El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá un pedido a la Defensoría del Pueblo para que se conforme una comisión de la verdad. El objetivo es que investigue lo sucedido en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Así lo decidieron 125 de 126 legisladores presentes, este martes 5 de julio de 2022.

La solicitud de cambiar el orden del día de la sesión 784, donde no se contemplaba este asunto, fue presentada por Esther Cuesta, asambleísta del correísmo. La iniciativa tuvo el respaldo de todas las bancadas, incluido el oficialismo.

Cuesta explicó que la finalidad de esta comisión será establecer la "verdad, justicia y reparación" para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos, y la reconciliación nacional.

El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, anticipó que su bancada no apoyará si se pretenden incluir amnistías como las que dejaron en la impunidad los hechos de violencia de las protestas de octubre de 2019. "Ha sido casi unánime la votación en el Pleno para que el tema se discuta", resaltó.

Ana Belén Cordero, del oficialismo, demandó que la investigación sea transparente con la participación de todos los sectores.

"Sabemos cómo funcionó octubre de 2019, entonces, ¿qué verdad quieren?¿La verdad de las personas que no pudieron trabajar 18 días? ¿La verdad de los comerciantes que estuvieron paralizados?¿De las florícolas que les obligaron a protestar?¿De las personas que murieron?¿De los policías y militares que fueron golpeados o asesinados?", cuestionó.

El proyecto de resolución dice en su texto principal:

·         Exhortar a la Defensoría del Pueblo para que constituya una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio del 2022 en el marco del paro nacional.

·         Que la comisión se constituya con la participación de expertos independientes, en representación de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos y gremios profesionales.

·         Que el informe sea entregado en el término de 90 días y se remita una copia certificada a la Asamblea Nacional.

·         Disponer a la Comisión especializada permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea que haga el seguimiento respectivo.

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (independiente), dispuso que este tema sea debatido, después de las comparecencias de autoridades de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los funcionarios fueron requeridos para que presenten informes sobre despido de personal de los hospitales, así como falta de medicinas e insumos.

A la par, la Comisión de Garantías Constitucionales ya adelanta una investigación sobre las protestas de junio pasado. Mientras, Pachakutik y el correísmo advirtieron que impulsarán pedidos de juicio político contra los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, sobre sus acciones en el paro.

Fuente: El Comercio.