El presidente Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo 511, derogó los decretos sobre indultos emitidos durante el gobierno de Guillermo Lasso, citando preocupaciones sobre su mal uso por parte de jueces corruptos. La medida, anunciada el 23 de enero de 2025, es parte de los esfuerzos del actual gobierno para asegurar que los indultos se manejen de manera justa y no se utilicen para beneficiar indebidamente a criminales.

Según la Constitución de Ecuador de 2008, el presidente tiene la facultad de otorgar indultos, pero bajo el nuevo decreto, cada solicitud de indulto será analizada individualmente por el Jefe de Estado. Este cambio busca prevenir la liberación indebida de presos que no cumplen con los requisitos estrictos para recibir tal beneficio.

Además, el decreto establece responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios públicos que hayan facilitado excarcelaciones que no se ajusten a los criterios estipulados. La Presidencia de Ecuador ha expresado su compromiso de no tolerar acciones corruptas que permitan a delincuentes eludir la justicia, refiriéndose a incidentes anteriores bajo la administración de Lasso donde se otorgaron beneficios irregulares.

Este cambio regulatorio se produce en un contexto de escrutinio hacia los jueces anticorrupción, especialmente después de la reciente detención de un juez implicado en la liberación de un conocido delincuente apodado 'Momo', quien fue liberado en julio de 2024 aprovechando un recurso vigente en uno de los decretos ahora derogados.