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La tragedia ha llamado a las puertas de Uvalde, Texas. La noche del martes, el nombre de Salvador Ramos, un joven de 18 años, estaba en boca de todos los habitantes de esta comunidad de mayoría latina a medio camino entre la ciudad de San Antonio y la frontera de México. Frente a la escuela primaria Robb, donde fueron asesinados 19 menores y dos maestras en lo que ha sido la peor matanza en una escuela en una década, dos vecinos hablaban del atacante. “Era calladito. Y dicen que sí le gustaba jugar esos videojuegos de tiros, Call of Duty y Modern Warfare”, contaba a este periódico Eric, quien no quiso revelar su apellido, pero cuyo hijo mayor estudia en el mismo instituto que el tirador, quien fue abatido por policías dentro de la escuela.

Eric, de 44 años, vestido con una camiseta y gorra de camuflaje, llevaba una pistola en la cintura. Las armas son populares en Texas, un estado que permite llevarlas sin necesidad de tener un permiso especial para portarlas. Las pistolas y rifles también son populares en esta comunidad, donde hay mucho aficionado a la cacería y a la pesca. De acuerdo a este vecino, Salvador Ramos era “buena gente”, pero era víctima de bullying en el instituto. “Mi hijo me dice que conoce a un muchacho al que le gustaba pegarle a él”, asegura.

El teniente Christopher Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha asegurado a la prensa que Ramos entró a la escuela vistiendo una “armadura corporal”. Testigos afirman que iba armado con un rifle automático y una pistola. 

Formó una barricada dentro de un aula de cuarto grado, donde minutos antes se había llevado a cabo una ceremonia de fin de curso y una entrega de diplomas. La escuela tenía matriculados 535 estudiantes en el ciclo escolar que terminó en 2021. Muchas de las víctimas del tiroteo tenían 10 años.

Ramos vivía con sus dos abuelos maternos, Rolando Reyes y Celia Martínez, en una casa de una sola planta en la calle de Díaz, a pocos metros de la escuela. La madre del agresor, Adriana Martínez, no vivía con ellos, sino en otra parte del pueblo. 

“Su mamá andaba en malos pasos”, contaba en la noche del martes uno de los vecinos de esa calle. Por ello es que los abuelos se hicieron cargo de Salvador, cuyo padre no estaba presente en su vida. 

La zona está poblada por americanos de primera o segunda generación, hijos de migrantes mexicanos. Casi todos hablan español. De acuerdo con Roland Gutierrez, un senador local quien tuvo acceso a las partes policiales, Ramos nació en Dakota del Norte.

Según el relato de las autoridades, Ramos discutió con su abuela antes de cometer el crimen. El joven había subido a las redes sociales fotografías de las armas que había comprado de forma legal en una tienda de la localidad. La abuela, de acuerdo con algunos vecinos, sabía de los planes de su nieto y quiso impedir que los llevara adelante. Para zanjar la discusión, Ramos disparó contra su abuela, de 66 años, quien fue trasladada a un hospital de San Antonio y se encuentra en estado crítico. En el patio de la casa quedó tirada una mochila llena de munición.

Ramos tuvo algunos trabajos en el pueblo. Los periodistas que han llegado a Uvalde después de la matanza han visitado Wendy’s, el restaurante de hamburguesas y comida rápida en el que trabajó durante un año y que abandonó el mes pasado. Lo que han hallado de momento es el retrato del joven tímido sin muchas amistades que tenía dificultades para entablar relaciones sociales. “Muchos de mis empleados hablan entre ellos y son amigables. Él no era así. Creo que nadie lo conocía”, dijo el coordinador nocturno de la cadena a The New York Times.

Fuente: El País. 

El juez ratificó la prisión preventiva para dos exfuncionarios del área de Compras Públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, prófugos de la justicia. También dispuso la difusión a la Policía Internacional (Interpol) para su localización. 

Tres exfuncionarios y un proveedor fueron llamados a juicio por peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El caso, presentado por Fiscalía, data de un contrato de 2018, que habría ocasionado un perjuicio de USD 300.000. 

En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, la tarde del martes 24 de mayo, el fiscal César Suárez presentó como elementos de convicción, el resultado de un informe de Indicios de Responsabilidad Penal, emitido por la Contraloría General del Estado, por el periodo del 1 de enero de 2014 y al 31 de octubre de 2019. 

Además, las pericias de contratación pública y contables, el informe de la Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el informe de requerimientos oficio y memorándum emitidos por la casa de salud, con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios de pagos y las acciones de personal de los exfuncionarios de la casa de salud. 

Tras escuchar los alegatos, el juez de Garantías Penales, Roberto Calderón, llamó a juicio a Gustavo Peralta, exdirector del hospital durante la administración del entonces gerente Luis Jairala Zunino, investigado como coautor de peculado. 

También irán a juicio Jorge Josué H. A. y Cristina María A. R., exjefe y exasistente de Compras Públicas, respectivamente; y Juan Pablo J. D., proveedor del hospital. 

El juez ratificó la prisión preventiva a los dos exfuncionarios de Compras Públicas, y como se encuentran prófugos, dispuso la difusión a la Policía Internacional (Interpol) para su localización. 

Peralta y el exproveedor tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada 15 días ante la autoridad judicial. Todos los procesados prohibición de enajenar bienes. 

En este proceso fueron sobreseídos César Antonio T. G., Juan Vicente M. A. y Lady Gabriela Z. V., integrantes de la comisión técnica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Fiscalía apeló verbalmente el sobreseimiento. 

El monto total del contrato investigado asciende a USD 938.969, cual estaba destinado a la compra y adquisición de insumos médicos como cánulas de guedel, filtro bacteriano, humificador descartable y estéril, sondas, filtro higroscópico, entre otros productos, para la Unidad de Terapia Respiratoria del hospital. 

En varios allanamientos ejecutados la noche del 25 de febrero en Guayaquil, varias personas fueron detenidas por su presunta participación en delito de peculado.

Fuente: Primicias. 

Dos ecuatorianos ganaron el premio Goldman, que reconoce las iniciativas de activistas comunitarios en temas de derechos de la naturaleza. El reconocimiento se entregará la tarde de este miércoles 25 de mayo del 2022 en una ceremonia transmitida por Internet.

Los galardonados son Alex Lucitante y Alexandra Narváez, del pueblo A’i Cofán, por la defensa del territorio de Sinangoe, en Sucumbíos. Un jurado internacional seleccionó a los jóvenes líderes indígenas, de 29 y 30 años, respectivamente.

Este es el mismo premio que le fuera concedido a la líder waorani Nemonte Nenquimo, en el 2020. Lo entrega desde hace 33 años la Fundación Ambiental Goldman.

Gracias al liderazgo de Lucitante y Narváez, se pudo denunciar y detener las actividades extractivas, realizadas mediante concesiones mineras, que causaban un grave daño a su entorno y a la vida del pueblo A’i Cofán asentada en las riberas de los ríos Chingual y Cofanes, y que luego forman el río Aguarico, dentro y cerca de la Reserva Ecológica Cayambe–Coca.

La lucha del pueblo A’i Cofán se plasmó en una acción judicial que dio como resultado que la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el 16 de noviembre de 2018, declarara ilegales las 52 concesiones mineras en el territorio de este pueblo ancestral. 

Finalmente, la Corte Constitucional tomó este caso como un referente para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre actividades extractivistas en sus territorios. La CC, en noviembre del 2021, efectuó una sesión extraordinaria en ese lugar para dar a conocer los términos de su sentencia.

En un diálogo con El Comercio, Luctitante y Narváez recordaron que al menos unos 70 comuneros estuvieron en la acción que permitió conseguir y detallar las pruebas que demostraban la incursión de minería autorizada por el Gobierno central para la explotación de oro en las riberas de los ríos que su pueblo ha utilizado para pescar y cazar desde hace cientos de años.

Su lucha es innovadora. Utilizaron drones y sistemas de geoposición satelital que fraguaron una sólida exposición de su reclamo en los tribunales ecuatorianos.

El Premio Goldman fue creado en 1989 por los filántropos y Rhoda y Richard Goldman, y se entrega en San Francisco, Estados Unidos. Hasta este año, el premio ha honrado a 213 ganadores, incluidas 95 mujeres, de 93 países.

“Si bien los muchos desafíos que enfrentamos pueden parecer abrumadores y, en ocasiones, hacernos perder la fe, estos siete líderes nos dan una razón para la esperanza y nos recuerdan lo que se puede lograr frente a la adversidad”, dijo Jennifer Goldman Wallis, vicepresidenta de la Fundación Medioambiental Goldman, en un comunicado en el que se anunció que dos ecuatorianos ganaron el premio Goldman.

Fuente: El Comercio.

Un estudiante de la sección nocturna de un colegio de Daule, en la provincia de Guayas, fue asesinado la noche del martes 24 de mayo de 2022.

El reporte preliminar de la Policía Nacional, citado por el medio digital CostaEcuador, detalla que la nueva víctima tuvo varios impactos de proyectil en su cuerpo que comprometieron su vida. La víctima fue identificada como Roberto Lenin Gutiérrez, de 21 años.

Según versión de ciudadanos que viven en el sector solo escucharon las detonaciones, sin embargo, no vieron ningún vehículo en la escena.

Desde la Policía Nacional se informó que unidades especializadas investigan este nuevo caso de sicariato, registrado cuando aún está en vigencia el estado de excepción.

Fuente: El Comercio.