Pacientes renales presentaron una acción de protección en Quito contra el Ministerio de Salud y el IESS por la suspensión de medicamentos y sesiones completas de diálisis en clínicas.

La vocera Gabriela Álvaro explicó que no piden el pago directo a las clínicas, sino la garantía de sus derechos a la salud. Según sus cifras, el MSP debe $200 millones y el IESS, $90 millones, con adeudos de hasta 17 meses.

A nivel nacional, 18.000 personas requieren diálisis. La demanda ya fue sorteada en la Unidad Judicial de la Familia y esperan un fallo en una semana. No descartan acudir a instancias internacionales si la situación no se resuelve.