El 31 de mayo de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo de USD 4.000 millones. Los primeros USD 1.000 millones estarán disponibles de inmediato, según el Ministerio de Finanzas. Este programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF), que durará 48 meses, requiere que el Gobierno implemente varias medidas para reducir el déficit fiscal y alcanzar un superávit primario a mediano plazo.

Una de las medidas clave a las que se comprometió el Gobierno es la focalización de los subsidios a los combustibles. En la carta de intención, el Ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, explicó que en 2023 el Estado gastó USD 3.200 millones en subsidios a los combustibles. Vega destacó que muchos de estos subsidios benefician a quienes no los necesitan, fomentan el consumo excesivo de combustibles fósiles, perjudican la transición energética, dañan el medio ambiente y crean oportunidades para la corrupción y el contrabando.

El presidente Noboa ya había anunciado el 7 de mayo de 2024 que se planea eliminar el subsidio a las gasolinas de bajo octanaje: Extra y Ecopaís. En 2024, se esperaba gastar USD 3.092,6 millones en todos los subsidios a combustibles, de los cuales el 20,4% (USD 631 millones) se destinaba a estas gasolinas. La eliminación de estos subsidios podría permitir un ahorro significativo para el Estado.

El economista Freddy García sugiere que la eliminación del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje permitirá un ahorro rápido, especialmente si se implementa a través de un decreto ejecutivo en junio. El ahorro inmediato contribuiría a las metas fiscales del Gobierno.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), señala que la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís es un primer paso necesario para aliviar la presión fiscal. Sin embargo, advierte que el mayor impacto vendría de revisar el subsidio al diésel, que en 2024 representará USD 1.500 millones, casi la mitad del gasto total en subsidios a los combustibles.

El acuerdo con el FMI incluye un compromiso del Gobierno para proteger a los sectores más vulnerables mediante un sistema de compensación. Aunque no se han dado detalles específicos, el ministro de Energía, Roberto Luque, mencionó que se ha elaborado una base de datos robusta de los afectados para implementar la compensación adecuada.

Freddy García advierte que es crucial que la compensación sea dirigida específicamente a quienes perderán el subsidio para evitar descontento social, recordando las protestas de 2019 cuando la eliminación de subsidios por parte del presidente Lenín Moreno resultó en un paro nacional. Erazo también insiste en la importancia de la transparencia en el uso de los ahorros generados para evitar nuevas protestas.