En menos de 30 minutos, durante su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación, el nuevo ministro de Economía, Pablo Arosemena, esbozó algunas pinceladas de su plan de acción para los próximos meses.

En primer lugar, señaló que uno de los problemas centrales de los 14 meses de Gobierno de Guillermo Lasso es, más allá de lo ajustado de los recursos fiscales, la bajísima ejecución y gestión para concretar las inversiones previstas.

Agregó que actualmente los sectores prioritarios del gasto social tienen la liquidez necesaria para acelerar los procesos durante los últimos cinco meses de 2022.

“Nos hemos encargado, como Ministerio de Economía, de que las carteras de Estado relevantes (obras públicas, salud y educación) tengan los recursos que les corresponde. Hoy los tienen. No se trata de dar más recursos. Ahora de lo que se trata es que ejecuten. Tenemos un promedio de ejecución de alrededor del 30%. Es decir, hay un 70% de recursos que ya los tienen y deben ser ejecutados”, dijo.

Esa mala ejecución presupuestaria, donde influye la mala planificación, la mala calidad de un gran porcentaje de mandos medios y también temas de corrupción, no son nuevos en el sector público, según Andrea Bedón, economista e investigadora en compras públicas.

A finales de 2019, por ejemplo, cuando se discutía el presupuesto de 2020 durante el Gobierno de Lenín Moreno, el exdirector encargado del Plan Anual de Inversiones dentro de Planifica Ecuador, Cristian Rodríguez, reconocía que en ese momento se arrastraban 538 obras paralizadas o en suspenso durante más de 6 años. En esa época se hablaba de una ejecución que no superaba el 45% y que llegaba hasta menos del 20% en algunas áreas.

Este nivel de mala gestión se profundizó con la pandemia. Por eso, Arosemena anunció que en el Ministerio de Economía se ha creado una unidad para ayudar en la ejecución presupuestaria.

“Estamos trabajando con una suerte de fuerza de tarea conjunta, o una unidad ejecutora interinstitucional, para asegurarnos que los recursos que llegan a los ministerios efectivamente sean ejecutados a tiempo. El Trabajo en equipo se concentra sobre todo en transporte y obras públicas, salud y educación”, puntualizó.

El Ministro de Economía confirmó que el nivel de atrasos o pagos pendientes en el sector público llega a los $2.700 millones. Sin embargo, dijo que se tiene todo planificado para reducirlos en forma sustancial hasta finales de 2022, pero sin llegar a eliminarlos por completo.

En este contexto, informó que hay $1.400 millones disponibles para el gasto social prioritario. Agregó que esta misma semana se harán anuncios importantes sobre más recursos para los gobiernos locales.

Así, probablemente se pueda cerrar el año con un nivel de atrasos de $1.000 millones; a la par de mantener las metas fiscales establecidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos comprometidos con el orden y la prudencia fiscal. Mantenemos los mismos objetivos fiscales que ya hemos trazado. Eso nos va a permitir generar espacio para el gasto social y reducir los atrasos, contratar menos deuda y fortalecer las finanzas públicas”, añadió.

En otras palabras, el déficit fiscal proyectado para 2022 se mantiene en la meta de alrededor de 2,2% del Producto Interno Bruto ($2.000 millones). Con base en el plan de “orden con enfoque social”, se aspira a que ese déficit baje al 0,60% en 2023, 0,5% en 2024; y finalmente cierre 2025 con un superávit del 0,10%. (JS)

Con corte al 30 de junio de 2022, las cuentas por pagar con los Gobierno locales suman $346 millones.

Pablo Arosemena, ministro de Economía, aseguró que “se siente orgulloso” de trabajar para un Gobierno que eliminó el impuesto a la herencia, que está bajando el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) hasta llegar a cero y que ha hecho una importante reducción de aranceles.

“En un mediano plazo, conforme mantengamos el orden y la prudencia fiscal, y eso nos genere espacios, podemos también pensar en seguir ese camino. No para este año porque este ya es un año jugado y cerrado”, puntualizó.

Así, el funcionario descartó cualquier reducción o aumento de tributos; y recalcó que su visión es recaudar más sin necesidad de cualquier tipo de reforma impositiva.

Asimismo, puntualizó que el presupuesto estatal está completamente financiado para 2022, lo que incluye los $1.000 millones ya recibidos del FMI, y los $700 millones que se esperan hasta finales de año.

“La visión de salir a los mercados internacionales a emitir bonos de deuda pública es a mediano plazo”, afirmó.

Arosemena añadió que los primeros días desde su posesión en el cargo fueron dedicados a hablar con los organismos multilaterales. El objetivo fue que se entiendan los compromisos adquiridos para dejar atrás el paro

“La semana pasada me comuniqué personalmente con la jefa de misión del FMI. Hemos tenido buenas conversaciones y han permitido que esa contraparte tenga comprensión de esa situación y los esfuerzos que tenemos que hacer para que la paz sea duradera. Eso se comprende”, concluyó.

Fuente: La Hora.