El 5 de diciembre de 2023, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 123 votos la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, una medida que llega en un momento crítico de aumento de la delincuencia en varias ciudades del país. Esta ley establece una coordinación directa entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad pública, incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas, a través de la creación de una Subsecretaría exclusiva de seguridad privada.

El asambleísta Xavier Jurado, ponente del proyecto, explicó que la ley permitirá definir el apoyo que los guardias de seguridad privada pueden brindar a la seguridad integral del país. Además, la norma estipula que para ser parte de la seguridad privada se deberán cumplir procesos de formación y acreditación, incluyendo la posibilidad de portar armas.

Un punto de debate en la Asamblea fue la reforma relacionada con la legítima defensa y el concepto de "peligro inminente". Aunque esta propuesta no fue aprobada, Jurado expresó su preocupación por la indefensión que podría enfrentar un guardia amenazado, así como los ciudadanos en general.

La ley también contempla mejoras en las condiciones laborales de los guardias de seguridad, incluyendo responsabilidades administrativas y penales para las compañías en cuanto al equipamiento de protección, como chalecos certificados. Se establecen controles más estrictos sobre la afiliación al IESS y el respeto de las jornadas de trabajo, y se determina que el pago de las remuneraciones se realice en una cuenta formal, no en efectivo.

Tras su aprobación en la Asamblea, el texto de la ley será remitido al Ejecutivo para su revisión. Si no hay observaciones, la norma entrará en vigencia, marcando un paso importante en la regulación y mejora de la seguridad privada en Ecuador.