Después de que asesinaran a uno de los miembros de su familia a finales de 2023, Josseline, su madre, su exesposo, su hermana menor y sus tres hijas decidieron emprender el camino hacia Estados Unidos, como tantos otros miles de ecuatorianos que huyen de la violencia y la pobreza. Un grupo de delincuencia organizada quería reclutar a la familia para que vendieran droga al sur de Guayaquil. Tuvieron que cambiarse de casa e incluso dos de las hijas dejaron de estudiar. Y, cuando la situación se volvió insostenible, la hermana de Josseline, que vive regularmente en Estados Unidos, consiguió el dinero para ayudarlos.

"Salimos del país porque teníamos muchas amenazas de muerte, no por el 'sueño americano'", comenta Josseline, migrante ecuatoriana.

Así, empezaron el trayecto el 6 de enero, con un viaje en avión hasta El Salvador, nuevo punto clave en la ruta de quienes intentan llegar hasta el norte del continente. Desde ahí, avanzaron por tierra, cuenta Josseline en diálogo con PRIMICIAS. Sin embargo, como cientos de otros migrantes de distintos países, tuvieron que enfrentarse a los peligros del camino. En Guatemala perdieron los fondos que tenían para el trayecto, a manos de las autoridades migratorias, que no dudan en aprovecharse de los viajeros irregulares, dice.

Pero ya en México pasaron la peor parte. Al trasladarse por su cuenta, tuvieron que improvisar ante las dificultades del éxodo. En Ciudad Juárez, Josseline prefirió mandar a los demás miembros de su familia en un vehículo con otros migrantes, hacia el norte del país, y ella continuar a pie. Esa fue la última vez que se vieron en persona. Los cinco miembros de la familia fueron detenidos por las autoridades de migración y devueltos al sur del país. Y, al no tener contactos ahí, ni un consulado ecuatoriano al que recurrir, les tomó varias semanas regresar al norte de México.

Mientras tanto, Josseline decidió seguir avanzando hacia Estados Unidos, para intentar conseguir trabajo y, al mismo tiempo, ayudar a su familia a terminar el trayecto. Se entregó a las autoridades migratorias en la frontera y, desde hace dos meses y medio, está en un refugio en el estado de Nueva York.

Pero su familia no tuvo tanta suerte. Aunque pudieron avanzar hasta Durango, rumbo a Nogales, en la frontera, el autobús con más migrantes fue interceptado el 17 de junio, por hombres vestidos de militares. Una de las hijas de Josseline pudo advertir a su madre, pero no eran autoridades migratorias, como creyeron inicialmente.

Desde Estados Unidos, Josseline empezó a contactar con las autoridades mexicanas, para averiguar dónde estaba su familia. Pero nadie había escuchado de ellos ni tenían información sobre su madre de 56 años, su hermana de 16, sus tres hijas de 14, 8 y 3, y su exesposo de 30.

Así pasaron los días, hasta que el 24 de junio pasado, Josseline recibió una llamada telefónica de los secuestradores. Fue a las la 01:40. Ellos le exigieron un pago de USD 4.500 por cada persona para liberarlos en Ciudad Juárez. Y la fecha límite para pagar los USD 27.000 era el domingo, 30 de junio.

"No supe qué hacer, ni qué decir, porque no tengo trabajo, yo recién llegué a Estados Unidos", comenta Josseline.

Después de esa llamada, Josseline y otros familiares entraron en contacto con autoridades de Estados Unidos, de México y de Ecuador. Sin éxito. "He recibido muchísimas llamadas, pero nadie me dice que ya están haciendo algo", cuenta.

Por ejemplo, la migrante ecuatoriana asegura que, el 29 de junio, cuando pudo acercarse al Consulado General de Ecuador en Nueva York, le dijeron que debía esperar al lunes a las 08:00 o presentar el caso en el Consulado en Phoenix, a casi 4.000 km de distancia.

Mientras tanto, Josseline ha rogado por la vida de sus familiares a los secuestradores y, con ayuda de conocidos, ha logrado hacer tres pequeños pagos, para apaciguarlos y para intentar extender la fecha límite. Pero las amenazas de matar a los mayores de edad y violar y vender a las cuatro menores se mantienen. A esto se suma el hecho de que tras la invasión de la embajada mexicana en Quito, el Estado ecuatoriano no tiene representantes en México que puedan intervenir directamente a favor de los migrantes.

Por lo que Josseline, a través de otros familiares en Ecuador, se puso en contacto con la Cancillería en Quito, para exigir ayuda. Sin embargo, no han recibido ninguna respuesta eficaz, "me tienen de un lado a otro", lamenta Josseline.