“La verdadera intención de este juicio político es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado”. Así lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al defenderse del proceso que impulsa el correísmo y el PSC en la Asamblea.

Murillo, junto a Ruth Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo, se presentaron en el Pleno y pidieron el archivo de esta causa, a la que tacharon de infundada.

Sin embargo, no se presentó la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, quien también enfrenta este proceso.

Cada uno tenía tres horas para presentar sus descargos, pero no requirieron más de hora y media. Ellos intervinieron después de que sus interpelantes, Viviana Veloz (Unes) y Luis Almeida (PSC), plantearon que sean destituidos por supuesto incumplimiento de funciones.

“No cabe duda que nada tiene que ver con mejorar la administración de justicia, con el supuesto incumplimiento de funciones de los vocales de la Judicatura (…). Ya lo intentaron: comisión de la verdad, no les funcionó. Ya lo intentaron removiendo a Fausto Murillo para tomarse el Consejo de la Judicatura, les funcionó dos meses y en dos meses se tomaron Guayaquil y Guayas, y pusieron a los jueces que quisieron en Samborondón e ingresaron en un mes 60-80 personas en Guayas”, anotó Murillo.

Las autoridades de la Judicatura defendieron la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019, al que Veloz y Almeida tacharon de ilegal.

“Le liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad. Eso hizo el Consejo de la Judicatura con la evaluación a la Corte Nacional de manera técnica”, adujo Murillo.

“La justicia estaba cooptada por el poder político. ¿Recuerdan si sentenciaron casos de corrupción? No. ¿Recuerdan el caso come cheques? ¿Recuerdan al fiscal Chiriboga, al fiscal Baca Mancheno? Acusaban a quienes no se sometían al régimen”, acotó.

El vocal Juan José Morillo aseguró que “este llamado a juicio político es una fiel copia de la acción de protección interpuesta por el exasambleísta Fausto Jarrín, no solo con el objetivo de censurar a este Consejo de la Judicatura, sino abonar elementos a los procesos internacionales”.

También aludió a las gestiones de los excolaboradores del régimen de Rafael Correa, Gustavo Jalkh y Paulo Rodríguez en la Judicatura, donde señaló que se “amedrentaba a jueces que no cumplían órdenes”.

Aseveró que “solo por las travesuras de Jalkh”, este organismo ha pagado USD 5,2 millones a jueces que fueron destituidos como producto de la persecución, y que todavía falta por pagar otros USD 6 millones. “Es decir, el chiste del tiempo de la metida de la mano a la justicia nos va a costar USD 11 millones”, dijo.

Tanto Morillo como Barreno rechazaron que los asambleístas usarán audios obtenidos de forma ilegal, como parte de este proceso de interpelación. Negaron haber presionado a jueces por fallos judiciales.

Después de sus intervenciones, el Presidente de la Asamblea suspendió la sesión a la 1:30 de este jueves y anunció que se retomará a las 10:00. Allí los interpelantes y los interpelados tendrán una hora cada uno para su réplica.

Maldonado pidió por escrito que se leyeran sus descargos que en su momento entregó a la Comisión de Fiscalización.

Fuente: El Comercio.