En respuesta al veto presidencial sobre el proyecto de ley económico urgente, que incluye un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% de manera permanente, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, ha defendido la legalidad de la medida. A pesar de que la propuesta original del gobierno, que buscaba elevar el IVA al 15%, fue rechazada por el Legislativo con 83 votos, el presidente Daniel Noboa ha insistido en el incremento al 13% a través de un veto presidencial.

Kronfle ha adelantado que la Comisión de Desarrollo Económico, recién instalada tras recibir el documento del Ejecutivo, será la encargada de preparar el informe sobre el veto para su posterior discusión en el pleno de la Asamblea. Según el presidente de la Asamblea, se espera tratar este tema lo antes posible, potencialmente este viernes 9 de febrero, aunque la hora exacta aún no se ha confirmado.

El veto presidencial también abarca la propuesta de reducir la tarifa del IVA al 5% en materiales de construcción, una medida que ya había sido aprobada por el Legislativo. Sin la aprobación del aumento del IVA, el gobierno anticipa recaudar solo la mitad de los ingresos esperados. Sin embargo, se aprobaron otras medidas, como una contribución temporal sobre las utilidades de bancos privados y cooperativas, así como una contribución del 3,25% sobre las utilidades de las empresas para los años 2024 y 2025, destinadas a enfrentar el conflicto armado interno y para seguridad.

La Comisión de Desarrollo Económico, por su parte, se ha ratificado en la decisión tomada por el pleno de la Asamblea, rechazando la propuesta de incremento del IVA y optando por otras formas de financiamiento. Esta decisión ha sido aplaudida por la bancada de la Revolución Ciudadana y otros miembros de la Asamblea, quienes se mantienen vigilantes ante los desarrollos futuros en la próxima sesión legislativa.

Este escenario subraya la compleja dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo en Ecuador, a medida que buscan soluciones financieras para enfrentar desafíos internos, manteniendo al mismo tiempo un enfoque equilibrado sobre la imposición fiscal y el impacto económico en los ciudadanos y empresas.