El crimen organizado ha rebasado a la Policía Nacional. Así lo ha expresado el propio presidente Guillermo Lasso.

En los fundamentos para la consulta popular, que presentó hace cuatro días, el Jefe de Estado mencionó que las estrategias de la Policía para “prevenir y disuadir” a las bandas delictivas no ha dado resultados. Señaló que el “uso legítimo de la fuerza, la investigación e inteligencia antidelincuencial tampoco ha logrado contener el avance (de las mafias)”.

Por eso, su propuesta se centra en que las Fuerzas Armadas actúen complementariamente en el combate contra el crimen organizado. La iniciativa, que está en la primera pregunta de la consulta popular, señala que se debe enmendar la Constitución para que se concrete el apoyo de los militares en las calles.

Actualmente, la cooperación de las FF.AA. en la seguridad ciudadana ocurre solo en un estado de excepción. El Presidente ya ha recurrido a esta medida por 13 ocasiones, por un total de 240 días. De esos decretos, seis han sido relacionados con materias de seguridad y orden público.

El Ejecutivo indica que los estados de excepción se han convertido en “una figura insuficiente, que no genera una solución definitiva para las amenazas generadas por el crimen organizado”.

Eso lo ratificó hace dos días, con la prolongación de la medida en Guayaquil, Durán y Samborondón por un mes más.

Precisamente, la falta de resultados de esta estrategia ha generado cuestionamientos a la primera pregunta de la consulta.

Organismos de derechos humanos y diversos abogados especialistas dicen que no se entiende la lógica de instaurar una política que solo ha sido reactiva, mas no una solución a largo plazo.

Para el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, militarizar las calles no es una solución. Recuerdan que la intervención de los militares ha sido extensa en los últimos dos años en Guayas, pero la violencia no ha disminuido.

Asu criterio, el Gobierno debe centrarse en programas de desarrollo social, educativo y de salud, es decir, ingresar a los barrios marginales con obras que reflejen una presencia estatal.

Billy Navarrete, director de este organismo, afirma que “los barrios de Guayaquil hoy en día viven un olvido del Estado en todas sus dimensiones. Prueba de esto es lo que sucedió en Cristo del Consuelo. Han pasado más de tres semanas y las autoridades no han vuelto a ese sector”.

Pamela Chiriboga, jurista especializada en DD.HH., no está convencida en que la propuesta del Ejecutivo sea una solución.

Ella recuerda que los instrumentos legales internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles”

El Gobierno dice que ese mismo estatuto les faculta para que la Policía tenga el apoyo de FF.AA., pues no están cambiando las competencias de cada fuerza, sino que se complementan. Incluso, en una parte de los fundamentos señalan que “la enmienda no altera el carácter y los elementos constitutivos del Estado ya que, en esencia, se mantiene el carácter civil de la seguridad pública, lo cual se considera de extrema importancia”.

Entre los expertos militares existen distintas visiones. Por ejemplo, el general Paco Moncayo dice que sí está de acuerdo con la iniciativa presidencial, ya que la amenaza en el país debe ser combatida bajo una estrategia de seguridad entre los policías y militares.

En cambio, Wagner Bravo, también general en servicio pasivo, no está de acuerdo, pues señala que se está cambiando la misión de Fuerzas Armadas. Para él, el Gobierno debe apostar por un fortalecimiento de la Policía.

Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público.

Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?

El Gobierno señala que la estrategia de unir esfuerzos entre Policía y FF.AA. ya se utiliza en países como Brasil, México, Honduras, Guatemala y Chile.

Fuente: El Comercio.