Aunque la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el uso legítimo de la fuerza, el 7 de junio de 2022, esta norma no se está aplica en las recientes manifestaciones lideradas por el movimiento indígena, pues aún está pendiente el veto presidencial.

Según la Ley de la Función Legislativa, el presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para presentar su veto, en el que puede rechazar parcial o totalmente esta ley.

O, en su defecto, allanarse al texto aprobado por la Asamblea Nacional y enviar el proyecto al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia inmediata. Una fuente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia aseguró que todavía no hay una fecha definida para el envío del veto.

La decisión del presidente respecto a este proyecto podría alterar la actuación de la fuerza pública en eventos como la actual movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

Desde la madrugada del lunes 13 de junio, organizaciones indígenas, estudiantiles y campesinas cerraron varias carreteras en el país. En Quito se reportaron enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional.

Una vez más, el accionar de los uniformados ha sido observado por defensores de derechos humanos.

El nudo crítico, de la Ley de uso de la fuerza fue la parte que se refiere accionar de la fuerza pública en este tipo de manifestaciones.

Para organizaciones, como la Conaie, estos artículos componen un marco legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía usen armas y ejecuten “acciones inconstitucionales, peligrosas, intimidatorias, represivas y autoritarias” en medio de las protestas.

El brazo político del indígena, Pachakutik, solicitó al Ejecutivo el veto de esta parte de la normativa.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez -Izquierda Democrática (ID)- quien estuvo al frente del trámite de la ley, asegura que la propuesta se trabajó de forma conjunta con los ministerios de Interior y Defensa, por lo que espera que la ley sea promulgada directamente en el Registro Oficial.

El legislador aseguró que la Ley para el uso legítimo de la fuerza reúne varias propuestas de legisladores e incluye propuestas del Ejecutivo. Estas últimas contenidas en su propuesta de Ley de Seguridad Integral, que aún está en los primeros pasos del trámite de la Asamblea. Sin embargo, aún no se conoce si el Ejecutivo tiene en mente un veto parcial o total.

Aunque, la Policía Nacional sí tiene reparos sobre el texto y presentó al Gobierno varias observaciones para que sean consideradas en un eventual veto.

Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía, señala dos observaciones específicas sobre las protestas:

• La ley dice que las protestas se considerarán pacíficas, mientras no haya un ánimo violento generalizado. Olivo dice que -operativamente- habrá dificultades para definir si las acciones violentas son generalizadas o aisladas.
• El proyecto dice que para dispersar una protesta debe haber una autorización previa de una autoridad competente. No se detalla cuál autoridad, pero según Olivo, sería un juez. Lo que también complicaría la labor policial.

Fuente: Primicias.