Este Miércoles 27 de Julio, autoridades realizaron un recorrido por la av. Amazonas para conocer los puntos donde se ubicará la red de alcantarillado, con el objetivo que la misma no genere inconvenientes en la ciudadanía.
El Registro Civil trabaja en horarios extendidos para agilitar el proceso de cedulación. Los usuarios pueden acercarse a la entidad de lunes a viernes, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde; los sábados en las cabeceras cantonales.
Ecuador se prepara para albergar la final única de la Copa Libertadores 2022 el próximo 29 de octubre en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil. Pero a tres meses de la realización del evento continental, el medio brasileño Globo Esporte reportó el martes que el escenario propiedad de Barcelona Sporting Club corre el riesgo de no ser sede del torneo.
La nota de Globo Esporte en su sitio oficial señala que “Barcelona SC, propietario del estadio, no ha cumplido con los requisitos de la Conmebol”, el denominado cuaderno de cargos, en el que se fundamenta la elección de sedes en torneos deportivos.
La publicación causó revuelo en el Consejo Municipal, en la presidencia del club canario, y este miércoles se pronunció el Ministerio de Gobierno.
“Nos reunimos con el presidente (de Conmebol) Alejandro Domínguez y su equipo hace 2 meses. Es un proyecto que ya se viene trabajando hace varios meses y la batuta la ha tomado el Municipio de Guayaquil. Como Estado y Gobierno Central, estamos dispuestos a ayudar con todas nuestras herramientas institucionales y recursos para que el evento se lleve de la mejor manera posible”, dijo este miércoles al canal Ecuavisa Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.
“Sabemos que es un evento grande, sabemos que no se trata de un tema solamente del día del partido. Tal como lo conversamos con Domínguez, empieza cuando se toma la definición, la logística, los hoteles, los turistas a la ciudad y toda la expectativa de turismo. Ese día Guayaquil tiene que ser la ciudad más segura del mundo”, advirtió Jiménez.
Abundó el ministro: ”Tenemos que activar un dispositivo importante de seguridad para que se reduzcan al mínimo las experiencias negativas que puedan tener los turistas. Sabemos que es un evento mayor para el fútbol y Sudamérica. Creemos que estamos a la altura del desafío, vamos a prestar todo nuestro contingente para que todo se lleve a cabo como se debe”.
Y concluyó el jefe de esa cartera de Estado: ”Es un partido que tenemos que ganar. Como Gobierno sabemos que es importante estar en coordinación con las diferentes instituciones, asignar el presupuesto que corresponde. Ya estamos allí en ese partido, tenemos que jugarlo y tenemos que salir adelante”.
Aunque la cadena Globo Esporte apunta a temas de infraestructura por los que la Conmebol supuestamente estudia el cambio de escenario de la final única de Copa Libertadores 2022, el presidente canario Carlos Alfaro Moreno aclaró que Barcelona SC ha sido “sumamente” responsable con las adecuaciones del Monumental que ha determinado la rectora del fútbol sudamericano con miras al evento continental por jugarse el sábado 29 de octubre.
Alfaro Moreno reaccionó a un tuit del comunicador deportivo y funcionario del Consejo Municipal, Andrés Guschmer, en el que lamenta que el “sueño” de albergar la final de la Libertadores 2022 “se puede truncar por un tema administrativo y financiero”.
“Sería bueno ser más específico @aguschmer, ya que en #BSC hemos sido sumamente responsables, y nuestra Comisión de Estadio, sigue adelante y en contacto permanente con Selim Doumet, encargado de la FEF en las mejoras de nuestra casa. Más que temas administrativos, financieros, suena a tema político”, remarcó el presidente de los amarillos.
Fuente: El Universo.
Las autoridades de la Judicatura enviarán sus descargos a la Asamblea frente al pedido de juicio político que impulsa el correísmo en su contra. Así lo dijo este miércoles 27 el presidente de este organismo, Fausto Murillo, quien llamó al Parlamento a respetar la institucionalidad.
La solicitud de interpelación fue presentado en febrero pasado desde la bancada de Unes por la asambleísta Gabriela Molina y Fausto Jarrín, quien renunció como legislador y es abogado del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa.
Además de Murillo, el proceso involucra a los vocales Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, por un supuesto incumplimiento de funciones.
Ellos deberán responder sobre siete causales que tienen que ver con la evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, que fue declarado inconstitucional.
“Sobre el tema nosotros estamos preparando los descargos, la contestación al llamamiento a juicio, obviamente estableceremos nuestros medios probatorios para demostrar que lo que hicimos es lo que correspondía, así lo dijo ya la Corte Constitucional”, dijo Murillo en radio EXA.
El funcionario manifestó que basarán su defensa en los pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con las dos acciones de inconstitucionalidad que en su momento se presentaron contra el proceso de evaluación a los jueces: uno contra el reglamento y otro por los resultados.
“Lo que hicimos nosotros es establecer parámetros de legitimidad, de transparencia, a más de los cuantitativos y cualitativos que siempre se hacían en las evaluaciones de orden periódico”, señaló.
Según Murillo, lo que se hizo “fue una evaluación muy diferente, atendiendo un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana, que fue producto de una consulta popular del 4 de febrero del 2018”.
Agregó que “la administración de justicia, siempre ha estado en la mira y en la apetencia de ciertos sectores que, de alguna manera, pretenden o han pretendido controlarla”.
“Lo que hace bien al país, más allá de las personas, es cuidar la institucionalidad. No puede ser que un Consejo de la Judicatura elegido para seis años tenga que, a través de los mecanismos que prevé la Constitución y la Ley, terminar en sus funciones”, insistió.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), mencionó que esperan que hasta este viernes la Judicatura presente sus descargos para definir un cronograma de comparecencias. Así, a mediados de agosto estará listo un informe para el Pleno.
En la víspera, la Comisión aceptó varios pedidos de asambleístas de UNES. Entre ellos, que se requiera la comparecencia de la fiscal General, Diana Salazar, “a fin de que explique por qué ha permitido que actúen fiscales temporales, que sin tener la categoría necesaria en la carrera fiscal han actuado por más de dos años”.
También serán llamados el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, y los exjueces Agustín Grijalva, Daniela Salazar y Ramiro Ávila, entre otros.
De acuerdo con la Ley Legislativa, una eventual censura y destitución de los vocales de la Judicatura dependerá de una mayoría calificada (92 votos).
Fuente: El Comercio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Centro de Planificación de Estudios Sociales (Ceplaes) firmaron este 27 de julio un convenio que viabilizará la implementación del proyecto denominado Participación con igualdad y sin violencia política de género contra las mujeres.
El evento se dio en el marco de la promoción de la participación política de las mujeres y la erradicación de la violencia política de género que impulsa el CNE. Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, suscribió el convenio de cooperación interinstitucional con el Centro de Planificación de Estudios Sociales.
Con el acuerdo se busca implementar el proyecto antes mencionado, en tres cantones del Ecuador: Quito, Portoviejo y Morona.
A través del memorando de entendimiento, ambas instituciones se comprometen a realizar estudios e investigaciones sobre el acceso a la justicia electoral y la reparación de los derechos de las víctimas de violencia política de género contra las mujeres.
También se intenta prevenir las prácticas que constituyen violencia política de género en el sistema democrático del Ecuador. Según Atamaint, el convenio permitirá brindar un acompañamiento a las mujeres que participen en el ámbito jurídico - electoral, identificar los casos de violencia política de género en la realización de procesos de democracia interna, así como durante la campaña.
“La violencia política es uno de los aspectos que desmotiva a las mujeres a ser parte de la contienda electoral”, argumentó la titular del CNE. Desde la Ceplaes, su directora Sonia García señaló que la violencia política de género ahuyenta a las mujeres de la participación en este ámbito.
“En nuestro país, se han dado casos de campaña sucia de desacreditación en las que se hacen ataques en contra de las mujeres por su apariencia física, su vestido, entre otros aspectos, que no se cuestiona a los hombres”, indicó García.
La suscripción del convenio contó con una testigo de honor. Se trató de Alison Vásconez, especialista de ONU Mujeres. La suscripción también contó con la presencia del consejero del CNE, José Cabrera.
Fuente: El Comercio.
