Han pasado cuatro meses desde que accedieron a un hábeas corpus. Los hermanos Héctor y Luis -nombres protegidos- creyeron que sería la vía más rápida para conseguir el tratamiento y la atención médica que piden con desesperación, mientras cumplen una sentencia en la Penitenciaría del Litoral.
“Están enfermos -cuenta Mayra, su hermana-. La hipertensión y la diabetes los tiene demacrados y adentro solo les dan Paracetamol”.
El ayuno obligatorio durante la última masacre los dejó esqueléticos. Por más de una semana después de la guerra sangrienta del 29 de septiembre no hubo comida y tuvieron que resistir con un par de galletas al día.
Afuera la familia perdió el apetito. Solo esperaban que no aparecieran en la lista de fallecidos y recobraron el aliento cuando recibieron una llamada del pabellón 6, aunque fue poco alentadora: su diabetes había empeorado y la hipertensión se disparó.
“Uno tiene dolores de cabeza, mareos frecuentes, hasta se ha caído de la litera; la mano derecha se le duerme, las cosas se le caen y tiene problemas estomacales. Al otro le duelen los huesos y tiene la piel llena de granos”.
Durante el siguiente mes, Mayra intentó ingresar medicinas y casi siempre una nueva alerta de violencia lo impedía. También pidió un chequeo para sus hermanos de 40 años, pero en la cárcel le dijeron que ningún médico entraría en esos días de terror.
Buscó el apoyo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) para el hábeas corpus. En la sentencia una jueza ordenó pruebas médicas y consultas con un endocrinólogo en un hospital público, así como un tratamiento con “medicina especializada”. El plazo para hacerlo fue de 48 horas.
“Dicen que el proceso es rápido, que se aplica de inmediato -relata Mayra-. Ya tenemos meses en esto y solo les han dado unas pastillas para la diabetes”.
El dictamen se cumplió a medias. En el centro de salud al que fueron llevados le tomaron una muestra de orina de Luis. El resultado indicó que los niveles de glucosa estaban alterados, pero según el informe médico, no es una enfermedad crónica.
Antes, en la audiencia, una delegada del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) dijo que la diabetes y la hipertensión “no son enfermedades catastróficas”, y que la institución “no tiene la capacidad de otorgar medicamentos o valoraciones”.
El diagnóstico de Carlos -nombre protegido- tampoco era urgente para los directivos del centro penitenciario. En noviembre, un mes después de ingresar por robo, el extranjero sufrió una fractura de peroné.
Por semanas pidió traslado al policlínico de la prisión para un chequeo; la respuesta nunca llegó, el dolor era más intenso y la infección avanzó. Ni siquiera un exhorto de la Fundación Dignidad para que fuera derivado a un centro de salud funcionó.
A la distancia, su familia pidió ayuda al CDH para presentar un hábeas corpus en febrero. Fue aceptado y tras un mes enviaron un llamado de atención a la Penitenciaría para que se ejecute.
El 30 de marzo el Snai autorizó su salida a un hospital público, donde esperó otros ocho días antes de ingresar al quirófano. Hasta la semana anterior seguía en recuperación, bajo resguardo policial, pero ayer notificaron su fuga. Para el Comité este tipo de infracciones debilitan el mecanismo de protección.
Un informe del CDH denuncia los tratos inhumanos a los internos que padecen enfermedades. “Las personas que están en prisión solamente deberían estar impedidas del libre tránsito, pero el resto de derechos no existen en la Penitenciaría, como la salud”, cita el reporte del organismo.
Por eso Mayra recurrió al hábeas corpus, aunque los abogados públicos que contactó le dijeron que sería imposible.
Otros, particulares, le pidieron USD 2 000 para acelerar el recurso, pero su familia apenas puede cubrir los gastos de alimentación en la cárcel; conseguir un queso para sus hermanos, por ejemplo, les ha costado USD 50.
Con el apoyo del CDH seguirá insistiendo para que Héctor y Luis sean atendidos. Le preocupa que deban soportar los 30 meses de su sentencia por porte de estupefacientes, sin un tratamiento.
En mayo de 2021 se los detuvo en una casa del suroeste de Guayaquil, donde se halló drogas.
“Solo pedimos por su salud. Si cometieron un delito lo pagarán, pero al menos deben recibir su medicación -suplica esta hermana-. Es injusto que quien tenga dinero salga, mientras otros seguimos largos procesos que quizá nunca se cumplan”.
Fuente: El Comercio.
