La Policía Nacional de Ecuador enfrenta un creciente desafío en la búsqueda de personas desaparecidas. En el primer trimestre de 2023, se reportaron 1.531 desapariciones, de las cuales 378 personas aún no han sido encontradas. Esto refleja una tendencia preocupante, con un promedio diario de 22 desaparecidos, superando los promedios de los últimos años.

Entre 2017 y 2022, la efectividad de la Policía en resolver estos casos ha disminuido del 96% al 75.3% en los primeros meses de 2023. La reducción en la efectividad coincide con un aumento en el número de desaparecidos, subiendo de 20,6 desapariciones diarias en 2022 a 22 en 2023.

Un análisis del Ministerio del Interior revela que el 65% de las personas desaparecidas no localizadas son mujeres y el 61% son niños, niñas y adolescentes. Geográficamente, el 26% de los casos no resueltos se concentran en la provincia de Guayas, el 17% en Pichincha y el 7% en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Históricamente, las desapariciones en Ecuador han tenido un trasfondo social, con la mayoría de las personas desaparecidas abandonando sus hogares por problemas familiares, sociales, académicos, económicos y psicológicos. Sin embargo, recientemente, la Policía ha señalado la posible vinculación de grupos criminales con estos casos.

Un caso destacado ocurrió el 12 de marzo de 2023, cuando los esposos Mauricio Martínez y Vanessa Egas fueron secuestrados y extorsionados en Quito. La Policía investiga la posible relación de bandas narcodelictivas con este secuestro. Dos menores de edad, presuntamente involucrados en el crimen, están bajo investigación, uno de los cuales, alias 'Boquita', tiene un historial delictivo y presunta conexión con una banda criminal en Esmeraldas.

El aumento de casos de secuestro exprés también preocupa a las autoridades. En los primeros dos meses y medio de 2023, se registraron 22 casos, comparado con solo cuatro en el mismo periodo de 2022. Este incremento subraya la creciente inseguridad y la complejidad de los desafíos que enfrenta la Policía en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la población.