Salud

La Ley es clara: nadie debe construir sobre la vereda. Sin embargo, en Quito esa normativa no se respeta. Para comprobarlo, basta con hacer un recorrido por el norte, centro y sur del Distrito.

En la av. De la Prensa y Sabanilla, Cotocollao, la vereda está bloqueada por una casa, cuyos dueños decidieron ampliarla y tomarse parte del espacio público. Allí, la acera oriental tiene cerca de 2,60 m de ancho, pero dos edificios ocupan 1 metro de ese espacio.

Por si fuera poco, la siguiente casa le gana a la vereda 70 centímetros más. Deja libres apenas 90 cm para el paso de la gente.

El problema es que Cotocollao es una zona comercial, por donde caminan cerca de 50 000 personas al día. Solo en esa cuadra hay 44 locales comerciales.

Dos cuadras al norte, la situación se complica más. En la orilla de en frente, una casa ocupa casi todo el espacio. Quedan libres solo los 30 cm donde se levanta un poste. La gente no tiene más opción que bajar y compartir el pavimento con buses, camiones y motos.

En los alrededores de El Ejido, en cambio, las casas tienen tres o cuatro escalones del ingreso principal sobre la acera. En la calle Luis Felipe Borja, esa franja mide menos de 40 centímetros; y en algunos tramos desaparece por completo.

En la calle Carchi, en San Juan, hay casas que utilizan la vereda como acceso. Debido a que este barrio se asienta sobre una montaña, los terrenos tienen grandes pendientes y los dueños de algunas casas optaron por tender un puente entre el filo de la calle y la puerta de acceso, bloqueando la acera. 

Angelita Coronado vive en el sector desde hace 25 años. Dice que su abuelo edificó la casa y que desde el inicio las gradas de acceso principal se levantaron en la orilla. Nunca les han llamado la atención los vecinos ni las autoridades.

En Solanda y El Pintado, sur de Quito, es común ver que las viviendas tienen estacionamientos pequeños, y cuando las personas se compran un auto grande, colocan puertas de garaje de forma rectangular para ganar el espacio.

EnLas Casas, en cambio, un cuartel policial ubicado en la Mariana de Jesús irrespetó la vereda y levantó una garita.

Según la Agencia Metropolitana de Control, AMC, cuando se observa una edificación que ocupa parte del espacio público, se pide a la administración zonal las características y el replanteo de la vía, para determinar la infracción.

Si se constata, se inicia un proceso y el dueño de casa puede presentar documentos de descargo, por ejemplo, demostrar que su casa estaba ahí antes de que se construyera la vía. Caso contrario, la sanción va desde USD 4,25 por m² de construcción. 

En 2021, la entidad registró nueve actuaciones previas por esa falta. Se trata de inspecciones en las que se identifican incumplimientos y se levanta información para luego iniciar con el procedimiento sancionador. En lo que va de este año todavía no hay casos.

Pablo Moreira, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, apunta que, dependiendo de la zona, una vereda puede tener entre 1,20 y 3 metros, pero que lo ideal es que tenga mucho más, como ocurre en otras ciudades del mundo. Con veredas más amplias, dice, la ciudad se vuelve más segura y más vivible. De allí la importancia del control que realiza el Municipio para hacer cumplir la norma.

Para Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción, se debe analizar cada caso. Hay viviendas que solo ocupan la vereda con el cerramiento.

En esos casos, sí se lo debe derrocar, pero cuando en esa zona está la casa, es más complicado porque se vuelve un problema social.

Trae a colación que las casas informales forman el 70%; se construyeron sin ficha técnica, sin parámetros ni normativas. Insiste en que el Cabildo no cuenta con personal para hacer ese control, por lo que debe buscar alianzas con la academia.

Fuente: El Comercio.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dio a conocer nuevos detalles sobre el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa desde Bélgica. 

Este martes 10 de mayo del 2022, él confirmó que el alto Tribunal aún no ha remitido la solicitud jurídica de extradición a la Cancillería de Ecuador. Por lo tanto, ese trámite diplomático con Bélgica aún no inicia. 

Saquicela explicó que es necesario traducir al francés la sentencia y las pruebas que sustentan la condena de ocho años en contra de Correa, por el delito de cohecho en el caso Sobornos.

Esa traducción está en manos de un perito, acreditado por el Consejo de la Judicatura. “Hasta el momento no se ha enviado este expediente a Cancillería porque se deben traducir 3 000 hojas”, indicó Saquicela.

Hace 15 días el perito inició ese trabajo y el plazo para entregar la traducción de la sentencia vencía este 10 de mayo del 2022. Sin embargo, el perito solicitó una prórroga hasta el próximo 26 de mayo. 

El perito habría solicitado un tiempo adicional, porque el texto que debe traducir tiene un lenguaje técnico jurídico. “Se aspira, sin lugar a dudas, hacer un trabajo de traducción correcto”, indicó Saquicela. 

Luego de eso, ese expediente judicial, en idioma francés, será enviado a la Cancillería del Ecuador. Esa entidad será la responsable de realizar el pedido formal de extradición a Bélgica. 

“La responsabilidad de la Corte es cumplir jurídicamente el pedido de extradición, hasta ahí llega nuestro trabajo. Del resto debe encargarse Cancillería”, dijo el titular de la Corte Nacional. 

El 6 de mayo del 2022, el canciller Juan Carlos Holguín también dijo que la Corte Nacional de Justicia “todavía no envíala documentación traducida. Apenas se envié el pedido, nosotros lo trasladaremos”, indicó el funcionario. 

Este proceso arrancó el 22 de abril del 2022 cuando Saquicela firmó la providencia para iniciar el trámite contra el exmandatario.

Holguín también dijo que aún no se confirma si es oficial o no que Bélgica le haya otorgado refugio a Correa, como indicó la defensa del expresidente.

Sin embargo, el 6 de mayo pasado, medios de comunicación europeos indicaron que el Ministerio de Justicia belga dijo que no aceptará ningún pedido de extradición de Ecuador, pues el expresidente ecuatoriano tendría un estatus de refugiado.

El Gobierno de Bélgica habría confirmado al equipo de abogados del expresidente Rafael Correa que su estatus de “refugiado político” le protege frente a una extradición.

El objetivo de Ecuador es que Correa comparezca ante la justicia ecuatoriana. En su contra hay una sentencia ejecutoriada por cohecho y un proceso judicial vigente por el secuestro del activista político Fernando Balda. 

Fuente: El Comercio.

El gigante tecnológico Apple anunció este martes, 10 de mayo de 2022, el fin de la fabricación de iPod, una línea de reproductores de música portátiles que lanzó en 2001 y que ha perdido popularidad con el desarrollo de otro tipo de dispositivos.

La firma estadounidense explicó en un comunicado que los últimos iPod touch, el modelo de iPod más reciente, seguirán disponibles hasta agotar sus existencias.

Apple afirmó que desde hace más de 20 años “el iPod ha cautivado a usuarios de todo el mundo que adoran la posibilidad de llevar la música consigo dondequiera que vayan”, pero esta función está hoy presente en otros productos de la compañía, como iPhone, Apple Watch, iPad y Mac.

“La música siempre ha sido parte central de Apple, y llevarla a cientos de millones de usuarios de la manera en que iPod lo hizo no solo impactó a la industria musical, sino que también redefinió la manera de descubrirla, escucharla y compartirla”, dijo Greg Joswiak, vicepresidente de Mercadotecnia de la compañía.

Joswiak reivindicó en el comunicado que “el espíritu de iPod sigue vivo” en todos los otros productos de Apple que permiten reproducir y compartir canciones.

El primer reproductor digital de música de Apple conocido como iPod se presentó en la Apple Music Event celebrada en octubre de 2001.

Los primeros iPod tenían una capacidad de 5 y 10 gigabites y a su moderno diseño unían una gran calidad de reproducción.

Pero la idea genial detrás del invento fue su vinculación con la tienda virtual iTunes Store, que convirtió a Apple en proveedor de contenidos multimedia.

Apple lanzó en 2019 el último modelo de iPod touch, al que añadió las funciones de un teléfono inteligente, pero sin llamadas ni mensajes de texto con capacidad de 32 y 128 gigabites.

Fuente: El Comercio.

La madre de un menor de seis años en Michigan, Estados Unidos, enfrenta cargos por abuso infantil en segundo grado luego de que su hijo llevó por error al colegio gomitas que contenían marihuana e intoxicó a al menos cinco de sus compañeros de escuela.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril en la escuela primaria Edgerton cuando al menos 18 niños comenzaron a presentar náuseas y letargo. Cuatro de ellos fueron llevados al hospital por la intensidad de sus síntomas.

En un principio, según el alguacil del condado de Genesee, Christopher Swanson, las autoridades creyeron que los menores sufrieron una intoxicación con monóxido de carbono.

Sin embargo, las investigaciones permitieron demostrar que los menores habían consumido THC, o tetrahidrocannabinol, una sustancia que, según People, hace parte de las plantas de cannabis.

Según el diario local WNEM, la madre del menor que llevó las gomitas con marihuana a la escuela había comprado un frasco de THC en agosto de 2021.

La mujer utilizó este producto para incorporarlo a sus gomitas. Posteriormente, dejó las gomitas en un frasco que quedó a la vista de su hijo.

El menor de seis años encontró las gomas y las llevó al colegio para compartirlas con sus compañeros. Fue allí cuando se produjo la intoxicación de varios pequeños del aula de 24 estudiantes.

“La oficina del alguacil cree que cada goma que ingirieron los niños podría tener hasta 30 miligramos de THC“, afirmó el diario WNEM.

Melinda Gatica, como fue identificada la madre del menor que involuntariamente intoxicó a sus compañeros con las gomitas, se entregó el pasado 4 de mayo ante las autoridades.

Ahora, la mujer enfrenta cargos por abuso infantil en segundo grado, un delito que la legislación castiga con hasta 10 años de cárcel.

“Si vas a hacer comestibles, comer gomitas, tienes que mantenerlos seguros”, aseguró David Leyton, fiscal del condado de Genesee.

Fuente: El Comercio.