Ecuador atraviesa una crisis energética severa luego de que Colombia redujera sus exportaciones de electricidad a partir del 16 de agosto de 2024. La medida se debe a la resolución 40330 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, que limita la venta de energía a Ecuador a solo la producida en plantas térmicas, las cuales son más costosas en comparación con las hidroeléctricas.

Antes de la implementación de esta resolución, Ecuador importaba energía de Colombia a precios que oscilaban entre USD 0,10 y USD 0,16 por kilovatio hora (kWh). Sin embargo, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el precio del kWh se ha disparado a un promedio de USD 0,30, lo que representa un aumento significativo para el país, que tradicionalmente ha pagado USD 0,09 por kWh en el mercado interno.

La situación es preocupante no solo por los costos incrementados, sino también por la reducción en la cantidad de energía disponible. Ecuador necesita aproximadamente 1.080 megavatios adicionales para cubrir su demanda en medio de un estiaje que se adelantó a agosto de este año. Colombia, que usualmente aporta 450 megavatios, ha reducido su venta a 306 megavatios, incrementando el déficit energético en Ecuador.

Ante este escenario, el Gobierno ecuatoriano está evaluando medidas urgentes para evitar cortes de luz programados, similares a los que ocurrieron en abril de 2024. La dependencia de los embalses de Mazar y Amaluza, que son fundamentales para la generación hidroeléctrica, ha aumentado, lo que agrava aún más la crisis, dado que estos embalses están en áreas afectadas por la sequía.

El Ministro de Energía, Antonio Gonçalves, ha reconocido la posibilidad de apagones, pero asegura que se están tomando medidas para evitarlos. Mientras tanto, expertos en el sector eléctrico advierten que Ecuador se enfrenta a un panorama incierto, con costos energéticos en aumento y una disminución en la seguridad de suministro.