Una fecha tentativa para decretar la condonación de deudas de hasta USD 10 000 resultó de la reunión entre delegados del Gobierno y representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Si el Decreto Ejecutivo se emite antes del 17 de noviembre, la Fenocin podría suspender la movilización prevista para el 15.
Luis Mullo, dirigente Nacional de la Fenocin, dijo que el Gobierno planteó que el Decreto sobre la condonación se emitiría hasta el 17 de noviembre y que seguirán atendiendo el resto de los temas tratados en la reunión.
Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ya hay un borrador del Decreto. Él no participó en el diálogo del 7 de noviembre. Además, no hubo ningún documento oficial sobre el compromiso.
“Por eso es que para la Fenocin lo planificado sigue en pie”, declaró al justificar que la condonación beneficiará a productores de la región Costa que requieren reactivarse económicamente. No obstante, la movilización depende de una decisión colectiva.
Informó que durante esta semana se dará un encuentro con las organizaciones de la Costa que conforman la plataforma por los créditos y la condonación de la deuda de la banca pública. Darán a conocer el resultado de la reunión con el Gobierno y definirán la posición respecto a la movilización.
Pero adelantó que la convocatoria para salir a las calles no solo es por la condonación de los USD 10 000. Entre las demandas está el tema de la construcción de caminos vecinales que fue oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso, mencionó el dirigente.
En el acta de acuerdos de la mesa de fomento productivo consta que la partes concuerda en la necesidad de contar con un plan nacional de vialidad rural. Se designó al Ministerio de Agricultura para que socialice con las organizaciones indígenas la información sobre la situación actual de la vialidad rural y vías rurales pendientes por construir y mantener.
“Eso no se está atendiendo, si no hay buenos caminos vecinales ¿cómo sacamos nuestros productos de los territorios?, ¿cómo nos movilizamos? Son necesarios. Aspiramos que el Gobierno atienda lo más pronto posible, si lo hace antes del 17 de noviembre sería mucho mejor”, sostuvo. Si eso ocurre, hay la posibilidad de que se suspenda la movilización, pero es una decisión colectiva, reiteró.
Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, el subsecretario de Gobernabilidad, Sebastián Salazar, explicó en la reunión que se está evaluando el impacto fiscal de las condonaciones y que hay coincidencia en la aplicación de medidas compensatorias a las familias ecuatorianas, en el marco de la Ley.
Andrés Sánchez, delegado del Banco de Desarrollo, resaltó que esta entidad analiza la ejecución de las condonaciones. “Estamos trabajando en el desafío técnico de la condonación, en cumplimiento de la Ley, de manera responsable con los recursos económicos y compromisos crediticios”, señaló.
La economista Wilma Salgado, técnica de la Fenocin, participó en la reunión del 7 de noviembre. Dijo que los funcionarios no explicaron detalles del proyecto de Decreto para la condonación. A su criterio no hay razón para que se dilate la decisión de decretar pues lo establece la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
Argumentó que la condonación implica una cartera irrecuperable y cuando una institución financiera castiga una cartera y le atribuye la calidad de irrecuperable, automáticamente debe establecer provisiones.
Las provisiones son recursos que se restan de la utilidad bruta, es decir de los ingresos por intereses y comisiones, menos los pagos por intereses y comisiones. En consecuencia, no se necesita buscar ningún financiamiento sino cumplir la ley o si se quiere recapitalizar a BanEcuador, es otra historia, explicó Salgado.
La condonación de hasta USD 10 000 a productores, que tienen juicios de coactivas, tendría un costo de USD 150 millones, según se calculó en la mesa de banca pública y financiera, recordó la economista. No le ve sentido que BanEcuador gaste recursos humanos y monetarios en efectuar las coactivas porque se tratan de deudas irrecuperables.
Fuente: El Comercio.
