En medio del escándalo que estalló por el femicidio de María Belén Bernal, a finales de septiembre de 2022, el presidente Guillermo Lasso decidió cambiar al responsable de la seguridad interna en el país.

Patricio Carrillo dejó el Ministerio del Interior. En su lugar, el 26 de septiembre de 2022, nombró a Juan Zapata, expolicía y quien estaba a cargo del ECU-911.

Ante el caso de Bernal, asesinada al interior de la Escuela de Policía (ESP), Zapata asumió ese cargo con la tarea de cambiar el modelo educativo en la Policía Nacional y depurar la cúpula policial.

Esa tarea se sumaba a la de la seguridad. Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia.

Sin embargo, a un día de que Zapata cumpla un mes en el cargo, todavía no se han empezado a ver los primeros resultados en materia de seguridad.

La seguridad sigue sin síntomas de mejoría en Ecuador. Incluso, el fin de semana del 22 y 23 de octubre fue el más violento del año, según los datos de la Policía Nacional.

Hasta el 14 de septiembre de 2022, días antes de que asumiera Zapata, en el país hubo 2.987 muertes violentas. Es decir, un promedio diario de 12 asesinatos.

Pero, desde ese día hasta el 20 de octubre, ya con la nueva autoridad a cargo, hubo 523 casos más. Lo que representa un promedio de 15 muertes violentas por día.

Si este promedio diario se mantiene, a fin de año Ecuador alcanzará unas 4.375 muertes. Lo que significará una tasa de 27,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes: una de las más altas de la región.

Pero la inseguridad y violencia no solo se refleja en las muertes en las calles. Zapata ya ha tenido que vivir dos masacres carcelarias en el cargo.

En el CPL Cotopaxi, el 3 de octubre de 2022, fueron asesinados 16 presos.

Dos días después, en la Penitenciaría del Litoral, hubo 13 víctimas más.

La anunciada depuración policial había “empezado”, incluso, días antes de que Zapata asumiera el cargo.

El presidente Lasso anunció la salida de dos generales -Giovanni Ponce y Freddy Goyes- por su presunta responsabilidad por omisión en el caso Bernal.

Además, el Mandatario dio una semana de plazo a Fausto Salinas, comandante General, para localizar a Germán Cáceres, presunto femicida de Bernal.

Y pidió la baja firmada por anticipado a 300 oficiales, que serían evaluados.

Sin embargo, más de un mes después ninguna de esas tres medidas se ha cumplido. Ponce, Goyes y Salinas siguen en sus cargos. Y la depuración no se ha iniciado.

Zapata, al asumir el cargo, fue más cauto con este tema. Incluso dijo que le recomendaría a Lasso mantener a Salinas y al resto de la cúpula para conservar la estabilidad institucional.

En Guayaquil y Durán se marcó un nuevo récord de muertes violentas. En estos dos cantones ocurrieron 25 asesinatos entre el viernes 22 y domingo 23 de octubre de 2022.

Los crímenes se dieron en nueve de los 12 distritos que son parte de la denominada zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

De las primeras investigaciones que realiza la Policía, 21 casos estarían relacionados con el tráfico ilícito de drogas, tres por robo a personas y un caso por amenaza, porque presuntamente la víctima había sido extorsionada.

Una fuente policial dijo a PRIMICIAS que se analiza cuáles son las variables que detonan la violencia los fines de semana.

De este evento particular, le llama la atención que los asesinatos ocurrieron en diferentes distritos casi simultáneamente y en algunos, como Progreso y Ceibos, han comenzado a incrementarse.

Se analizan los elementos balísticos, si las víctimas pertenecían a algún grupo delictivo y los lugares donde fueron asesinadas.

La Policía sospecha que las 21 personas que tendrían vínculos con el tráfico de drogas “eran víctimas selectivas”.

Y según las investigaciones, las víctimas ya no viven en esos sectores, pero regresan los fines de semana, a donde parientes cercanos, para eventos familiares, fiestas o para mantener el vínculo.

En esas circunstancias son interceptados por los sicarios.

Otra arista que se investiga es la relación de las cinco personas asesinadas en menos de un día en el distrito Portete.

En esa zona opera la banda delictiva de Los Lobos, por lo que se analiza si hubo una retaliación del grupo criminal contrario, que son Los Choneros. 

Para el coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia militar, “lo que vemos es lo que se denomina gobernanza criminal; es decir, para tener el control territorial las bandas criminales, están comenzando a desplazar a las instituciones estatales del control de esos espacios”.

Para eso “aplican una fuerza desmedida entre las organizaciones delictivas y las personas que no compartan ese tipo de conducta en un espacio territorial, para así consolidar los santuarios”, dice Pazmiño.

Los santuarios son territorios que están en la ruta del tráfico de drogas y que también sirven para almacenar y distribuir las sustancias ilícitas a todo el país.

Pero la violencia no se ha detenido, pese a que esos territorios están plenamente identificados. 

“Se conoce cuáles son las zonas más violentas, qué días y a qué horas se disparan los homicidios, es una información que la Policía siempre ha tenido, pero no se tiene ninguna intervención para prevenirlo”, explica Carolina Andrade, exsubsecretaria de Inteligencia.

Fuente: Primicias.