Salud

La polémica sobre cómo quedó la ley que garantiza el aborto en casos de violación tras el veto presidencial está lejos de terminar. Dos legisladores planean iniciar un nuevo capítulo al llevar la norma a la Corte Constitucional.

Los asambleístas Alejandro Jaramillo (independiente) y Johanna Moreira, (Izquierda Democrática) anunciaron que llevarán la ley a la Corte Constitucional, pues planean presentar una demana de inconstitucionalidad.

Los asambleístas sostienen que el texto, que entrará en vigencia luego de que la Asamblea no aprobara ni negara el veto del Ejecutivo, tiene tres artículos que violentan derechos de las niñas y mujeres, uno que elimina los derechos de las personas de diversidad sexogenérica y uno que incorpora un posible delito.

El veto Presidencial fue tan extenso que hasta cambió el nombre de la norma, que pasó de llamarse Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres a Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación. El Primer Mandatario, además, sostiene que el aborto no es un derecho.

Artículos 17, 19, 20, 27 y 32 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación generaron descontento al especificar que:

·         Diversidades sexogenéricas: Elimina los derechos de las diversidades sexuales que permitía que una persona de diversidad sexogenérica pueda practicarse un aborto en caso de sufrir una violación.

·         Plazos: A efectos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, salvo el caso de personas con discapacidad, el plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación.

·         Requisitos: La víctima o cualquier persona que conociere el hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad; que se hubiere suscrito por parte de la víctima, una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante; finalmente, se practique examen de salud por parte del médico tratante o el médico legista, según sea el caso, en el cual, bajo juramento, se certifique que la solicitante presente serios indicios de haber sido víctima de violación. En todos los casos, la víctima debe firmar un formulario de consentimiento informado.

·         Objeción de conciencia: Objetar de conciencia a la práctica del aborto consentido en casos de violación, de forma personal, colectiva e institucional, en este último caso con la excepción de los hospitales públicos.

·         Infanticidio: “Asimismo, es imperativo incorporar el supuesto de comisión de infanticidios, considerando que, frente al aborto, existe la posibilidad de que la vida del feto sea viable fuera del útero y el nasciturus que iba a ser abortado sea extraído fuera del útero con vida. Según la Constitución en su artículo 45, el artículo 63 del Código Civil, la sentencia de la Corte numeral 194 literal c ) que habla sobre el desarrollo progresivo del nasciturus y el artículo 140 numeral 2 , terminar deliberadamente con la vida del niño o niña o dejarlo fallecer si ha sobrevivido a un aborto, es un delito. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de investigarlo y garantizar los medios por los cuales pueda ser perseguido el delito, siendo uno de acción pública”.

Jaramillo dice que “la ley propuesta por el Presidente revictimiza a las mujeres porque no solo deben soportar la violación, sino que están obligadas a denunciar a su agresor, que muchas veces es parte de su círculo íntimo“.

Además, dice, la objeción de conciencia propuesta por el Ejecutivo permitirá que una clínica privada instaure como política institucional la decisión de no practicar abortos. “Esta decisión debería ser únicamente de los médicos. Algo personalísimo”.

La asambleísta Moreira, en cambio, sostiene que el plazo de 12 semanas para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro perjudica directamente a las niñas de los sectores más vulnerables. “Una niña de 10, 11 o 12 años puede demorar más de tres meses en darse cuenta de que está embarazada y ya no podrá abortar”, explica.

Colectivos feministas como Surkuna y la Fundación Desafío anuncian que también demandarán la ley ante la Corte Constitucional.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, coincide con Moreira en que la ley obstaculizará el aborto de las niñas. Por eso, también analiza la posibilidad de solicitar medidas cautelares o una acción de protección para evitar la aplicación de algunos artículos.

Eso mientras la demanda llega a la Corte Constitucional.

La activista ejemplifica los requisitos que la ley impone para que una mujer pueda acceder al aborto. “No se puede revictimizar a una niña o a una mujer que ha sido violada”, insiste.

Sobre la figura de infanticidio, Gómez de la Torre cree que se trata de un artículo diseñado para imponer temor a los médicos que practiquen los abortos. Moreira considera que ese artículo también busca “que las mujeres piensen que pueden ir presas si abortan tras una violación“. Por eso, dice, el veto presidencial es “inhumado y discriminatorio”.

Tanto los asambleístas Jaramillo y Moreira, así como los colectivos sociales, están a la espera de que la ley sea inscrita en el Registro Oficial para demandarla ante Corte Constitucional.

El 14 de abril de 2022, un día antes de que venciera el plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el veto del Ejecutivo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó al Pleno a una sesión para tratar el tema. Pero en la sesión Llori no dio paso a la moción del asambleísta Alejandro Jaramillo para votar por la ratificación del texto que había sido aprobado por el Legislativo, el 17 de febrero de 2022. A pesar de que Jaramillo era el asambleísta ponente y Presidente de la mesa legislativa que presentó el informe que fue aprobado en febrero.

Al contrario, sí dio paso a la moción de la asambleísta correísta Pierina Correa, que buscaba allanarse al veto presidencial. Esa moción no tuvo los votos necesarios y de inmediato Llori suspendió la sesión deseando un buen feriado a los legisladores.

Con el cierre de la sesión y con los plazos vencidos, la ley debe entrar en vigor con los cambios propuestos en el veto presidencial. Lo único que falta es que la Asamblea conteste al Ejecutivo por qué no se aprobó ni negó el veto parcial.

Fuente: Primicias.