La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, que integra a más de 10 organizaciones sociales, rechaza la tenencia y porte de armas para uso civil. La asociación califica a la disposición de Guillermo Lasso como una medida discriminatoria. Responsabiliza al Presidente por los efectos directos e indirectos.

Para la Alianza, Lasso "incumple con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana fomentando el incremento de la violencia en el Ecuador".

Las organizaciones consideran que el Mandatario, al autorizar la tenencia y porte de armas, "descuida sus obligaciones de garantizar la seguridad ciudadana con políticas públicas idóneas, eficaces y eficientes, como es su obligación".

Estiman que así se promueve que los "ciudadanos asuman, por la vía de las armas, la tarea de combatir los gravísimos hechos de criminalidad y delincuencia que azotan" a Ecuador.

En ese contexto, la Alianza dice que la medida adoptada por el Presidente ecuatoriano "incurre en el agravante de ser discriminatoria pues favorece a que solo un sector de la población haga uso de la misma contra unas mayorías que se encuentran en graves condiciones de exclusión, pobreza y violencia".

La Alianza señala que la tenencia y porte de armas es un tema que "lesiona y amenaza gravemente no solo los derechos a la vida y a la integridad personal, sino también a la igualdad y no discriminación, pues afecta de manera diferenciada a poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, y otras históricamente discriminadas como poblaciones indígenas y afrodescendientes".

Apunta que afecta también a otros aspectos como los económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a participar en la vida cultural de la comunidad, entre otros.

La Alianza citó el informe del Alto comisionado por los Derechos Humanos de 2016. En ese documento se menciona entre las conclusiones que existen vínculos directos entre el acceso a las armas de fuego por personas civiles y la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en general. 

En el año 2022, la Alianza para el Mapeo de los Femicidios registró 332 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 32% fue causado por armas de fuego, añade la Alianza de Derechos Humanos.

La Alianza responsabiliza al Gobierno de Lasso "por todos los efectos directos e indirectos" de la tenencia y porte de armas. En especial, dice, por todas las víctimas mortales, sus familias, las personas que sufran lesiones temporales o permanentes, así como el aumento de los suicidios.

Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a los órganos y organismos internacionales de protección de derechos, para que exijan a Ecuador el cumplimiento de "sus obligaciones en el marco de los derechos humanos".

Además, piden que se garantice a todas las personas que habitan en el Ecuador un entorno seguro que propicie el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y la paz.