Un estudio realizado entre población inmigrante venezolana en Colombia ha mostrado el auge de las "casas webcam" en las zonas fronterizas. Actualmente, la explotación sexual de migrantes venezolanos es con webcams.

En esos lugares, cerca de 12 000 personas se dedican a grabarse en actividades sexuales que luego "venden" a consumidores extranjeros a través de internet.

El estudio "Sexo por supervivencia" fue presentado este lunes 5 de diciembre del 2022 en Nueva York por la organización Aid for Aids. La organización apoya a comunidades vulnerables al VIH y suele realizar campañas de apoyo a las personas que ejercen trabajos sexuales.

En este caso, el estudio se realizó entre 2021 y 2022 por parte de la sección colombiana de la ONG. Esta entrevistó a 500 venezolanos que ejercen algún tipo de actividad sexual para sobrevivir, tanto heterosexuales como homosexuales y trans.

El fundador de Aid for Aids, el venezolano Jesús Aguais, explicó que el estudio alerta que lo sucedido en Colombia puede reproducirse en nueva York. Miles de refugiados venezolanos buscan sus propias estrategias de supervivencia.

Uno de los fenómenos con mayor auge es las "casas webcam". Allí, los inmigrantes practican sexo (heterosexual pero sobre todo homosexual) y acceden a ser grabados. Salen en sitios web con clientes estadounidenses y europeos que pagan por el minuto de conexión.

En Cúcuta y Villa del Rosario, cerca de la frontera con Venezuela, se encuentran entre 800 y 1 000 casas dedicadas a "modelaje webcam". En cada una de ellas trabajan grupos de 5 a 20 personas, generalmente muchachos de entre 16 y 25 años.

Esta actividad no es ilícita cuando se considera que sus participantes lo hacen de forma voluntaria, y la policía colombiana solo interviene en esas casas cuando tiene constancia de que se practica la trata o de que explota a menores de edad.

Pero la multiplicación de estos espacios ha hecho bajar los precios, y algunos de los testimonios recogidos por Aid for Aids apuntan a que están dándose cada vez más las prácticas extremas, que están mejor pagadas, como aceptar someterse a quemaduras de vela, latigazos e incluso ingesta de heces o vómitos.

Curiosamente, la gestión de estas casas es muchas veces familiar o entre un grupo de amigos, y quienes participan en esas actividades "no asocian el intercambio de sexo por dinero como una forma de explotación por parte de un tercero, sino como un modo de obtener recursos de subsistencia", reza el informe.

El segundo espacio donde más se ejerce el sexo de supervivencia se asemeja más a la prostitución clásica: son casi siempre mujeres o transexuales que tras haber intentado una actividad como vendedoras ambulantes o en salones de belleza a cambio de salarios muy bajos, reciben un día en la calle una propuesta sexual mucho mejor pagada y luego no logran salir de ahí.

El estudio recoge cuatro razones que empujan a estas personas al comercio sexual: ausencia de documentos que permitan un trabajo legal, carencia de ofertas de empleo por razones de xenofobia, falta de instituciones de inserción laboral y carencia de informaciones claras sobre medios de asistencia social.

De hecho, muchos de los encuestados creen que carecen de los derechos más elementales solo por ser inmigrantes irregulares, y por ello no se atreven a denunciar cuando entran en situaciones de dominación, caen en poder de mafias o son maltratados por algún cliente.

No ayuda tampoco la actitud de la policía colombiana, que practica "el acoso, la persecución y la violación de los derechos" según numerosos testimonios de los entrevistados, llegando incluso a la violación cuando hacen una redada entre trabajadoras del sexo.

Además, un 14 % de las entrevistadas (en este caso mujeres) dicen que los distintos funcionarios de migración o del orden público les han forzado a mantener relaciones sexuales, o practicarles sexo oral, a cambio de ofrecer un servicio al que tienen derecho.

Del total de inmigrantes encuestados, la cantidad media de personas con las que han mantenido una relación sexual es de 16, y una cuarta parte de ellos reconoce haber practicado sexo sin preservativo, con el consiguiente peligro de enfermedades de transmisión sexual.