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Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), los precios de los carros han subido 4% en promedio durante 2022, debido a la inflación.

El alza de los precios de las materias primas de los vehículos y mayores costes de transporte han provocado que los autos en Ecuador cuesten 4% más entre enero y julio de 2022 frente a iguales meses de 2021.

No obstante, para evitar que el consumidor final pague carros más caros, las empresas del sector automotor están asumiendo una parte de los incrementos de costos.

Lo dice el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), Genaro Baldeón.

Si las empresas automotrices no asumían parte de los costos, los precios de los autos habrían incrementado 10% entre enero y julio de 2022, frente a igual período de 2021, explicó Baldeón.

Esa estrategia del sector automotor permitió que las ventas de vehículos crezcan 15% entre enero y julio de 2022, frente a iguales meses de 2021, según Aeade.

Baldeón destacó que las ventas del sector automotor sumaron USD 5.000 millones en el primer semestre de 2022. P

Baldeón advirtió que en el escenario de alta inflación y estancamiento del crecimiento económico, las empresas no podrán seguir asumiendo sobrecostes.

“Algunas empresas han tenido que parar líneas de producción de vehículos”, dijo.

Por eso, representante del gremio pidió al gobierno de Guillermo Lasso que reduzca la carga de aranceles e impuestos que pagan los vehículos.

El pedido lo realizó durante una rueda de prensa realizada el 1 de septiembre de 2022.

El vocero de Aeade dijo que los vehículos ecuatorianos tienen 22 sobrecostes, entre aranceles e impuestos, que encarecen el producto al consumidor final.

Entre esos tributos están el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que puede llegar a 35% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 12%.

Para impulsar el crecimiento del sector, las empresas también han apostado por traer más variedad de vehículos con mejor tecnología y que producen menos contaminación.

Según Aedae, las empresas han traído al mercado ecuatoriano 133 modelos de vehículos híbridos y eléctricos.

La meta del sector es que las ventas de este tipo autos representen 7% del mercado en 2022, añadió.

El 8 de septiembre de 2022 el sector automotor presentará 20 nuevos modelos de autos durante la feria Automundo, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

Fuente: Primicias.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia argentina de Tucumán ha anunciado el miércoles 31 de agosto la muerte de una segunda persona infectada por un virus hasta el momento desconocido que le provocó una neumonía bilateral.

"Hemos detectado seis pacientes cursando una neumonía bilateral, de los cuales uno -perteneciente al personal de salud--falleció el lunes 29 de agosto de 2022, cuatro están internados graves, y uno en aislamiento domiciliario", dijo en una rueda de prensa el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, antes de que se diera a conocer la segunda muerte.

Todos los infectados empezaron a presentar síntomas entre el 18 y el 22 de agosto y han sido testeados para covid-19, Gripe, Gripe A e incluso B, dando todas las pruebas negativo, según ha detallado Medina en declaraciones a TV Pública.

"Posiblemente se trate de un agente etiológico infeccioso (un virus), y eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo", ha sostenido el ministro de Salud provincial, agregando que desde el 22 de agosto no hay nuevos pacientes con este cuadro.

Además, las autoridades sanitarias están trabajando para realizar la investigación del brote, lo que incluye el seguimiento de los contactos de los casos y acciones específicas de control en el centro de salud donde surgió el brote, según ha detallado el ministerio en un comunicado.

Todos los casos registrados corresponden a cinco trabajadores de salud y a una paciente del servicio de terapia intensiva del hospital privado de San Miguel de Tucumán.

Fuente: El Comercio.

La Contraloría confirmó glosas por USD 8,6 millones en procesos de compra de medicamentos, insumos médicos, prótesis y servicios de mantenimiento de equipos para el hospital Teodoro Maldonado Carbo (TMC) del IESS en Guayaquil.

Estas operaciones se realizaron entre el 2014 y el 2019. El ente control determinó seis índices de responsabilidad penal.

El informe de la Contraloría confirma responsabilidades civiles para 20 funcionarios y un proveedor.

"Las personas responsabilizadas no pudieron justificar precios sobreestimados de hasta el 992% en los presupuestos referenciales", señaló.

A inicios de semana, la Fiscalía del Guayas emitió dictamen acusatorio contra nueve procesados por su presunta participación en el delito de peculado en el TMC.

En la audiencia preparatoria de juicio, el juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, acogió en parte el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Julia M. P., Carlos V. F., César V. B., Angélica R. J., Susana S. E., Andrés L. H. y Juan M. A., a quienes les ratificó las medidas de presentación ante la autoridad judicial y su prohibición de salida del país; mientras que para Jorge E. A. (quien se encuentra prófugo), se mantiene la orden de prisión preventiva.

A todos los procesados se les dispuso la prohibición de enajenar bienes.Contra Cristhian L. K., el Juez dictó auto de sobreseimiento.

Fuente: El Comercio.

“La verdadera intención de este juicio político es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado”. Así lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al defenderse del proceso que impulsa el correísmo y el PSC en la Asamblea.

Murillo, junto a Ruth Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo, se presentaron en el Pleno y pidieron el archivo de esta causa, a la que tacharon de infundada.

Sin embargo, no se presentó la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, quien también enfrenta este proceso.

Cada uno tenía tres horas para presentar sus descargos, pero no requirieron más de hora y media. Ellos intervinieron después de que sus interpelantes, Viviana Veloz (Unes) y Luis Almeida (PSC), plantearon que sean destituidos por supuesto incumplimiento de funciones.

“No cabe duda que nada tiene que ver con mejorar la administración de justicia, con el supuesto incumplimiento de funciones de los vocales de la Judicatura (…). Ya lo intentaron: comisión de la verdad, no les funcionó. Ya lo intentaron removiendo a Fausto Murillo para tomarse el Consejo de la Judicatura, les funcionó dos meses y en dos meses se tomaron Guayaquil y Guayas, y pusieron a los jueces que quisieron en Samborondón e ingresaron en un mes 60-80 personas en Guayas”, anotó Murillo.

Las autoridades de la Judicatura defendieron la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019, al que Veloz y Almeida tacharon de ilegal.

“Le liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad. Eso hizo el Consejo de la Judicatura con la evaluación a la Corte Nacional de manera técnica”, adujo Murillo.

“La justicia estaba cooptada por el poder político. ¿Recuerdan si sentenciaron casos de corrupción? No. ¿Recuerdan el caso come cheques? ¿Recuerdan al fiscal Chiriboga, al fiscal Baca Mancheno? Acusaban a quienes no se sometían al régimen”, acotó.

El vocal Juan José Morillo aseguró que “este llamado a juicio político es una fiel copia de la acción de protección interpuesta por el exasambleísta Fausto Jarrín, no solo con el objetivo de censurar a este Consejo de la Judicatura, sino abonar elementos a los procesos internacionales”.

También aludió a las gestiones de los excolaboradores del régimen de Rafael Correa, Gustavo Jalkh y Paulo Rodríguez en la Judicatura, donde señaló que se “amedrentaba a jueces que no cumplían órdenes”.

Aseveró que “solo por las travesuras de Jalkh”, este organismo ha pagado USD 5,2 millones a jueces que fueron destituidos como producto de la persecución, y que todavía falta por pagar otros USD 6 millones. “Es decir, el chiste del tiempo de la metida de la mano a la justicia nos va a costar USD 11 millones”, dijo.

Tanto Morillo como Barreno rechazaron que los asambleístas usarán audios obtenidos de forma ilegal, como parte de este proceso de interpelación. Negaron haber presionado a jueces por fallos judiciales.

Después de sus intervenciones, el Presidente de la Asamblea suspendió la sesión a la 1:30 de este jueves y anunció que se retomará a las 10:00. Allí los interpelantes y los interpelados tendrán una hora cada uno para su réplica.

Maldonado pidió por escrito que se leyeran sus descargos que en su momento entregó a la Comisión de Fiscalización.

Fuente: El Comercio.