La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dispuso que la exvicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña debe pagar 43 295 dólares hasta el 23 de agosto de 2023. 

Ese es el monto de reparación integral al Estado ecuatoriano, tras ser sentenciada por el delito de concusión, en el caso Diezmos. 

En el 2022, jueces nacionales redujeron su sentencia a un año. Sin embargo, Vicuña no fue a la cárcel, pues, la también asambleísta correísta obtuvo la suspensión condicional de la pena. 

Para mantener este beneficio legal y no ser encarcelada, Vicuña debe cumplir con cuatro condiciones. Estas son: el pago de la reparación integral de 43 295 dólares y no salir del país sin previa autorización del juez de garantías penitenciarias. 

Además, su residencia domiciliaria debe ser de conocimiento de un Juzgado de garantías penales y también tiene que presentarse cada ocho días ante una autoridad judicial. 

Si alguno de estos requisitos se incumple, la exvicepresidenta puede ir a la cárcel a cumplir su pena. “De no cumplirse todas las condiciones dentro de los plazos establecidos, se dejará sin efecto la suspensión condicional concedida y se ejecutará la pena privativa de libertad de un año”, agregó la Corte Nacional.

La suspensión condicional de la pena es una figura legal que permite a un sentenciado cumplir su sentencia fuera de la cárcel. 

El artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece cuatro requisitos para otorgar la suspensión condicional de la pena. 

Entre ellos: Que la pena impuesta sea inferior a cinco años, que el sentenciado no tenga otro proceso judicial en curso y que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena.

La Fiscalía empezó a investigar el supuesto delito concusión tras una denuncia del exasesor de Vicuña, Ángel Sabgay, por el supuesto cobro de diezmos cuando ella era asambleísta por el Guayas entre el 2011 y 2013.

Según las indagaciones, Sabgay entregaba “involuntariamente” a Vicuña montos entre 300 y 1 400 dólares con la finalidad de mantener su cargo dentro de la Asamblea Nacional.

Este dinero supuestamente tenía como destino contribuir a los gastos del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista.

La Fiscalía la acusó de autora del delito de concusión, por haber recibido transferencias bancarias mensuales de sus tres asesores en su cuenta personal, cuando era legisladora.

En primera instancia, la exfuncionaria fue sentenciada a un año de cárcel, en el 2020. En cambio, en enero del 2021, durante una audiencia de apelación, la exfuncionaria fue sentenciada a dos años de pena atenuada, como autora de ese ilícito. 

Sin embargo, su defensa insistió en solicitar la suspensión condicional de la pena y el Tribunal de Casación le concedió ese pedido, adempas se redujo la condena de dos a un año, en el 2022. De esa forma, la sentencia quedó en firme.