Es difícil creer que en ese terreno sucio y desolado exista una escuela. La fachada se ha convertido en urinario al paso, también es el botadero de la cuadra y una de las paredes externas sirvió de pizarra para algún descorazonado: “Discúlpame. ¿Quieres regresar conmigo?”.

Por aquí esperan que regresen los trabajos, paralizados desde 2016. Esa fue la última vez que vieron el movimiento de los obreros en la que sería la Unidad Educativa Las Acacias, en el sur de Guayaquil. Los bloques, incluso con ventanales y puertas, se hunden en la maleza. Los corredores adoquinados se han perdido y el sol ha empezado a decolorar las paredes que ya habían sido pintadas.

Estábamos ilusionados y esperábamos que este año se abra”, dice Katty Barriero, mientras pasa por el plantel abandonado de regreso a casa con su pequeña; cada día caminan 12 cuadras hacia la escuela pública más próxima. “Con tanta delincuencia, mientras más cerca tengamos a nuestros hijos estudiando sería mucho mejor”.

Las Acacias quedó en el olvido por un litigio que frenó su funcionamiento. Es parte de las 16 unidades educativas tipo milenio y réplica que por años quedaron a medias. Ahora estas megaestructuras, contratadas en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, están en análisis para su reactivación. Para hacerlo, la ministra María Brown ha dicho que debieron resolver juicios y asumir deudas pasadas. Incluso hay procesos de recontratación en espera por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que aparece como entidad coejecutora.

En el país están operativos 11 colegios réplica y 107 unidades educativas del milenio. La primera de este tipo fue inaugurada en Cotopaxi, en septiembre de 2008, y la meta era levantar 200. En ese periodo de gobierno se llegó a un acuerdo con una contratista extranjera que ahora debe afrontar una glosa de USD 24,7 millones.

La Contraloría confirmó recientemente la sanción tras un examen especial de 2019. Según el informe, la empresa no canceló multas por los 387 días de atraso en la entrega de 57 escuelas prefabricadas que fueron contratadas entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. La demora ocurrió porque no corrigió las observaciones sobre modificaciones en los planos, diseños e incumplimientos en especificaciones técnicas; la responsabilidad civil es de USD 19,3 millones.

Tampoco presentó las pólizas de seguros para equipos y maquinarias, y el personal no tenía cobertura en caso de riesgos; la multa por estas faltas es de USD 5,4 millones y no ha sido cancelada. La Contraloría, incluso, analiza si tres exministros de Educación tienen una responsabilidad administrativa en la ejecución del contrato.

Mientras el problema se resuelve, el actual Gobierno planifica construir siete nuevos planteles con un presupuesto de USD 50,6 millones. Y tras un balance de las obras paralizadas por años dará prioridad a seis, ubicadas en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Bolívar, valoradas en USD 10,4 millones.

La Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo recibió una inyección de USD 1,8 millones para su culminación. La primera piedra fue colocada en 2008, junto al Parque Samanes de Guayaquil, pero el atraso en el pago de planillas dilató su construcción.

En noviembre pasado el Consorcio Samanes reactivó los trabajos. 80 obreros se pusieron al día en la instalación de las tuberías y han empezado a enlucir las paredes de los 10 pabellones donde funcionarán aulas, bibliotecas y laboratorios para unos 1 800 estudiantes.

El plazo de entrega está planificado entre julio y agosto”, cuenta Xavier Aroca, superintendente de obra. El avance llega al 68%.

En Las Acacias todavía no se ve avances, aunque se prometió que estará lista a fin de año. “Deberían limpiar todo y crear más cursos o una cancha para los chicos del sector”, menciona Kimberly Morales antes de acelerar el paso frente a la tétrica y maloliente fachada.

Fuente: El Comercio.