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La audiencia de apelación a la negativa del habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas se suspendió nuevamente.

Esa diligencia estaba convocada a las 14:00, del lunes 25 de julio del 2022,  en la Corte Provincial de Pichincha, en Quito. Sin embargo, no se instaló por una situación de “fuerza mayor o caso fortuito”. Uno de los jueces, que conforma el Tribunal del caso, se contagió de covid-19.  

En el sistema de la Función Judicial consta que el magistrado Santiago Galarza dio positivo para ese virus tras realizarse una prueba PCR. El diagnóstico es una enfermedad respiratoria aguda por covid-19.  

Además, en la notificación judicial se menciona que actualmente “el Tribunal no se encuentra debidamente integrado” y que por un “hecho de fuerza mayor o caso fortuito” el juez ponente suspendió la audiencia señalada para el 25 de julio del 2022. 

También se conoció que la licencia médica del magistrado Galarza termina el 29 de julio del 2022. En esa fecha se volverá a señalar día y hora para realizar la audiencia solicitada por Glas. 

La defensa del exvicepresidente, Arturo Escala, escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Se ha vuelto a suspender la audiencia del habeas corpus de Jorge Glas por fuerza mayor o caso fortuito por enfermedad del juez Dr. Santiago Eduardo Galarza Rodríguez. Esperemos que mejore a la brevedad posible, y así tener nueva fecha para la audiencia”.  

No es la primera vez que esta cita judicial se difiere. Fue convocada el pasado 13 de julio del 2022, a las 16:00. Pero, en esa ocasión no se desarrolló por pedido de Glas.  

El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa explicó al Tribunal que se sentía mal de salud, pues no habría recibido sus medicinas dentro de la Cárcel 4 de Quito, donde cumple dos sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho. Por eso, él pidió que la audiencia se suspenda. 

Cuando se reanude la audiencia, Glas buscará apelar la decisión de la jueza de Quito, Soledad Manosalvas. El pasado 20 de junio de 2022, ella negó le pedido de habeas corpus. Por eso la defensa de Glas quieren revertir esa decisión para que su cliente pueda cumplir sus condenas en libertad.    

El también exministro correísta ha recurrido en diferentes ocasiones al habeas corpus para salir de la cárcel, pues alega problemas de salud físicos, mentales y también amenazas contra su vida dentro de prisión.  

El habeas corpus es un recurso constitucional que ya le permitió a Glas salir de la cárcel de Cotopaxi, el 10 de abril del 2022.    

Esa acción fue planteada inicialmente por Nicole Malavé, simpatizante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, en la Unidad Multicompetente de Manglaralto.    

De hecho, el entonces juez de esa unidad judicial, Javier Moscoso (actualmente fue destituido por el Consejo de la Judicatura), le otorgó el habeas corpus el 9 de abril del 2022 y dispuso su excarcelación. También ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.    

Sin embargo, el pasado 20 de mayo del 2022 un Tribunal de Santa Elena declaró nulo todo lo actuado por el magistrado Moscoso y dispuso que Glas regresé a la cárcel de Latacunga a cumplir sus sentencias.    

Pero, el sábado 21 de mayo del 2022, Glas fue trasladado por “razones de seguridad” a la Cárcel 4 de Quito. Por eso, ahora esa acción constitucional se resuelve en la capital. 

Fuente: El Comercio.

Josefina Guevara, de 54 años, murió el martes 26 de julio de 2022 cuando espera en la fila de un hospital en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, para realizarse unos exámenes médicos.

De acuerdo a los medios locales, una persona gritó y alertó a los doctores sobre el aparente desmayo de Guevara en las escaleras del establecimiento de salud Santa Teresita.

La mujer fue trasladada a la sala de emergencias y los médicos confirmaron que falleció.

Según el diario, los familiares comentaron que Guevara fue a emergencias del hospital por un fuerte dolor de pecho, al llegar los médicos le derivaron al laboratorio para hacerse unas pruebas.

En el trayecto, decide sentarse en las escaleras y se desmayó.

Luego del hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento.

Fuente: El Comercio. 

A pesar de ser una metrópoli, Quito aún tiene -en especial en sus 33 parroquias rurales- gente que vive de lo que da la tierra, que pasa sus días y noches en el campo sembrando y cosechando los alimentos que nutren a los habitantes de la ciudad.

El Municipio no cuenta con un registro exacto del número de personas que viven de la agricultura, pero señala que estas se ubican en San José de Minas, Píntag, Nanegalito, Guayllabamba, Puéllaro, Chavezpamba y Perucho.

En este último, el 60% de su población se dedica a la siembra, según explica Sergio Gómez, presidente del GAD parroquial.

Perucho es un poblado rodeado de montañas donde viven menos de 1 000 personas. Está a 30 minutos de San Antonio de Pichincha, por la vía Culebrillas.

En San Luis de Ambuela habitan unas 280 personas y es una de las comunas más productivas de la zona. Allí la tierra es generosa y da maíz, fréjol, zanahoria, camote, haba, zapallo, papa chaucha, col, entre otros productos.

La población está acostumbrada al trabajo duro de labrar la tierra, pero el oficio es tan mal pagado que los más jóvenes prefieren salir a Quito y dedicarse a algo distinto.

Sergio Gómez cuenta que el mayor problema es no tener cómo vender la cosecha de manera directa, por lo que intermediarios les ofrecen precios muy bajos y, por miedo a que los alimentos se pudran, no les queda más que aceptar. A veces no logran ni recuperar lo que invirtieron.

Por un quintal de maíz blanco (mote) le pagan USD 30. Luego, la libra en una tienda la venden en USD 1,20. El intermediario siempre se lleva la mayor parte, explica el Presidente del GAD parroquial.

Para conseguir ese quintal, el agricultor primero debe contratar un tractor para mover la tierra, lo que le cuesta USD 18 la hora. En una hectárea se tarda unas tres horas, es decir, invierte USD 54.

Luego, con ayuda de dos bueyes y herramienta labra la tierra, cura la semilla, la abona y la siembra. El cuidado es diario y duro.

Al mes y medio, la planta ya tiene 15 centímetros de altura y es necesario deshierbarla con el azadón. A los dos meses, se debe colocar más tierra y abono en las raíces. A los cuatro meses se cosecha.

De la hectárea normalmente salen unos 15 quintales. El agricultor recibe USD 540 por un trabajo de cuatro meses que, con mano de obra e insumos, representa una inversión de más de USD 500.

¿Qué ganan entonces? Comida. De eso se alimentan los agricultores y sus familias. Cuando el clima ha estado bueno y no han caído plagas, se puede cosechar más. Pero aún así, difícilmente logran reunir un sueldo básico trabajando el hombre y su esposa, levantándose a diario, a las 03:00.

Además de trabajar la tierra, se dedican a cuidar a sus cuyes, gallinas, cerdos y ganado.

Fuente: El Comercio.

En poco más de 14 meses del actual periodo legislativo, el 90% de los proyectos aprobados por el Pleno han recibido objeciones del Ejecutivo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), propuso una comisión mixta entre las dos funciones para procurar consensos previos.

El Parlamento aprobó 18 leyes y reformas desde que inició su actual mandato, el 14 de mayo del 2021. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, vetó parcialmente 9, a 4 impuso un veto total, y solo 2 fueron enviados sin observaciones al Registro Oficial. En dos intervino la Corte Constitucional y en 1 no se pronunció.

A esos se suman dos proyectos que están pendientes de veto o sanción por parte de Carondelet: la reforma para legalizar la tenencia de tierras en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil, y la reforma a la Ley de Comunicación, catalogada de “mordaza” por organizaciones civiles. Ambos fueron aprobados este mes.

Un veto total implica que un proyecto no puede volver a ser tratado por la Asamblea, sino después de un año. Hasta ahora suman cuatro:

·         Reforma para derogatoria parcial de la Ley Humanitaria

·         Reforma a la Ley de Contraloría

·         Ley de tratados internacionales

·         Reforma a Ley intercultural bilingüe

Para aquellos que reciben objeción parcial del Ejecutivo, la Asamblea tiene dos caminos: allanarse o ratificarse en el texto aprobado por el Pleno. En el primer caso, puede hacerlo con 70 votos, y de 92 para la segunda alternativa.

·         Ley para regular el uso legítimo de la fuerza

·         Ley de vivienda de interés social

·         Reforma al Código del Ambiente

·         Ley para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí

·         Ley para combatir los abusos en el sistema financiero

·         Ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos

·         Reforma a Ley de Seguridad Social para información de la entidad

·         Reforma al Código Ingenios

·         Reforma a la Ley de Emprendimiento Juvenil

Además, en este lapso, son tres los proyectos que han derivado en conflictos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Uno de ellos fue la reforma a la Ley Intercultural bilingüe, que fue vetada en su totalidad, pero que la Corte Constitucional dejó sin efecto al señalar que no tenía justificaciones.

La Corte, que ha sido blanco de críticas de las bancadas, intervino también en el proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El cuerpo legal fue vetado casi en su totalidad por el Ejecutivo y la Asamblea no logró ratificarse en el texto inicial. Acumula varias demandas de inconstitucionalidad.

Respecto a la Ley para el precio oficial de la leche, el Ejecutivo no se pronunció hasta el 2 de julio, cuando venció el plazo que tenía para presentar sus observaciones. Pero tampoco envía hasta ahora el texto al Registro Oficial, con el argumento de que a la Asamblea le corresponde este trámite. Hay un cruce de oficios entre los dos poderes por este tema.

Solo la Ley para la creación de una universidad indígena y la reforma al Código Civil en materia de navegación marítima no fueron vetadas.

En cuanto a las iniciativas del Ejecutivo, la reforma tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley el 29 de noviembre de 2021, después de que la Asamblea no logró consensos para aprobar o negar el proyecto. La Ley de Inversiones fue archivada y la Ley de Creación de Oportunidades no fue calificada a trámite por el CAL.

En este escenario, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), envió una carta a Lasso el lunes 25 de julio. Propuso una comisión mixta entre los dos poderes del Estado para encontrar "acuerdos mínimos" para la aprobación de leyes.

El Primer Mandatario todavía no ha respondido a este planteamiento. Las relaciones entre las dos autoridades se deterioraron después de que Saquicela fue expulsado de la bancada oficialista en abril y dos meses después votó a favor de fallido intento de destitución impulsado por el correísmo.

Fuente: El Comercio.