Locales

Según el expresidente de la República Rafael Correa, el asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Ronny Aleaga enfrentará una interpelación dentro del movimiento político Revolución Ciudadana, del que los dos son parte, por aparecer en una fotografía, aparentemente tomada en Miami (Estados Unidos) en la casa de un prófugo de la justicia.

En horas de la mañana de este 2 de junio, Rafael Correa en una entrevista con radio Majestad fue consultado sobre la aparición de Aleaga en una fotografía tomada, supuestamente, en la casa de Javier Jordán, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana en un proceso legal por asociación ilícita en el 2020.

“¡Dígame dónde está el delito!”, interpelaba eufórico Correa en la entrevista. “¿Cuál delito ha cometido Ronny Aleaga? Dónde está el delito, ¡soy el primero en acompañar a la Fiscalía a poner la denuncia!”, increpaba levantando la voz.

Pero luego, en horas de la tarde, el mismo Correa escribió un tuit respondiendo a uno de sus seguidores que le pedía explicaciones sobre lo ‘ético y moral’ en tomarse fotografías, y le contestó: “Muy claro: no es ético ni moral. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5 (movimiento político Revolución Ciudadana). No se me había informado que este tipo, Jordán, tenía orden de prisión. Eso cambia TOTALMENTE las cosas. Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país” (sic).

Hasta el momento, el legislador de la bancada de UNES no se ha pronunciado sobre esta fotografía y la relación que tendría con Jordán.

A la par de este hecho, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió una investigación alrededor del caso de Leandro Norero, quien fue aprehendido por un supuesto lavado de activos, junto con su esposa, su hermano y otras personas, por estar vinculado a una red que presuntamente se dedicaba al lavado de activos con empresas de fachada. A él se lo investiga por tener además aparentes nexos con grupos criminales que operan en la cárcel.

En la mesa legislativa se trata de determinar si este caso tiene conexiones con una red de corrupción hospitalaria y se convocó al comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas.

Policía confirma que mansión a nombre de esposa de Leandro perteneció a procesado por caso sobre corrupción hospitalaria

En medio de las preguntas, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, exhibió varias fotografías, una de ellas en la que aparece el legislador Aleaga en la casa de Jordán.

Salinas confirmó la presencia de Jordán y “aparentemente está un señor asambleísta, pero son actividades particulares...”, anotó.

Fuente: El Universo.

La Corporación Participación Ciudadana (CPC), dirigida por Ruth Hidalgo, hizo un llamado este jueves 2 de junio de 2022 a las autoridades con intención de reelección. La ejecutiva les exhortó a que no usen fondos públicos en la promoción de sus candidaturas. Eso implica una ventaja anticipada, según la organización.

La CPC difundió un comunicado en el que hace referencia al cumplimiento de las leyes vigentes en materia electoral, puesto que existe la declaratoria del periodo electoral a las elecciones seccionales del 2023 por aparte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el fin de “evitar la inequidad en las elecciones que se avecinan”, la organización que se califica como apartidista hace un exhorto a las autoridades que van a optar por la reelección.

Hidalgo pide “que se abstengan de usar recursos públicos para promocionar su imagen o su nombre, en la inauguración o entrega de obras“. Sostiene que “solamente el estricto cumplimiento de las normas vigentes fortalecerá a la democracia y promoverá autoridades comprometidas con la ética y el cumplimiento de la Ley”.

El exhorto de la CPC se fundamenta en el artículo 219 del Código de la Democracia. Esa norma prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.

El mismo articulado también determina que “está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas o candidatura alguna”.

Participación Ciudadana además advierte que al incumplir la prohibición se produciría “una situación de ventaja anticipada por parte del funcionario/candidato, frente a otros posibles candidatos”.

Según el cronograma electoral del CNE, la inscripción de candidaturas se hará entre el 22 de agosto y el 29 de septiembre del presente año. Mientras que la campaña electoral se efectuará del 3 de enero del 2023 al 2 de febrero de ese año.

En ese contexto, la organización sugiere esperar al momento en donde todos los candidatos, “en igualdad de condiciones” utilicen las franjas de publicidad entregadas por el Estado y no antes.

Fuente: El Comercio.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas rechazó un recurso de apelación presentado por los hermanos Willian y Roberto Isaías. Este hecho lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, este jueves 2 de junio del 2022. 

Ese recurso de apelación fue presentado para revertir la decisión que la juez Andrea Patiño dictó el pasado 1 de abril. 

Ese día, ella negó una acción de protección a los exdueños del extinto Filanbanco. Esa negativa se emitió durante una audiencia que se desarrolló en la Unidad Judicial de Durán. 

Con esa medida constitucional los hermanos Isaías buscaban “beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo”, señaló la Procuraduría.

Ese decir, los hermanos intentaban proteger sus bienes para impedir que se inscriba cualquier contrato o transferencia de dominio sobre esos inmuebles.

Sin embargo, jueces de la Sala de lo Civil del Guayas analizaron el pedido de los Isaías y durante una audiencia “declararon sin lugar” el pedido de acción de protección. 

“En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, continuará con la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”, indicó la Procuraduría, tras conocer ese fallo judicial. 

En marzo del 2022, ambos presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano por no menos USD 2 000 millones como una medida de indemnización por los bienes incautados en 2008 por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Además, el 11 de mayo del 2022, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Específicamente, todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. La Procuraduría, en cambio, apeló ese fallo, pero aún no hay resolución. 

Fuente: El Comercio.

Un grupo de jubilados patronales de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador exige el pago de sus jubilaciones retrasadas por casi dos años, mientras sus dirigentes mantienen este jueves 2 de junio del 2022 una reunión con funcionarios del Gobierno.

Desde horas de la mañana los jubilados protagonizan un plantón frente al Palacio de Carondelet. “No más prórroga”, exigen al Gobierno en sus consignas.

René Peralta, presidente Nacional de la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Ecuador del Grupo 16, dijoque para que se haga efectivo el pago es necesario que el Presidente de la República “firme la reforma al Decreto Ejecutivo 1057″.

Ese documento fue suscrito por el expresidente Lenín Moreno el 19 de mayo del 2020 y con él se dio paso a la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Sin embargo, “ahí no habla nada en relación a los extrabajadores y jubilados” de esa empresa y por eso es necesario la reforma, sostuvo el dirigente.

Son 21 meses que los jubilados no perciben sus derechos económicos. Señaló que han realizado varias diligencias y no obtienen respuesta favorable de ninguna institución, como el Ministerio de Transporte al que se traspasó la Empresa de Ferrocarriles.

“El Presidente tiene toda la documentación para que pueda conminar al Ministerio de Finanzas y por ende al de Obras Públicas y pueda solucionar este problema”, agregó Peralta. Para él el desembolso es factible porque existen excedentes petroleros.

El exconductor de trenes de la base de Riobamba José Ullauri relató que solo les dan largas a pesar de que existen dos sentencias a favor de los jubilados. El sueldo que se les adeuda por persona bordea los USD 5 500.

Según los dirigentes, son 400 jubilados perjudicados y la deuda pendiente estimada es de USD 2,5 millones. “Hoy queremos definitivamente una solución”, puntualizó Peralta antes de la reunión con los funcionarios del Gobierno.

Una funcionaria les solicitó conformar una delegación de cinco personas para dialogar en la Secretaría de Gobernabilidad. En el encuentro estuvieron el Viceministro de Transporte, delegados de la Presidencia de la República y la liquidadora de la Empresa de Ferrocarriles.

Según el presidente de la Asociación, las autoridades se comprometieron en resolver la situación, para lo cual definieron una próxima reunión para el próximo lunes a las 10:00.

Los jubilados esperan que ese día se dé el aval presupuestario desde Finanzas y Obras Públicas, y determinen la fecha en que se expida la resolución.

“Aspiramos que sean de palabra”, enfatizó el dirigente. Los jubilados advierten que, si no hay solución por escrito el lunes, seguirán con los plantones e incluso una huelga de hambre en la Plaza Grande.

Fuente: El Comercio.