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Las cifras de desnutrición crónica infantil en Ecuador son alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en todo el país el 27% de niños menores de dos años la padece.

Aunque el promedio nacional es considerado alto, el problema es mucho peor cuando se analiza el problema en función de grupos sociales o étnicos. Por ejemplo, 38 de cada 100 niños indígenas menores de dos años sufre desnutrición crónica infantil.

Se trata de la cifra más alta, tomando en cuenta que en las demás etnias el porcentaje de niños que sufre desnutrición no sobrepasa el 21,9%, como ocurre en los niños mestizos, o en los montuvios, cuya tasa es del 21,3%.

La mayoría de niños que padece de desnutrición vive en las zonas rurales del país, precisamente donde se asienta el grueso de la población indígena. En el campo, la desnutrición infantil llega al 30,6% frente al 25,4% que hay en los centros urbanos.

Durante las manifestaciones de junio de 2022, la Universidad Central del Ecuador confirmó que los niños indígenas presentan altos niveles de desnutrición.

Durante la atención médica y nutricional que esa universidad brindó a los manifestantes durante los 18 días de movilizaciones, encontró que el 80%, de los 450 niños que llegaron ese lugar sufría de desnutrición crónica infantil.

Paola Santracruz, salubrista de la Universidad Central, explica que se considera que un niño padece este mal cuando su estatura no corresponde a su edad.

Este problema no se limita únicamente a la mala alimentación, sino que tiene una relación directa con la falta de controles médicos y a la deficiente alimentación que tuvieron las madres durante el embarazo.

"Los primeros 1.000 días son muy importantes para el desarrollo de los niños. Es decir, durante el embarazo y hasta que los niños llegan a los dos años", señala.

Según Santacruz, los niños que se alojaron en la universidad presentaron otros problemas como infecciones gastrointestinales, anemia, piojos y parásitos.

En los próximos tres años, el presupuesto destinado a erradicar este problema sumará USD 1.765 millones que serán canalizados, sobre todo, a través de los ministerios de Inclusión y de Salud.

Entre los programas que el Gobierno implementará está el denominado "Bono 1.000 días", orientado a mujeres embarazadas que viven en situación de pobreza y que consten en el Registro Social. Son USD 50 que recibirán desde julio de 2022 cuando reporten el embarazo en el Ministerio de Salud y estará vigente hasta que el niño cumpla dos años de edad.

A este monto se sumarán tres entregas adicionales sujetas a estas condiciones: USD 90 si las madres han cumplido al menos cuatro chequeos prenatales. Si las madres acuden con su hijo a mínimos seis chequeos médicos en el primero año de vida del niño recibirán USD 120. USD 120 cuando el niño cumpla dos años de edad y su madre lo haya llevado a mínimo cuatro chequeos médicos.

El objetivo del Gobierno es disminuir la desnutrición en seis puntos porcentuales hasta 2025.

Fuente: Primicias. 

Corren los 60 días de emergencia en la salud, decretada por el Presidente de la República el 17 de junio de 2022, para abastecer en un 90% de medicinas e insumos a los centros y hospitales de salud pública, del IESS y del ISSFA.

Se van a cumplir tres semanas desde la disposición del Ejecutivo y los pacientes y personal médico no ven resultados ante la emergencia del sector de la salud, a la que suma el cambio de autoridades con la salida de Ximena Garzón del ministerio.

“En diciembre de 2021 se asignaron USD 20 millones para el abastecimiento; es decir, para marzo ya debíamos estar abastecidos en por lo menos un 80%, pero hasta el momento no se han asignado los recursos”, dice Héctor Rosero, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana.

Según la evaluación que sustenta la declaratoria de emergencia, hasta el 31 de mayo, la disponibilidad promedio mayor a un mes de medicamentos fue de 69% y 71% de dispositivos médicos. 

Pero se necesita como mínimo el 90% para evitar la ruptura de stock; es decir que no se queden sin el producto y continúe así el desabastecimiento permanente.

La coordinación zonal 1, que contempla las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, es la más afectada, ya que tiene solo 53% de abastecimiento de medicamentos.

Le sigue la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, con el 61%.

Respecto a los insumos médicos, la zona 8 está por debajo del 54% de abastecimiento, seguida de la zona 4 (Manabí y Santo Domingo) con el 65%.

El Ministerio de Salud, en memorando del 27 de junio, estableció que se destinarán USD 19.919.639 para la compra de medicinas para las nueve zonas en las que está dividido el territorio para la atención del Ministerio de Salud.

Aunque la compra se realiza por emergencia, hay procesos que deben seguirse, según los lineamientos de la contratación pública, por lo que se han establecido dos formas, según explica el documento.

Fuente: Primicias.

El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá un pedido a la Defensoría del Pueblo para que se conforme una comisión de la verdad. El objetivo es que investigue lo sucedido en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Así lo decidieron 125 de 126 legisladores presentes, este martes 5 de julio de 2022.

La solicitud de cambiar el orden del día de la sesión 784, donde no se contemplaba este asunto, fue presentada por Esther Cuesta, asambleísta del correísmo. La iniciativa tuvo el respaldo de todas las bancadas, incluido el oficialismo.

Cuesta explicó que la finalidad de esta comisión será establecer la "verdad, justicia y reparación" para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos, y la reconciliación nacional.

El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, anticipó que su bancada no apoyará si se pretenden incluir amnistías como las que dejaron en la impunidad los hechos de violencia de las protestas de octubre de 2019. "Ha sido casi unánime la votación en el Pleno para que el tema se discuta", resaltó.

Ana Belén Cordero, del oficialismo, demandó que la investigación sea transparente con la participación de todos los sectores.

"Sabemos cómo funcionó octubre de 2019, entonces, ¿qué verdad quieren?¿La verdad de las personas que no pudieron trabajar 18 días? ¿La verdad de los comerciantes que estuvieron paralizados?¿De las florícolas que les obligaron a protestar?¿De las personas que murieron?¿De los policías y militares que fueron golpeados o asesinados?", cuestionó.

El proyecto de resolución dice en su texto principal:

·         Exhortar a la Defensoría del Pueblo para que constituya una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio del 2022 en el marco del paro nacional.

·         Que la comisión se constituya con la participación de expertos independientes, en representación de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos y gremios profesionales.

·         Que el informe sea entregado en el término de 90 días y se remita una copia certificada a la Asamblea Nacional.

·         Disponer a la Comisión especializada permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea que haga el seguimiento respectivo.

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (independiente), dispuso que este tema sea debatido, después de las comparecencias de autoridades de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los funcionarios fueron requeridos para que presenten informes sobre despido de personal de los hospitales, así como falta de medicinas e insumos.

A la par, la Comisión de Garantías Constitucionales ya adelanta una investigación sobre las protestas de junio pasado. Mientras, Pachakutik y el correísmo advirtieron que impulsarán pedidos de juicio político contra los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, sobre sus acciones en el paro.

Fuente: El Comercio.

La mañana de este martes 5 de julio de 2022, el director general del Registro Civil, Fernando Alvear, informó las medidas que se adoptarán para la tramitación de los pasaportes y cédulas de identidad.

Para la semana del 4 al 8 de julio, según la autoridad, se atenderá de 08:00 a 20:00, esto para poder cubrir la necesidad de quienes no pudieron acudir durante los días del paro nacional, que se dieron desde el 13 de junio. El resto del mes el horario será hasta les 18:00 de lunes a sábado.

El Registro Civil atendía en cédulas cerca de 170 000 usuarios mensuales, en pasaportes se entregan 40 000 documentos. En junio en cédulas se emitieron 195 000 y en pasaportes 37 000.

"Para julio con los turnos tomados se atenderá a 211 000 personas en cédulas y 50 000 en pasaportes. Por eso ya podemos decir que el Registro Civil ya entró en un 100% de capacidad operativa" comentó Alvear.

El funcionario informó que el 15 de agosto el Instituto Geográfico Militar (IGM) entreguará nuevos libretines para pasaportes, por lo que desde este 5 de julio los nuevos turnos que se generen serán para agosto. Se pasaría la entrega de 50 000 pasaportes en julio a 60 000 en agosto.

Sobre el tema de los turnos y pago el director general explicó que esto se realizó con el fin de que no existan tramitadores que estén vendiendo fuera de las instalaciones turnos, sino que sea personal e intransferible.

En los exteriores del Registro Civil había poco flujo de personas y las filas eran distintas a las del lunes 4 de julio. Alvear comentó que esto se debió a las dos semanas atípicas que vivió el país.

Al interior de la institución los usuarios comentaban que les tomaba cerca de 45 minutos la entrega de estos documentos. Sin embargo, las personas que iban por casos especiales como estudios o enfermedades debían esperar un tiempo y otros no podían ser atendidos porque no presentaban la documentación para respaldar su caso.

Fuente: El Comercio.