La nueva acción de protección presentada por Guadalupe Llori (PK), generó repercusiones este jueves 18 de agosto en el Legislativo. Con ella, Llori busca una millonaria indemnización y disculpas públicas de los 81 asambleístas que la destituyeron de la Presidencia de la Asamblea.

“Esta acción de protección no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Pedro Zapata (PSC). Él, junto a Pamela Aguirre (Unes), Lucía Placencia (ID), Jhon Vinueza (ind.) y Peter Calo (PK), fue parte de la comisión que recomendó que Llori sea removida por supuesto incumplimiento de funciones.

En rueda de prensa, los comisionados aseguraron que se defenderán en la instancia judicial. Aclararon que todavía no han sido notificados sobre la audiencia, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de agosto. Se realizará a las 14:30, en la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

Placencia llamó a Llori a que “se ponga a trabajar”, y consideró que está “abusando del derecho y la justicia”.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), sostuvo que “por imperativo legal” la jueza encargada de esta causa, María del Carmen Salazar, debía convocar a la audiencia antes de tomar una resolución.

Sin embargo, Saquicela acusó al Gobierno y al Consejo de la Judicatura de presionar a la jueza, en momentos que se tramita un pedido de juicio político contra este organismo, encargado del control disciplinario a los operadores judiciales.

“En primer lugar, (la acción) tendrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar. En segundo lugar, no tiene ningún fundamento”, aseguró el presidente del Legislativo.

El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, emplazó a Saquicela a que demuestre sus acusaciones. “Decir que el Gobierno está presionando a los jueces para lo que sea, sin tener las pruebas, no solo es una mentira, Él , mismo como presidente de la Asamblea, está poniendo en juego la posibilidad de sostener cualquier acercamiento o diálogo”, remarcó.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, se desmarcó de las acciones de Llori. Lo mismo hizo Marlon Cadena, coordinador de la ID, pese a que votaron en contra de la remoción.

Llori no se pronunció. Lo hizo su abogado, Julio César Sarango. “Estamos seguros y convencidos de que se establecerá con claridad y exactitud los derechos violados por parte de los asambleístas, en la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, donde no se le dio el derecho a la defensa”, remarcó.

Con esta acción de protección, Llori persigue una indemnización de USD 100 000 por cada asambleísta que votó por su destitución el 31 de mayo pasado.

“No deja de ser no solo ridículo. Además demuestra que hay un interés ruin atrás de todo esto. Y que jamás se trató de un tema político, sino incluso de un tema económico”, fustigó Esteban Torres, jefe de bloque del PSC.

Fuente: El Comercio.