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Durante varios días se ha acudido a la Municipalidad de Latacunga para conocer sobre el trabajo que realizan los concejales de la ciudad, su aporte y posición a las actividades, obras y trabajos que se realizan en la ciudad, sin embargo, la ausencia de los ediles es evidente.

La mañana del miércoles 24 de agosto nuevamente se asistió a las oficinas de los concejales; en esta ocasión únicamente encontramos al concejal Marcelo Jerez, quien revisaba el Orden del Día propuesto para la sesión ordinaria que se lleva adelante en horas de la tarde, parte de esta convocatoria era un gran expediente que contenía la Quinta Reforma Presupuestaria elaborada por el Alcalde de la Ciudad y que será puesta en conocimiento en la tarde. Sobre los escritorios de cada edil reposaba el mismo archivo a espera de la llegada de cada uno para que por lo menos sea retirada.

El Concejal se mantenía a la expectativa de la llegada de los integrantes de la comisión de Servicios Públicos integrada por:  Luis Muso, Alfonso Shingon, Raúl Ataballo, Esther Veloz y su persona; quienes debían tratar la Ordenanza de Manejo y Recolección de Desechos Sólidos para la EPAGAL, aquí se conocerán los informes recibidos por EPAGAL y Procuraduría Síndica, la convocatoria fue realizada para el miércoles a las 10H00 sin embargo hasta las 10H50 ninguno de los integrantes de la Comisión acudió.

Jerez indicó que es lamentable que los concejales no den el quórum respectivo, pues el daño no se lo hace a su persona sino a la ciudadanía, que necesita estas ordenanzas que establecen las normativas para un adecuado accionar social en la ciudad.

Recordó que cada concejal es responsable de hacer las observaciones, motivaciones, criterios y voto en cada sesión en donde la participación de los medios de comunicación es poca o nada debido a que se las realiza a las 17:00 por ello se proponía el cambio a las 10:00, sin embargo, no se ha considerado este pedido.

Señaló que hasta el momento el pleno Municipal ha aprobado más o menos 10 Ordenanzas, la falta de fiscalización de los ediles es una de las causas para que no se pueda proceder con su trabajo, como ejemplo la ordenanza señalada fue presentada hace 5 meses atrás y no puede avanzar en su tratamiento.

Fuente: La Gaceta.

Todo empezó con una noche de diversión. Juan Fernando y Jefferson decidieron ir a un centro de tolerancia, ubicado cerca del redondel de Gualo, en el norte de Quito. Era septiembre de 2021 y el alcohol en exceso llevó a que los compañeros tengan una riña. Jefferson se llevó la peor parte al recibir golpes en el rostro y cabeza con un objeto contundente.

Un tribunal decidió condenar al obrero a 22 años de cárcel por el delito de asesinato. La fiscal de la Unidad de Personas y Garantías n.° 3, Patricia Muñoz, fue quien demostró la culpabilidad del delito cometido por el compañero de jornadas de trabajo de la víctima.

Según las investigaciones, los compañeros de albañilería habrían salido del centro de tolerancia nocturna bajo los efectos del alcohol. En su retirada, los dos iniciaron una pelea. El agresor tomó un objeto contundente y le propinó golpes certeros a su compañero, los que acabaron con su vida.

La agresión quedó registrada en imágenes de teléfonos celulares grabadas por testigos. Estos videos fueron parte de una pericia fiscal para luego ser tomados como pruebas del delito cometido.

Los testimonios de testigos también sirvieron para que el tribunal deseche la presunción de inocencia del procesado y emita su dictamen de juzgamiento.

Según el Ministerio de Gobierno, entre enero y julio de 2022 se cometieron 26 asesinatos en el cantón Quito. En el mismo periodo del año anterior fueron 16 asesinatos, es decir, existió un aumento del 62,5 % de este tipo de muertes.

El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años a la persona que cometa un asesinato.

Fuente: El Universo.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, por voto de mayoría, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la FiscalíaGeneral del Estado. Por ello impuso una sentencia de 13 años de cárcel al policía Wilson Santiago Olmedo.

La medida fue impuesta por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La nueva sentencia aumenta la que había sido emitida el 19 de enero de 2022 por el Tribunal, que era de 3 años y 4 meses de cárcel.

El delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se configura cuando un miembro de la fuerza pública “inobserva el uso progresivo o racional de la fuerza y produce la muerte de una persona". Así lo establece el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Todo ocurrió el 11 de julio de 2021. Santiago Olmedo vio a tres sospechosos cuando asaltaban con un arma blanca a un adolescente, que transitaba por una calle de Riobamba. El gendarme intervino y disparó a los tres presuntos agresores.

Dos sospechosos fallecieron, uno en el sitio del robo y otro en un hospital. El tercer cómplice huyó. Uno de los atenuantes que el Tribunal consideró para la sentencia de enero fue que, tras disparar a los presuntos atacantes, el policía llamó a una ambulancia. 

Hugo Espín, abogado de Olmedo, consideró en ese momento que “es una pena injusta, pues se objetaron todas las pruebas presentadas por Fiscalía”. Aseguró que luego de recibir la sentencia por escrito, apelará este fallo judicial.

“Mi cliente actuó conforme a derecho y arriesgando su vida por defender la vida de un menor. Él cumplió su labor de defender a la ciudadanía”, indicó el defensor. Añadió que “ningún policía sale a matar o a causar daño, sino a ejecutar acciones en defensa personal y de terceros que es su misión constitucional”.

Fuente: El Comercio.

Una persona ingresó a la Asamblea Nacional, amenazó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización y fue detenido. Así lo denunció el coordinador del oficialismo, Juan Fernando Flores, durante una sesión del pleno. Además, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, manifestó que hay dos funcionarios involucrados en el mal uso de credenciales

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 25 de agosto de 2022, cuando un hombre se dirigió al despacho del asambleísta. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Al no encontrarlo, decidió lanzar amenazas si no se lo vuelve a recibir en otra ocasión.

"(Dijo que) la próxima acción será una bomba en esta Asamblea Nacional y que pase lo que tenga que pasar o que se quemen los que se tengan que quemar", relató Flores.

Asimismo, Flores contó que tras las amenazas la escolta legislativa actuó de manera rápida y logró la detención del implicado. "Quiero elevar un llamado a ser un solo cuerpo para defender a esta Asamblea Nacional frente a la amenaza de cualquier ciudadano que crea que el camino es la violencia", acotó.

Luego de la exposición del asambleísta, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, confirmó la detención del sujeto y explicó también que se ha detectado una mala utilización de credenciales de dos funcionarios.

"Entiendo que (el detenido) debe estar a órdenes de la justicia. Hemos procedido ya a identificar el carnet de dos funcionarios que hoy día han sido mal utilizados en la Asamblea Nacional. Se ha determinado también quiénes son y hemos dispuesto una auditoría de las credenciales que utilizan todos los funcionarios", señaló.

Fuente: El Comercio.