos y había problemas laborales.

Esto no era un problema solo de los hospitales que están bajo la administración del Ministerio de Salud, sino también en los que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Luego de hacer el análisis y el levantamiento de datos, entregué los informes a las dos instituciones, pues la ejecución de los proyectos no viene por parte de la Vicepresidencia.

Algunos de los proyectos se diluyeron por la necesidad de comprar vacunas. La diplomacia de las vacunas hizo que vacunemos a nueve millones de ecuatorianos en 100 días, con un gasto aproximado de USD 1.000 millones.

Esto ha generado problemas de flujo de caja, pero que se han ido resolviendo y se tienen que seguir resolviendo.

Por ejemplo, los hospitales de Manabí. El hospital de Pedernales que ya está avanzado en un 68% o 70% y el hospital de Bahía de Caráquez que está en un 90%. Además, está el hospital de Manta que está en un 70% y terminamos el hospital de Durán.

Pero estamos debiendo todavía porque no llegamos a un sistema en el que los pacientes sean atendidos con calidad y calidez, que tengan sus medicamentos y que nos les digan que regresen en un mes para practicarle una cirugía de vesícula.

·         ¿Se siente satisfecho con lo que el gobierno hizo en el área de la salud?

No. Es mi respuesta corta. No soy de las personas que culpa a otras, creo que nos faltó hacer varias cosas y el resultado es la insatisfacción de las personas.

·         ¿Por qué demoró el Gobierno en declarar la emergencia al sistema de salud?

Hay que decir que la gente tiene miedo de declarar emergencias porque son sinónimo de corrupción.

Yo era partidario de declarar la emergencia en todo el sistema de salud, por lo que el Presidente, aunque la exministra (Ximena Garzón) era contraria a esta medida, tomó la decisión de hacerlo por presión y escuchando a muchas personas.

La declaratoria tarda porque hay que hacer un levantamiento (de información) para justificar la emergencia. Con esa declaratoria, el Presidente también dispuso que el Vicepresidente lidere el gabinete sectorial de salud que se reunirá el próximo martes 12 de julio de 2022.

·         ¿Podemos decir que hubo tensiones entre usted y la exministra Garzón?

Me resulta difícil hablar cuando las personas no están presentes, pero ella hizo declaraciones y al poco tiempo dijo: vamos a declarar (la emergencia). Probablemente, ella escuchó las voces de la calle y la del Presidente de la República.

·         ¿Cómo avanza la compra de medicamentos con la salida de la ministra de Salud?

Es importante aclarar que, aunque no haya ministro, el ministerio sigue trabajando. Está en proceso el levantamiento de necesidades de medicamentos, la catalogación de fármacos y la compra.

Al mismo tiempo estamos por lanzar el programa “Medicina Siempre” o conocido como externalización de farmacias.

El pasado lunes estuve en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil acompañando a una paciente desde que le recetaron sus medicamentos hasta que recibió sus medicinas en la farmacia ubicada al frente del hospital. Eso es lo que queremos.

¿Cómo se van a realizar las compras?

Lo ideal sería que el Ministerio de Salud realice compras centralizadas y las entregue a los hospitales, de acuerdo con sus necesidades. Pero, por el momento, las compras se harán a través de las coordinaciones zonales porque conocen las necesidades de sus hospitales.

La declaratoria de emergencia servirá para que los hospitales tengan medicamentos para tres meses.

·         ¿Qué pasará después?

Hay que decir que esta declaratoria de emergencia cuenta con los recursos suficientes para que se hagan las compras.

Paralelamente, el plan de externalización de farmacias permitirá que bajemos el flujo de las farmacias de los hospitales, el Estado va comprando menos y se van sumando las farmacias.

En el país hay alrededor de 7.000 farmacias y queremos que todas se sumen al proyecto.

·         ¿Cuándo se lanzará el plan?

Yo atestigüé que está listo y esperemos que en los siguientes días ya comience. La entrega de medicinas es uno de los problemas que tienen los hospitales, pero también faltan equipos y especialistas.

Vamos a cambiar el modelo de atención: pasar de un modelo curativo a uno preventivo. Para lograrlo debemos fortalecer el primer y segundo nivel de atención.

El presupuesto del Ministerio de Salud se incrementó de USD 2.800 millones a USD 3.200 millones. De esta cifra, alrededor de USD 80 millones van para medicamentos, mientras que USD 113 millones servirán para inaugurar los cuatro hospitales que mencioné.

Pero hay que sumar al Hospital de Especialidades de Portoviejo, que es el más grande del país, con cerca de 600 camas.

Además, vamos a mejorar la infraestructura de 37 hospitales y de 23 centros de salud para impulsar el primer nivel de atención. Esto no quiere decir que no vamos a atender a los hospitales de tercer nivel, pero el objetivo es quitarles la presión para que se dediquen a las tareas complejas.

Con relación a los especialistas, vamos a abrir los posgrados que cerraron los gobiernos anteriores.

Tenemos en mente abrir 1.000 plazas de posgrado en lo que resta del año.

·         ¿Qué otras acciones son necesarias para cambiar el modelo de atención del sistema de salud?

También implica la reducción de la desnutrición infantil, dotar de agua a la comunidad, mejorar la alimentación de las personas para mejorar su calidad de vida en general.

·         ¿Cuál es el perfil que busca el Gobierno para el nuevo ministro de Salud?

Un médico o una médica que piense en un sistema de salud integral, que piense en la población que no tiene, en los campesinos, en la gente pobre.

·         ¿Qué pasó con la designación de Esteban Ortiz como nuevo ministro?

Él reconoció que hubo acercamientos, pero que no se concretó porque el Presidente tiene una visión diferente sobre la salud pública.

A veces tenemos visiones diferentes sobre el mismo problema.

Cuando alguien ha estado expuesto al ojo ajeno, como ha estado el doctor Ortiz, generalmente, comete algún tipo de desliz que le pasan factura. No hubo ningún malentendido con él y estamos en la búsqueda del nuevo ministro.

Fuente: Primicias.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, asumió el cargo con la promesa de ponerse al día en los pagos atrasados del Estado con sus proveedores, con los gobiernos seccionales y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

No se trata de una cuenta menor, pues a junio de 2022 estos atrasos sumaban USD 2.767 millones o el equivalente al 2,4% del total de la economía ecuatoriana.

Más de la mitad de los pagos atrasados, unos USD 1.527 millones, corresponden a la deuda del Estado con el IESS por el aporte público de 40% para el pago de pensiones de jubilación.

Arosemena también se ha comprometido a aumentar el gasto en obra pública, para reactivar la economía, para lo que tendrá que mover la ejecución presupuestaria.

Entre enero y junio el Estado ha gastado solo el 12% del presupuesto para inversión previsto en 2022. El presupuesto de inversión es de USD 3.130 millones, de los que se han ejecutado apenas USD 368 millones en la primera mitad de 2022.

Hasta ahora el ritmo de gasto en educación y salud ha sido lento. Entre enero y junio de 2022, el Gobierno transfirió USD 3.190 millones para ambos sectores. Lo anterior significa una ejecución de 39% frente a lo previsto para todo el año, que son USD 8.248 millones.

Aumento el gasto social, pero con orden, es uno de los ejes del plan que promete implementar el Ministerio de Finanzas. Parte de esos recursos se destinarán a atender las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que constan en los acuerdos que pusieron fin al paro nacional, que inició el 13 de junio.

Entre esos compromisos están:

·         USD 200 millones para financiar la declaratoria de emergencia en los centros de salud y hospitales públicos del país. 

·         Incrementar el presupuesto para educación intercultural bilingüe de USD 2,3 millones a USD 6,8 millones este año. En Ecuador hay 1.646 instituciones bajo ese régimen.

·         El Bono de Desarrollo Humano sube de los actuales USD 50 a USD 55 mensuales. Un incremento que costará USD 70 millones.

·         Otros USD 46 millones servirán para cubrir el aumento de subsidios, como los bonos para los agricultores.

·         Sin contar con los USD 340 millones anuales que implica la reducción de USD 0,15 por galón en el precio del diésel y de las gasolinas Extra y Ecopaís.

·         Además, el Gobierno tiene que financiar el alza de salarios para los maestros del sector público, que asciende a USD 450 millones al año.

Ese incremento debe concretarse en el segundo semestre de 2022, según la reforma a la Ley de Educación aprobada por la Asamblea, en abril de 2021.

Todas estas medidas cuestan por lo menos USD 1.112 millones anuales, sin contar los desembolsos del banco público BanEcuador, como parte de la promesa de dar USD 200 millones en créditos al 1% de interés anual a microempresas y pequeños agricultores.

Los altos precios del petróleo y el incremento de los ingresos tributarios en el primer semestre de 2022 dejan cierto espacio al Gobierno para aumentar el gasto público, dice el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Entre enero y junio, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 8.751 millones, un aumento de 25% frente al mismo periodo de 2021, cuando recaudó USD 6.990 millones.

El buen desempeño de la recaudación tributaria, impulsada por un incremento de impuestos aprobado a finales de 2021, continuará a lo largo de 2022. Ortiz proyecta que esto, sumado a mayores ingresos petroleros, dejarán al Ministerio de Finanzas con una excedente de liquidez USD 2.200 millones sobre lo presupuestado al inicio del año.

Los ingresos extraordinarios permitirán abrir un poco la llave de la inversión y empujar la actividad económica y el empleo, dice la exministra de Economía, Magdalena Barreiro.

Pero Barreiro aclara que eso no quiere decir que el Gobierno tenga “un exceso de dinero”, como la Conaie piensa. De hecho, las cuentas fiscales son deficitarias, es decir, que el gasto público supera los ingresos del Estado.

Con todas las nuevas presiones de gasto, el déficit del Presupuesto General del Estado podría subir de USD 3.800 millones a USD 4.800 millones en 2022, de acuerdo con Barreiro.

“El Gobierno no es un pulpo con las manos llenas de dinero. El Presupuesto tiene límites, más aún luego del paro nacional, que redujo la producción petrolera”, añade.

Barreiro considera que Ecuador aún necesitará del apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2023, El actual acuerdo de crédito de USD 6.500 millones con el Fondo, firmado en 2020, termina en diciembre de 2022. Un nuevo programa de financiamiento con el FMI dejaría abiertas las puertas de otros multilaterales, que podrían ofrecer crédito a tasas promedio de 1,9%.

Si Ecuador colocara bonos de la deuda externa en el mercado, tendría que pagar una tasa de interés de más de 12% por la subida del riesgo país, que llegó a 1.352 puntos el 6 de julio.

Fuente: Primicias.

Luego de un pedido de investigación sobre lo ocurrido, un informe técnico de la Asamblea Nacional confirmó que hubo una anomalía en el sistema votación. Se descubrió que los curules 70, 71, 76 y 90 fueron operados remotamente desde una misma dirección IP, confirmó el legislador (IND) y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

“Los curules virtuales de los 4 asambleístas fueron accesados sin autorización, por parte de un mismo dispositivo. Dicho dispositivo no pertenece al personal técnico de la Asamblea ni a los asambleístas afectados”, cuestionó Villavicencio. Ante indicó que pedirá un peritaje de la IP que manipuló las curules de cuatro legisladores.

“Una vez analizada la información de los curules 70, 71, 76 y 90, se ha podido verificar en los respectivos archivos de log o bitácoras, la existencia de una dirección IP y un identificador o ID, en común, mismo que realiza conexiones a los citados curules en horas similares, entre las 17:07 y las 21:37 del 28 de junio de 2022″, menciona el informe de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación.

En rueda de prensa, Villavicencio indicó que se trató de “un ataque informático, orientado a vulnerar la soberanía del voto y la decisión de algunos legisladores, para destituir al presidente de la República”.

En la primera votación se registraron 81 votos a favor y la asambleísta Wilma Andrade (ID) pidió la rectificación, porque dijo que algo extraño sucedió pues se pintó de verde su curul cuando ella quería votar en contra de la moción de destitución.

Al darse paso a la rectificación se registraron 84 votos a favor de la destitución y volvió a pintarse de verde la curul de Andrade, y se sumaron también las quejas de los legisladores Cadena, Bacigalupo y Chiriboga.

Luego se mocionó la reconsideración de la votación, que pasó con 76 votos, y se volvió a votar la moción de Cedeño. Esta vez hubo 80 a favor. Tras esos resultados, el presidente de la legislatura ordenó una investigación.

“Mi votación ha sido no, es decir, en contra de la destitución del presidente de la República. Manipulaciones en el sistema de votación de la Asamblea han derivado mi votación con el sí”, denunció Balcigalupo en su cuenta de Twitter ese mismo día.

La votación final fue de 80 votos a favor frente a 48 en contra y 9 abstenciones.

Fuente: El Comercio.